La semana anterior –y ésta no fue la excepción- no ha sido diferente a muchas que hemos vivido. La protesta exacerbada de sindicatos, trabajadores con amenaza de despido, normalistas o el chantaje de dirigentes de organizaciones sociales, han sido el pan de todos los días. Sólo pocos escapan al uso del aberrante método del bloqueo a calles, cruceros o carreteras. Un ejemplo. Un infierno para la ciudadanía ha sido la presión del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca –el STEUABJO- que ha cerrado por más de una semana, Avenida Universidad, el crucero de “Cinco Señores” y el Boulevard Vasconcelos. Sin temor a equivocarnos, Oaxaca padece, como ninguna entidad en el país, el Síndrome de la movilización perpetua.
No hay un solo día en que el ciudadano pueda transitar de casa a su trabajo o viajar por las carreteras del estado, sin padecer este tipo de agravios al libre tránsito. El bloqueo se ha vuelto una institución y un instrumento de presión. El destinatario es el gobierno. En la génesis del bloqueo se advierten varios factores. Uno: se ha convertido en un mecanismo de chantaje para obligar al gobierno, en sus tres órdenes, a cumplir sus promesas y atender a los inconformes. Dos: colonos, indígenas, comuneros, trabajadores u otros, recurren al mismo en un intento desesperado por hacerse escuchar, con demandas sociales genuinas o no, y tres: es el arma favorita de líderes y falsos redentores sociales que, en su supuesta lucha, ya están habituados a usar el bloqueo como mecanismo de extorsión.
El STEUABJO, por ejemplo, ha exigido al gobierno estatal el pago de 12 millones de pesos, como un supuesto bono de productividad y eficiencia. Muchos nos preguntamos, ¿luego de 18 meses de no trabajar; de estar en su casa por la pandemia de Covid-19, con qué calidad moral exigen un pago adicional, teniendo enfrente a una institución, saqueada y descapitalizada? Los seis o siete sindicatos que medran del presupuesto universitario, han obligado a la UABJO a no cumplir con sus compromisos con la academia y la investigación. Otra más. Luego del compromiso que asumió el presidente de México en su última visita, para buscar acomodo a los trabajadores del sector salud, que quedarían sin trabajo, ¿por qué siguen las marchas y bloqueos diarios? A nivel nacional podemos ir a la zaga en diversos rubros, pero en marchas, plantones y bloqueos, nadie nos gana.
Torpedeando inversiones
A menudo, usuarios oaxaqueños de las redes sociales suben fotografías y videos de verdaderas caravanas de camiones cargados de trozos de árboles previamente derribados. Y en textos breves muestran su indignación. Como lo comentamos en este segmento editorial el pasado sábado, EL IMPARCIAL no ha sido omiso respecto al saqueo infame de nuestra riqueza forestal, que pone en tela de juicio no sólo la falta de una política para su aprovechamiento, sino la tala inmoderada que ha convertido a nuestras antes boscosas montañas, en eriales y suelo inerte y deforestado. Es decir, los talamontes, sean empresarios que han vivido de las concesiones de comunidades forestales o comuneros que usan la tala clandestina, siguen depredando esa riqueza que hace apenas un lustro fue un importante factor de crecimiento económico. Hoy sólo es para algunos, en cuyos aserraderos, ocotes, pinos, cedros, caoba y otras especies, se hacen pedazos y aserrín. Y no es el caso de comunidades que se han organizado para aprovecharlos de manera sustentable, que han cuidado sus bosques de plagas, incendios u otros, comprometidos además, con la reforestación.
La pregunta es: ¿y en dónde están los defensores del medio ambiente, como aquellos que tanto cacarean el daño que le hace al entorno natural, la explotación de los fundos mineros, llamados anti-minas? ¿O aquellos que se han auto-denominado anti eólicos? Se trata, sin duda alguna, sólo de grupos de presión que no responden a intereses genuinos de las comunidades, sino, muchas veces, de los países u organizaciones extranjeras que les otorgarían financiamiento. Lo paradójico es que, mientras el ejecutivo estatal ha reiterado la importancia de las inversiones para el desarrollo económico de la entidad, grupos, membretes y dirigentes, tratan de echarlas abajo.
La semana pasada por ejemplo, un juez de Distrito y luego un Tribunal Colegiado otorgaron una suspensión, a favor de la denominada Asamblea de Pueblos del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio, que prohíbe la construcción del parque eólico “Gunaa Sicarú”, en Unión Hidalgo, propiedad de la empresa Electricité de France. Así ocurrió con la empresa “Mareña Renovables” en San Dionisio del Mar y, de no acotar esta escalada, seguirán los amparos y las suspensiones, promovidas no por defensores del medio ambiente, de la tierra o la cultura indígenas, sino de grupos de interés económico que se escudan detrás de titiriteros que manipulan a nuestras comunidades.
