Mientras en el gobierno de la Cuarta Transformación, la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez maneja al menos 117 ilícitos ligados con el proceso político-electoral y en Oaxaca seguimos con la vieja cantaleta de que somos una de las entidades más seguras del país, las acciones criminales siguen empañando la civilidad que exige la jornada del seis de junio próximo. A tres semanas de que fuera ejecutada la ex diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y fuerte aspirante por la coalición “Va por Oaxaca”, para la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño y a dos días del fallecimiento de su chofer, quien resultó gravemente herido en el atentado del pasado 20 de marzo, en donde la primera perdió la vida, fue ejecutado este martes, Leonardo Díaz Cruz, padre de la diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Natividad Antonia Díaz Jiménez.
La aludida es actualmente legisladora federal, pero, además, figura en primer lugar de la lista a diputados locales por dicho partido, por la vía de representación proporcional. El padre fallecido fue presidente municipal de Ejutla de Crespo por el PAN y, según, ha trascendido, él o el hijo, figuraba en sitios privilegiados de la lista plurinominal. Bajo ese esquema, el asesinato de que hablamos se inscribe en el entorno político-electoral. La situación es grave, pese a los buenos oficios del ejecutivo estatal que, el pasado 5 de abril, suscribió con las autoridades electorales y en presencia de los representantes de las áreas de seguridad, Fuerzas Armadas y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el Pacto por un Proceso Electoral Cívicamente Responsables, que busca, en primer término, poner fin al clima de violencia que pudiera empañar las elecciones.
Son pues, tres crímenes que en menos de un mes se han cometido y de los cuales, sólo hay investigación en proceso, pero ningún responsable. No está de más decir que los Valles Centrales y sobre todo, la zona de Ocotlán de Morelos, ha devenido hoy en día, sitio ideal para operaciones criminales. Si bien es cierto que poco o nada tiene que ver con el entorno electoral, el pasado sábado 10 de abril, un escritor, artista plástico y benefactor del Asilo de Ancianos de dicha población fue asimismo asesinado, en su domicilio del Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Dura tarea pues para las autoridades federales y estatales.
Una medida sana
Desde que inició el proceso electoral 2021, no han sido pocos los presidentes municipales de diversos partidos políticos que han anunciado su interés por reelegirse. Aprovechando lo que la ley les permite, ediles que habrían lucrado con el cargo, como son los de Salina Cruz, Juchitán, Tehuantepec, Asunción Nochixtlán y otros, anunciaron su propósito de buscar de nuevo el voto, aunque fuera por otros partidos, sin que se sepa de manera oficial, si han buscado sanear sus finanzas municipales y evitar observaciones o solventar lo que tienen pendiente. Los mencionados y otros que, asimismo, pretenden reelegirse, tienen cuentas pendientes. No han aclarado desvíos o gastos sin justificar. Otros más, han lucrado materialmente con sus presupuestos y hasta con los Ramos 28 y 33, que obligan al municipio a rendir cuentas ante la Federación.
Si bien es cierto que, aunque se quiera aparentar lo contrario, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) ha asemejado en los últimos años ser un elefante blanco, dado que no se sabe de actuaciones firmes al respecto, también lo es, que ello debería ser factor de validación por parte del árbitro electoral. Ediles, mujeres y hombres, que tienen en su haber faltas administrativas y hasta carpetas de investigación de tipo penal, siguen en su intento de gobernar a sus comunidades como si nada. Hay casos como el de la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta que, en los últimos días, ha sido objeto de señalamientos graves, como es el hecho de privar de la libertad a una persona y hasta de la desaparición de una activista que denunció corrupción en su administración. Sin embargo, pesquisas recientes advierten que es la delincuencia organizada la que ha sentado sus reales en la población mixteca, lo que apunta no a una acción personal, sino a un tema grave de inseguridad.
La OSFEO debe tener un papel determinante no conciliatorio, en lo que respecta al comportamiento de las autoridades en funciones para ejercer los recursos puestos a su disposición para validar su desempeño. Una medida sana al respecto tiene que ver con evitar que presidentes (as) municipales pillos (as) se pretendan reelegir y con ello lograr impunidad o hasta inmunidad ante la ley. Será un craso error que haya quienes voten a favor de un poder municipal que a la fecha no ha rendido cuentas claras de su desempeño en los dos últimos años.
