Oaxaca, ‘foco rojo’ para la prensa

Desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento y sólo se busca atenuar mas no resolver el problema, denunció un informe de la ONG Artículo 19, al establecer que de estas agresiones, 50.7 por ciento fue cometido por funcionarios públicos.

Ante tal escenario, advirtió que los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa, sobre todo cuando las agresiones contra periodistas en México subieron un 23 por ciento en el primer semestre del año frente al mismo lapso de 2016.

Lo anterior incluye seis asesinatos y una desaparición, mientras el gobierno sólo plantea paliativos ineficaces y burocráticos.

De acuerdo con la misma organización, Oaxaca se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en el país, debido a que en 2016 se documentaron 60 agresiones contra periodistas, entre ellas, el asesinato de cuatro comunicadores.

El informe de Artículo 19 reveló que el año pasado destacó por ser el de mayor registro de periodistas asesinados con 11, siendo la cifra en lo que va del sexenio de 39 periodistas muertos por atentados. La Ciudad de México, encabezó una vez más la lista de las entidades con más agresiones a periodistas, con 72; sigue Oaxaca con 60; Veracruz con 58; Puebla, 28; y Guerrero, 26.

Por tipo de agresión, los ataques físicos o materiales fueron mayoría, con 8. Le siguen las intimidaciones, con 7; las amenazas, con 76; las privaciones ilegales de la libertad, con 58; y los actos de hostigamiento o acoso, con 58.

Debido a ello, se ha exigido a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigue los hechos ocurridos y se ha solicitado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abra una queja por la posible violación de derechos humanos en las diversas agresiones registradas.

En respuesta, Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, destacó que hay un total de 82 víctimas, 10 homicidios, 69 carpetas de investigación aún abiertas y 28 denuncias presentadas en lo que va de este 2017.

Lo anterior obligó a la creación de una Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la que se nombró a Jorge Flores como titular.

Sin embargo, admitió que la dependencia enfrenta problemas de operación debido al recorte de 100 millones de pesos en 2016, por lo que pidieron una ampliación presupuestal, ya que sin presupuesto las instituciones no caminan, y temas importantes como la procuración de justicia podrían enfrentar serios problemas falta de recursos.

Bernardo Rodríguez Alamilla, consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sostuvo que las autoridades tienen la obligación de velar por la vigencia del Estado de derecho en un sentido más amplio.

Además tienen el deber de asegurar que el acceso a la información de interés público para generar un entorno propicio en donde se dé la competencia, la calidad y el pluralismo ideológico en los medios de comunicación.

“El Estado tiene también la obligación de promover el cumplimiento del servicio público en radio y televisión a través de medios independientes de calidad, garantizar los derechos de lectores, usuarios y audiencias”.

Por ello es importante proteger la vida de quienes ejercen profesionalmente el derecho a la libre expresión, pues constantemente es puesta en riesgo por amenazas y agresiones de autoridades y particulares.

Rodríguez Alamilla reconoció que esas condiciones sólo serán posibles hasta que se comprenda el papel fundamental que los periodistas juegan en la construcción de una sociedad informada, y que ésta a su vez se convierta en un medio de control del ejercicio arbitrario del poder.

A mediados de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto abordó por primera vez la violencia contra periodistas, comprometiéndose a garantizar su seguridad y combatir la impunidad, al asignar más dinero y personal a mecanismos de protección gubernamentales y a fiscalías especiales.

Asimismo, la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) ha documentado amenazas a periodistas de Huatulco y Tuxtepec en las últimas semanas, ha expresado su más enérgica condena y exige una pronta investigación y castigo para quienes atentan contra la libertad de expresión y de información consagradas en nuestra Carta Magna.

LA ÚLTIMA VÍCTIMA

Cándido Ríos Vázquez, mejor conocido como “Pabuche”, estaba amenazado de muerte por el exalcalde y excandidato del PRI a la alcaldía de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez, quien finalmente fue ultimado el 22 de agosto.

“Te voy a matar pinche reportero”, le decía Gaspar Gómez a “Pabuche” donde quiera que le encontraba, lo que le llevó a poner diversas denuncias en su contra y a pedir protección del mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal de la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado El diario de Acayucan , para el que “Pabuche” era corresponsal, condenó los hechos y exigió una investigación. En el mismo dice que el corresponsal en Hueyapan de Ocampo regresaba de un café internet de hacer el envío de sus notas para la edición del día cuando encontró a unos amigos al que saludó e inmediatamente sujetos armados arribaron para quitarles la vida.

El SANGRIENTO SEXENIO DE EPN

Cándido Ríos Vázquez / 22 de agosto del 2017 / El diario de Acayucan / Veracruz
Luciano Rivera / 31 de julio / Revista Dictamen / Baja California
Salvador Adame / 26 de junio 2017 / Canal 6 / Michoacán
Jonathan Rodríguez Córdova / 15 de mayo del 2017 / El Costeño de Autlán / Jalisco
Javier Valdez / 15 de mayo del 2017 / Ríodoce y La Jornada / Sinaloa
Filiberto Álvarez / 29 de abril del 2017 / La Señal de Jojutla / Morelos
Juan José Roldán / 17 de abril 2017 / Televisora de Calpulalpan / Tlaxcala
Maximino Rodríguez / 15 de abril del 2017 / Colectivo Pericú / Baja California Sur
Miroslava Breach / 23 de marzo del 2017 / La Jornada / Chihuahua
Ricardo Monlui / 19 marzo del 2017 / El Político y El Sol de Córdoba / Veracruz
Cecilio Pineda / 2 de marzo del 2017 / La voz de Tierra Caliente / Guerrero