De una cosa podemos estar ciertos. La mayoría de las demandas de la Policía Preventiva Estatal, cuyos elementos estuvieron en paro durante una semana, eran genuinas. Al parecer no hubo mano negra ni manipuleo político-electoral. Como en su momento lo publicamos en El Mejor diario de Oaxaca, los policías develaron tratos injustos, falta de salarios decorosos, que los ubican como los peores pagados del país y, también la corrupción que existe en la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO). Lo que llama la atención es la impunidad que sigue respecto a los cinco policías preventivos que fueron masacrados en la comunidad de San Vicente Coatlán, en noviembre de 2019, cuyas viudas se unieron al paro policial, al no haber recibido los apoyos que conforme a la ley les corresponden. Lo que más indigna, es que los responsables no hayan sido consignados conforme a derecho.
Pese a considerar justas sus demandas, que tuvo la intervención del propio gobernador Alejandro Murat, también hubo excesos que pueden ser calificados de cerrazón e intolerancia. La negociación y el diálogo se impusieron, pese a la obstinación de los inconformes. El pasado sábado el dilema se resolvió de manera adecuada para los jenízaros, con demandas que conllevan a una situación laboral favorable para resolver sus necesidades. Sin arriesgar sus magras finanzas, el gobierno estatal atendió con prontitud la urgencia de dignificar la vida policial. Y, pese a que las condiciones del estado –y del país- no son las idóneas en materia económica, el 100% de las exigencias tuvieron una respuesta aceptable. La pregunta es: ¿Y ahora qué sigue? Hay evidencias de que comandantes y jefes policiales uniformados colaboran abiertamente con los mañosos; que reciben generosas cuotas de la delincuencia organizada.
Tenemos que recordarles que Oaxaca no es para nada la entidad segura que dicen sus jefes, argumento en el que insiste el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, con lo que sorprenden la buena fe del ejecutivo estatal. No. En la entidad hay, hoy mismo, decenas de ejecuciones que no han sido esclarecidas; de crímenes colectivos que ponen en evidencia que no existe un programa de prevención o contención de delitos graves. Esperamos que la corporación principal, una vez conseguida la satisfacción de sus demandas, ahora sí cumpla a cabalidad con sus tareas encaminadas a salvaguardar la vida y el patrimonio de los oaxaqueños.
Tercera ola en puerta
La campaña de vacunación para combatir la pandemia de Covid-19, sigue estando sumergida en la improvisación y la torpeza. La semana pasada fuimos testigos de protestas y enojo de la población de adultos mayores de 60 años, que no alcanzaron a vacunarse en la Villa de Zaachila y hasta retuvieron a los llamados “servidores de la Nación”. Continúan las filas y vigilias desde 24 horas antes para poder lograr el biológico que dé inmunidad ante la amenaza de una tercera ola de contagios que, hoy mismo, mantiene a varios países europeos en confinamiento. En efecto, si como lo ha dicho el presidente de México, la vacunación debe darse de prisa para evitar esta ola más letal que las anteriores, sorprende que siga caminado con tanta lentitud. Hasta la fecha, sólo una pequeña parte de los más de 130 millones de mexicanos que deben recibir la vacuna lo ha logrado.
Como ya hemos comentado en este mismo espacio, es una torpeza que la responsabilidad de dicha acción institucional le haya sido otorgada a la dependencia que maneja los programas sociales. Nada tiene que ver con campañas de vacunación que, suponemos, por Ley Orgánica le competen a la Secretaría de Salud y sus similares en los estados del país. Si bien es cierto que, según un anuncio reciente, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina se habrán de incorporar a la tarea, no se trata de militarizar un programa que tiene como objetivo salvaguardar la vida de millones de mexicanos ante un enemigo letal y silencioso que ha devastado a México y al mundo. Ello no debe limitar a las instituciones sanitarias para llevar a cabo con más profesionalismo este objetivo.
En tanto no se le otorgue la responsabilidad a la dependencia que por su propia naturaleza le compete esta misión, podemos tener la certeza de que la campaña de vacunación contra la Covid-19, seguirá avanzando con lentitud desesperante, dejando a los mexicanos de la tercera edad y otros en total indefensión ante la citada tercera ola de contagios y muerte. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación debe dejar de estar dándole a la vacuna un perfil electorero, eso es tener poca ética y convertirse en mercenario de la salud de los mexicanos. Porque, aunque parezca un insulto al sentido común, tanto el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como sus partidos adláteres, siguen promoviendo la vacuna como uno de sus logros.
