Amén del sobado discurso oficial de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, que de manera reiterada criticamos, pues se trata de una visión contrapuesta a la realidad que vivimos, existen en el entorno de la procuración de justicia una agenda pendiente que, a la fecha, no ha tenido una respuesta para la sociedad. Hay un directorio preocupante de feminicidios, desapariciones forzadas, trata de personas y homicidios dolosos que no se han resuelto. En efecto, se trata de temas que en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas deben estar en reserva. Sin embargo, pese a ello, no se observa que exista un interés genuino por parte de la Fiscalía General del Estado (FGEO), para aplicar todo su esfuerzo institucional para dar resultados.
El hecho de que el titular, Arturo Peimbert Calvo, esté o no en Oaxaca, dado que se sabe que radica en la Ciudad de México y que ha delegado la responsabilidad del manejo de la institución al Vice-Fiscal, Alejandro Magno González Antonio, puede tener una relevancia relativa, pues las instituciones como ésta no deben estar al tenor de una persona, lo cierto es que tal parece que pocos reparan en la necesidad de que quien cumple una función tan delicada, debe estar siempre al frente y no de manera virtual. En virtud de las circunstancias tan extrañas o sospechosas por las que dicho funcionario llegó al cargo, lo mínimo que pueden hacer nuestros flamantes representantes populares es llamarlo a comparecer y, sin remilgos ni ficciones, demandar acciones enérgicas para resolver todo el directorio de ilícitos que no han tenido una respuesta satisfactoria para la sociedad.
La semana anterior, como lo comentamos en un editorial pasado, en menos de 48 horas fueron asesinadas al menos cinco mujeres en diversos hechos delictivos. En todas ellas, la huella del feminicidio es más que evidente. Existe, además, un preocupante directorio de desaparecidas, lo que ha desatado una serie de protestas. El caso de la activista Claudia Uruchurtu, en Asunción Nochixtlán es emblemático. Sin embargo, dicho tema está permeado con el manto de la impunidad. Desde la administración gubernamental pasada, el delito de feminicidio se exacerbó en Oaxaca, sin tener una respuesta enérgica de parte de las autoridades que procuran y administran justicia. Hay pues en el tema, una amplia agenda pendiente que debe ser desahogada a la brevedad.
Entrega anticipada
No deja de ser algo inédito la aprobación del exhorto que hizo el Congreso del Estado al edil de la capital, Oswaldo García Jarquín, de que la entrega-recepción al presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, se lleve a cabo a la brevedad posible, es decir, tres meses y medio antes de que concluya la gestión del primero, cuando lo usual ha sido, un mes antes. Y decimos que se trata de algo inédito, habida cuenta de que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), promotora de dicha iniciativa, pese a que el actual edil es de su partido, ha mostrado preocupación por la situación tan lamentable por la que atraviesa la capital, de la que aquel simplemente se ha encogido de hombros. La problemática es diversa y compleja. Por un lado, la situación física de la ciudad, con centenas de baches y hoyancos en calles y avenidas; por la otra, la inseguridad que sigue afectando la tranquilidad de antaño. La capital ya fue ubicada en uno de los primeros lugares de inseguridad.
Capítulo aparte merece la situación de comercio en la vía pública que se ha estancado por completo, luego de amagos policiales y amenazas de parte del gobierno local. El tema está en punto cero, sin haber avanzado siquiera un ápice, teniendo como telón de fondo a un grupo de dirigentes empecinados en desafiar al gobierno municipal. El enfrentamiento que se dio el pasado 16 de septiembre, luego de que un grupo de comerciantes detuvieran a unos ladrones, que motivó la intervención violenta de la Policía Municipal, lejos de allanar el camino hacia una buena relación, ha polarizado más la situación. A ello hay que agregar el abandono constante de las obligaciones municipales, como es el hecho de no dotar de combustible o no pagar la renta de las unidades recolectoras de desechos sólidos, que ha motivado que el Centro Histórico se llene de basura, lo cual ha creado en el ambiente citadino un entorno nocivo, hacia su autoridad local.
La cuestión es simple: más allá de militancia en ciertos partidos políticos o su pertenencia como fan de Morena, el presidente municipal no ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad ante la ciudadanía. He ahí el por qué se le está obligando a realizar la entrega-recepción antes del período estipulado legalmente para ello. Se trata de evitar que el edil electo reciba adeudos, pasivos o problemas que lleven a la capital a una situación de mayor inestabilidad política y social.
