Sin avances sustanciales y con rezagos en diferentes rubros, Oaxaca se ubica en la décima cuarta posición de las entidades del país con menor avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aunque fue pionero en su implementación en 2007.
En 2016, cuando el nuevo sistema entró en vigor para dar marcha a una nueva era en la impartición y procuración de justicia en el país, Oaxaca se veía como una entidad que cumplía al 100% su ejecución en las diferentes regiones y como un ejemplo nacional.
Sin embargo, la implementación de este Sistema de Justicia Penal Acusatorio no solo ha evidenciado un lento avance en los últimos años, sino también un retroceso en 2019, como lo constató el estudio que realizó la asociación México Evalúa en ese mismo año, con resultados publicados apenas en 2020.
Además del bajo presupuesto para llevar acciones de capacitación, algunos abogados y especialistas consideraron que no hay los avances esperados por la falta de interés de las autoridades para poder llevarlo a cabo.
Con la reforma a la Constitución que ordenó un nuevo proceso penal oral y público, se delimitó las funciones del acusador (ministerio público) y el juzgador, cuando en el anterior Sistema, el que juzgaba, también investigaba y resolvía.
Conocido como Sistema de Justicia Penal en México, prevé el término acusatorio porque hay un órgano acusador que debe tener delimitadas sus funciones del órgano que juzga, mientras que el término adversarial representa un procedimiento donde a la persona acusada se le otorgan herramientas durante el proceso para que realmente pueda defenderse de lo que se le acusa.
Presunción de inocencia, piedra angular
Como piedra angular del nuevo Sistema es el derecho humano, que es la presunción de inocencia del acusado, hasta que no se le demuestre lo contrario.
Con el nuevo Sistema, el acusado no es culpable hasta que el juez así lo determine. Mientras, será una persona que estará sometida a un proceso penal, pero estará en libertad si el delito no amerita prisión preventiva.
Sin embargo, para aquellos delitos que no son considerados graves, se cuenta con 13 posibilidades distintas a la prisión y que protegen a los denunciantes, como una garantía económica, que no se acerque a la víctima, no salga de casa, colonia o ciudad, o que firme determinado día ante las autoridades correspondientes.
Sin avances sustanciales.
En el “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, Hallazgos 2019, de México Evalúa, la organización afirmó que su consolidación aún no concluye a varios años de haber entrado en vigor.
En este estudio, con un puntaje de 401, cuando el máximo a alcanzar es de 900, pero el ideal es de mil puntos, Oaxaca se ubicó en el lugar 19 del ranking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal.
En 2019, la organización afirmó que los hallazgos mostraron un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo.
“Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo”.
En estudio, donde también se dio a conocer las capacidades institucionales en materia de servicios periciales y forenses en cada entidad federativa, Oaxaca mostró que cuenta con manual de organización y operación, modelo de gestión de casos, mecanismos de colaboración y base de datos o registro de información genética, pero no de sistema de registro y procesamiento de información, ni de información y registro que genera información estadística, así como tampoco protocolos para tratamiento de restos humanos y cadáveres.
