Autoridades municipales del estado que han cerrado sus accesos ante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, enfrentan cerca de 250 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por presuntas violaciones.
Hasta el pasado 23 del presente, el organismo autónomo tenía documentada la instalación de medidas restrictivas en los accesos, cierres de fronteras municipales y puesta en marcha de filtros sanitarios en 52 localidades de las ocho regiones.
Del total de quejas interpuestas durante la pandemia, el 52.57% ha sido contra autoridades municipales, principalmente por actos que limitan la movilidad y el libre tránsito.
Lo anterior, como parte de las acciones implementadas por los pueblos y comunidades indígenas para evitar la propagación de la enfermedad de Covid-19.
No obstante se advierte que el número de municipios con cierre de fronteras o instalación de filtros sanitarios y medidas restrictivas ha variado a lo largo de la pandemia.
Toda vez que al inicio de la misma, en mayo de 2020, el número de localidades con restricciones alcanzó los 134, para julio del año pasado, la cifra alcanzó las 146 localidades con algún tipo de restricción.
Pero para septiembre de 2020 comenzaron las reaperturas, principalmente en localidades con alta afluencia turística, así como en ciudades importantes.
De ahí que el órgano autónomo ha establecido acercamientos con municipios cuyo impacto en el posible cierre de sus límites territoriales podrían generar conflictos principalmente en el tema de atención médica, por la concentración de los servicios en sus jurisdicciones.
Los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, tienen la facultad internacional reconocida para poder tomar sus propias decisiones respecto a la vida interna de sus comunidades, y éstas deben ser también respetuosas de los derechos humanos, expone la DDHPO.
Para el organismo, es fundamental que las acciones para hacer frente a la emergencia por Covid-19 respondan a criterios científicos, ya que las decisiones que pudieran tomarse de forma espontánea tienden a generar mayores violaciones a derechos o la dignidad humana.
Desde el pasado 28 de marzo de 2020 (fecha en la que el gobierno federal estableció medidas de confinamiento) y hasta el 19 de enero pasado, la DDHPO ha iniciado 250 investigaciones relacionadas.
