Desde la semana pasada, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), ha sido de nueva cuenta rehén de presiones sindicales. En estos días ha correspondido el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUABJO), encabezar una serie de mecanismos de presión, como son los bloqueos a Avenida Universidad, como medio para obligar al gobierno estatal a liquidarles un supuesto pago por 12 millones de pesos. Según las mantas que han acompañado su protesta, se trata de un bono para premiar algo así como la calidad y eficiencia en sus servicios, lo que contrasta con el excesivo burocratismo y torpeza con la que se conduce este acartonado gremio. Exigir un pago adicional a su salario luego de cerca de 18 meses de que la Máxima Casa de Estudios ha estado en un parcial cierre por la pandemia de Covid-19, resulta absurdo. ¿Cómo exigir un pago determinado si ni siquiera se han presentado a trabajar?
No es la primera vez que la UABJO padece esta escalada de presiones. Por fortuna se ha negociado con otros gremios como el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUO) o el Sindicato Universitario de Maestros (SUMA) o el Sindicato de Trabajadores de Confianza u otros, que están como perros de presa para exprimir a la institución de su magro presupuesto. Y es que ni bien termina uno cuando empieza el otro a enarbolar su pliego de peticiones, todas de carácter económico, aún a sabiendas de que la rectoría ha tenido que echar mano en años anteriores, de préstamos ante instituciones bancarias, para poder solventar el pago de salarios, aguinaldo y prestaciones. Los dirigentes no son ajenos a la crisis económica por la que atraviesa la universidad ni del ir y venir del rector, Eduardo Bautista Martínez, tocando puertas ante diputados federales y locales, solicitando se incremente el subsidio.
Desde hace años hay en el imaginario colectivo oaxaqueño la idea de que nuestra universidad pública más numerosa debe refundarse; tirar el lastre de familias completas que siguen enquistadas ahí desde hace más de cuarenta años; de darle la vuelta al porrismo sindical y los vicios, para hacerla renacer con un nuevo modelo. Son siete sindicatos los que materialmente explotan el magro subsidio universtario y no responden con trabajo o compromiso al objetivo académico y formativo de una institución que, hoy en día, sigue a la zaga de las universidades públicas del país, por su atraso y poca productividad académica.
Inexistente política forestal
A lo largo de la semana, en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hemos abordado el problema del saqueo de nuestros bosques, el empobrecimiento de la tierra a que ha llevado consigo, la tala clandestina y, sobre todo, el abandono desde el gobierno de Gabino Cué hasta hoy, de parte de la administración estatal a todo lo concerniente al tema forestal. En efecto, no se atisba por ningún lado que el actual gobierno vea nuestra riqueza, como un aliciente para la economía, como hace poco más de un lustro, cuando la explotación legal de nuestros bosques, contribuía al 10% del Producto Interno Bruto. Pero, ¿cuál es la razón o justificación de tan aberrante omisión? Por lo visto no existe de parte oficial algo que valide que en la estructura institucional, se haya borrado un área responsable al respecto, dejando sólo un membrete, la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), que es sólo eso.
Sin embargo, entre los oaxaqueños, aquellos que en las carreteras o en sus comunidades observan las caravanas de camiones cargados de trozos de pino, ocote u otras especies, todos los días, existe la evidencia del saqueo cotidiano de nuestra riqueza silvícola. Y causa indignación cuando camino a Tuxtepec, en la ruta de la Sierra Juárez; en la carretera 175, con destino a Puerto Ángel o en la vía a Puerto Escondido, por Juquila, se observa la devastación que ha generado dicha tala clandestina o concesionada, dejando sólo en las montañas, antes ricas en bosques y especies maderables, no más que eriales secos y tierras totalmente devastadas. Y no nos referimos a aquellas comunidades que desde hace años se han organizado para llevar a cabo una explotación racional de sus bosques, como es el caso de los Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez o de otras poblaciones de la Sierra Sur, sino a aquellos que se han dedicado a la tala clandestina y jamás se han comprometido con la reforestación.
Lo que causa extrañeza es la apatía u omisión de parte del gobierno estatal respecto a este saqueo. También la falta de un marco jurídico estatal que regule o acote la explotación irracional. Lo anterior contrasta con la existencia de dependencias que fueron creadas presuntamente, con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, pero que a la fecha, han guardado silencio respecto a esta explotación infame.
