La violencia homicida y el SARS-CoV-2, cuya atención ha sido deficiente o administrada de manera negligente por el gobierno de la 4T en Oaxaca ha causado tantas muertes como la población total del municipio de San Pablo, Huitzo, 7 mil personas, en los más recientes 18 meses de la administración obradorista que hoy rinde su Tercer Informe de Gobierno y que, seguramente, tendrá a Oaxaca como de uno de sus protagonistas, pero sin mencionar estos rubros.
Con 4 mil 610 defunciones en Oaxaca durante 17 meses de pandemia y más de 67 mil infectados por el SARS-CoV-2 es en definitiva el derecho a la salud, la preservación y la atención sanitaria de los oaxaqueños la mayor factura pendiente del gobierno de la 4T y la administración de Andrés Manuel López Obrador en el estado en tres años de administración y que difícilmente aparecerá en el discurso oficial y mucho menos en la presentación de resultados el día de hoy.
Por cifra de muertos a causa del Covid-19, Oaxaca es el lugar 12 en el país, pero hasta ahí hay divergencias, en el Informe Técnico Diario Covid-19 el martes 30 se daba cuenta de 4 mil 434 fallecimientos en el estado, de acuerdo a la Subsecretaría de Salud de Prevención y Promoción a la Salud de Hugo López Gatell, contra los 4 mil 603 reconocidos por los Servicios de Salud de Oaxaca, una diferencia de 169 personas o 3.8% en dos conteos oficiales.
A ello se debe agregar que, a pesar de ser considerado estado prioritario para la vacunación, se ha rebasado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud al superar ya 60 días para inocular la segunda dosis de los biológicos Pfizer y AstraZeneca a la población de 40 a 49 años de edad en varios municipios de la zona metropolitana de Oaxaca. Especialistas reconocen que puede quedar en duda la eficacia de la vacunación y podría ser necesaria la implantación de un nuevo esquema desde cero para proteger a la población.
Además, la desaparición del Seguro Popular para pasar al esquema del Instituto para el Bienestar dejó a las y los oaxaqueños desamparados ante la pandemia y ello quedó plasmado en datos duros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): 881 mil habitantes de nuestro estado perdieron el acceso a la salud y ello es responsabilidad de la presente administración. En 2018, uno de cada 5 oaxaqueños, el 16% o 650 mil 700 personas afrontaban carencia por acceso a los servicios de salud, esa cifra creció hasta 1 millón 538 mil 900 oaxaqueños que ahora carecen de servicios médicos, con lo que 1 de cada 3 paisanos no tienen garantizado el acceso a atención médica, fármacos y cuidado sanitario.
A ello se debe sumar que el Instituto de Salud para el Bienestar, de manera definitiva, dio por cancelada la construcción de 49 clínicas y 6 hospitales en las 8 regiones del estado. De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2020 del Instituto de Salud para el Bienestar, el gobierno federal determinó abandonar la construcción de 55 instituciones de salud, que dejarán sin protección en salud a al menos un millón de habitantes de 45 municipios, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda consultados por EL IMPARCIAL, El Mejor Diario de Oaxaca.
Esas construcciones quedarán como cascarones, a pesar de que algunos ya contaban con más de 90% de avance. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) requeriría invertir un millón 800 mil pesos de los 16.2 millones del costo total para concluirlos, pero el actual Gobierno federal decidió suspender la obra.
Un dato adverso es el que se refiere a la alimentación: 33% de los oaxaqueños carecen de una ingesta diaria nutritiva y de calidad; la desnutrición, literalmente, afecta a 1 millón 386 mil 200 oaxaqueños, un incremento de 105 mil 100 personas en dos años de lo que se infiere que, en promedio, entre 2018 y 2020 alrededor de 143 personas cen en pobreza alimentaria diariamente en el estado.
Inseguridad rampante
Otro asunto pendiente que deberá ser resuelto por el gobierno de AMLO en el trienio que resta, si quiere pasar a la historia como se propone, es la seguridad de los oaxaqueños. Un dato simple, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública; en Oaxaca muere de manera violenta en 2021 un oaxaqueño o oaxaqueña, cada 5 horas en promedio, el dato es para todo 2019 y julio de este año.
Durante la administración lopezobradorista, se han registrado 4 mil 508 homicidios en el estado, resultado de 1,853 asesinatos en 2019; 1,651 decesos violentos en 2021 y los mil 4 de enero a julio de este año, señalan las estadísticas. Para ponerlo en un perspectiva, en el lapso de la administración de la 4T han muerto tantas personas como la población de municipios como Nazareno Etla, San Pedro y San Pablo Teposcolula o Reyes Etla.
Otra comparativa que dejaría mal parado al gobierno del cambio: entre 2020 y hasta julio de 2021 murieron como resultado de homicidios 2 mil 857 personas; los 4 mil 145 fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 reportados en el mismo período superan en 45% los homicidios reportados en la entidad.
En suma, entre el Covid y la violencia, entre 2020 y julio de 2021, 7 mil oaxaqueños han perdido la vida, en ambos casos, es notoria la responsabilidad de las autoridades federales y estatales ante la creciente violencia y la errática atención sanitaria.
Hay algunos aspectos más pendientes para Oaxaca, como el deficiente Grado de accesibilidad a carretera pavimentada, 2020 del Coneval, el 15.47% de los 570 municipios de Oaxaca padecen de mala o muy mal acceso a vías pavimentadas, lo cual afecta a 850 mil habitantes, alrededor de 21% de la población; la falta de carreteras, las malas o pésimas condiciones, los daños por el clima o movimiento de laderas que pueden dejar incomunicadas a comunidades afecta afecta a un promedio de 2 mil 500 personas por comunidad en promedio, señala el documento.
