La semana anterior, la LXIV Legislatura acordó invitar a comparecer al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), Guillermo Megchún Velásquez, para que rinda un informe pormenorizado de las auditorías que se han practicado a las dependencias del ejecutivo, las licitaciones que han llevado a cabo los organismos ejecutores de obra, la supervisión del gasto en los municipios de la entidad, entre otras. Y es que desde que dicho órgano cambió de denominación para sustituir a la desparecida Auditoría Superior del Estado (ASE), ha emulado a un “elefante blanco”, cuyas acciones o son invisibles o simplemente es un órgano burocrático que no sirve para lo que fue creado. Si bien es cierto que hemos criticado con dureza el desempeño de los y las legisladoras de la legislatura más improductiva, onerosa y voraz en la historia política oaxaqueña, tenemos que reconocer que llamar a comparecer al titular de la OSFEO, es una acción prudente y responsable.
En un medio como el oaxaqueño, nada pasa desapercibido. Todo trasciende o al final, se sabe la certeza o falsedad de los rumores o decires. Desde hace meses, se sabe, el citado titular del órgano fiscalizador permanece en su estado natal, Chiapas. Fuentes de la misma dependencia autónoma lo ubican afectado de una grave enfermedad. Los que operan pues en la OSFEO, serían los sub-auditores y funcionarios cercanos al titular, la mayoría originarios del vecino estado, que sólo laboran en el citado órgano de martes a jueves. Sin embargo, las instituciones no deben someterse a la situación física, moral o sentimental de quienes están al frente. Caminan a pesar o en virtud de éstos. Por tanto, se deben rendir cuentas, en este caso a la legislatura, para que la representación popular conozca de la situación que guardan las finanzas, el manejo de los recursos públicos y otros, que es tarea del multicitado órgano.
Ya es común que la ciudadanía padezca bloqueos carreteros, cierre de calles en la capital u oficinas, por parte de vecinos de tales o cuales comunidades, que exigen la renuncia de los ediles o la falta de entrega de las participaciones que les corresponden a agencias municipales o de policía. Los y las presidentas municipales hacen y deshacen a su antojo con el presupuesto. Hay decenas de casos de enriquecimiento ilícito o desvío de recursos, peculado o corrupción, sin que el área competente haga su trabajo.
SSO: Severa disyuntiva
Desde el pasado 14 de septiembre, un día antes de que se anunciara el fin del contrato de prestación de servicios, de al menos 1 mil 700 trabajadores eventuales de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), de los 2 mil 200 que quedarán cesantes, éstos han tomado las calles y avenidas como eje de su protesta, afectando la libre circulación y los derechos civiles de muchos miles de oaxaqueños. Sería torpe afirmar que se trata de una medida arbitraria. Evidentemente no es así. El sistema de salud de Oaxaca arrastra un déficit de más de 9 mil millones de pesos, solamente con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyas cuotas no fueron entregadas como corresponde durante años, formando con ello un boquete financiero difícil de subsanar. Otro adeudo se tiene con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), porque tampoco se pagaron los impuestos conforme lo dispone la ley. Y todo ello viene de atrás.
El asunto del adeudo y las irregularidades se exacerbaron durante la administración de Alejandro Murat, sobre todo, para el pago de más de 5 mil trabajadores eventuales que fueron contratados sin contar con el techo presupuestal para asegurar el pago de sus salarios. Hay que recordar que desde los primeros días de esta administración empezaron a exhibirse los resabios de una terrible pobreza en el sistema de salud. Ello, aparte del saqueo de que fue objeto en el pasado, pero cuyos efectos se hicieron vsibles en el mal estado de clínicas, hospitales y centros de salud; carencia de medicamentos y equipo; rezago en la dotación de uniformes, zapatos, material de curación, etc. Las protestas de los empleados de los sindicatos que operan en el sistema de salud han sido permanentes y justificadas, en sus peticiones.
Lo que lastima al pueblo oaxaqueño es que seamos los ciudadanos quienes tengamos que pagar los platos rotos de decisiones de las que somos ajenos. Y nos referimos a los constantes bloqueos de calles y avenidas que han ahorcado ciertas zonas de la capital, como ocurrió el pasado 15 de septiembre. Vivimos en una entidad en la que esta práctica abominable y perniciosa se ha vuelto una especie de institución para doblegar a las autoridades, tomando como rehén a la ciudadanía. Sin duda la protesta de miles de trabajadores administrativos en su mayoría y de perfil profesional los menos, sea justificada. Sin embargo, nada lo es si se trata de vulnerar el derecho de los demás a la libre circulación.
