En virtud de la lentitud con la que avanza la campaña de vacunación, el fracaso de las autoridades federales ante la continuación de los contagios y decesos por Covid-19, los sectores productivos de Oaxaca se preparan una vez más, para las restricciones por segundo año consecutivo, en la Semana Santa. Según los acuerdos que tomó la semana anterior el Cabildo de la capital oaxaqueña, quedan prohibidas las ceremonias religiosas, las procesiones y cualquier actividad de tipo cultural u otra, que conlleve concentración de personas y el riesgo de contagios. Se trata de evitar a toda costa que haya eventos masivos que reúnan a decenas de personas, poniendo en juego su salud. No se trata de una decisión descabellada. Días antes el gobernador Alejandro Murat pidió no salir de casa durante esta temporada vacacional.
Una decisión relevante es la de suspender asimismo la vendimia en las calles. Hay que recordar que el comercio en la vía pública en temporada vacacional se exacerba. Ahí está la protesta que ha emprendido la organización “Frente 14 de junio”, pues sus comerciantes fueron desalojados del zócalo hace poco más de una semana e insisten en instalarse, bajo la premisa de que en temporada vacacional venden más. Ojalá se hiciera una operación similar con los diversos grupos y organizaciones que, operadas por vividores, siguen rentando los espacios públicos para beneficiarse, dando con ello una imagen deplorable del Centro Histórico. Son los casos de “Sol Rojo”, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (Uacol) y la consabida mafia de indígenas triquis que, asimismo, con el escudo protector de las medidas cautelas que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lucran con los espacios públicos.
Si habrá restricciones para la apertura de negocios u otras actividades que podrían poner en riesgo la salud de las personas, debería empezarse por el desalojo de dichas organizaciones de comerciantes en la vía pública, tal cual lo hizo la Policía Municipal con los comerciantes de la “14 de junio”. Si bien es cierto que la afluencia turística que se espera no es la de otros años, sería imposible exigir el cierre de los espacios de gran atractivo. Es sorprendente el cierre de negocios establecidos –cerca de 170, según la Dirección de Economía del ayuntamiento- mientras el comercio informal sigue a todo vapor. Dice el dicho que: “o todos coludos o todos rabones”.
Viejos conflictos
Con el inicio de la Semana Santa y el inevitable arribo de visitantes –pese a la insistencia de las autoridades a quedarse en casa, ante la posibilidad de la llegada de la llamada tercera ola- ha sido una bofetada para la industria turística el cierre de playas y balnearios naturales que han anunciado algunas autoridades municipales y comunales. Uno de esos anuncios fue el cierre en esta temporada del balneario natural de “Hierve el Agua”, por el municipio de San Lorenzo Albarradas. Sin embargo, lo que más sorprende es que no sólo sea para evitar la proliferación de contagios por Covid-19, sino en virtud de un añejo conflicto que libran con su vecino, San Isidro Roaguía. Desde hace años dicho espacio natural, muy socorrido por el turismo nacional y extranjero, ha sido objeto de una disputa brutal, en la que, de manera sorprendente, los únicos beneficiarios han sido los instigadores foráneos del referido conflicto.
Según las mismas autoridades de Albarradas, en cada temporada se logran recaudar hasta dos millones de pesos que, en otras circunstancias deberían ser invertidos en mejoras del balneario, pero no. Simplemente llegan a las manos menos indicadas, quienes de esta manera lucran con algo que pertenece a una comunidad. Las autoridades agrarias han fallado a favor de la comunidad referida, pero Roaguía ha desplegado mecanismos de presión para evitar que su vecina se beneficie de la explotación del mencionado espacio natural. Hay comunidades que se han organizado para que los veneros o manantiales que tienen en su jurisdicción, se conviertan en beneficio social. Por ejemplo, Santiago Laollaga o Magdalena Tlacotepec, en el Istmo de Tehuantepec.
Amén del encono que se desata entre comunidades que libran viejos diferendos agrarios, que muchas veces tienen desenlaces violentos y mortales, sorprende que las autoridades no les pongan un límite. Sólo basta que algún vecino, borracho y escandaloso desentierra el hacha de guerra para que se suelte la violencia y un diferendo por tierras termine con un saldo mortal. Lo hemos visto en Oaxaca durante muchos años. Hay más de trescientos conflictos agrarios, de los cuales –según las autoridades- hay al menos treinta que son focos rojos. Uno de ellos es, justamente, el que libran San Lorenzo Albarradas y San Isidro Roaguía, por la posesión del balneario natural “Hierve el Agua”.
