Para las instituciones policiales el incrementar las capacidades de investigación a través de la experiencia policial siempre fue un eje de importancia, sin embargo hasta hace unos años el término “inteligencia criminal” no era conocido, todos los policías hacían inteligencia criminal sin saberlo. Con el crecimiento tecnológico y organizativo del delito, cada vez mejor estructurados en organizaciones criminales que cuentan con importantes recursos técnicos y financieros, poder de corrupción en la política, la administración pública, el poder judicial, y el mismo sistema policial, además por su fuerte alcance territorial de carácter nacional e internacional, fue necesario hacerse de una herramienta que hiciera frente a este problema, en México el órgano encargado del sistema de investigación e información es el Centro Nacional de Inteligencia establecido en la fracción XVII del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus atribuciones se encuentran en el artículo 18 de la Ley De Seguridad Nacional.
La inteligencia criminal, es la aplicación de la metodología propia de la actividad de inteligencia, fundamentalmente en materia de análisis, ejercida principalmente por policías, frecuentemente con la cooperación de personal de analistas, la cual tiene por objeto: compilar información relacionada con incidencias delictivas, analizar la misma para determinar las causas criminológicas y la creación de un producto de conocimiento de inteligencia que apoya en la toma de decisiones en las áreas de accionar policial. De esta forma, la inteligencia criminal coadyuva en la compilación de información para la creación de productos, lo que se define como investigación criminal, la cual constituye una herramienta para el esclarecimiento de los delitos, la individualización de sus autores, y la obtención de pruebas válidas para el proceso penal; dicha herramienta es utilizada por fiscales y policías en países con sistema procesal penal acusatorio, la cual se encuentra regulada en disposiciones en materia procesal penal, bajo el control del Ministerio Público o del juez por lo que se caracteriza por la cooperación con el órgano judicial para el proceso penal, que incluye la obtención de pruebas procesalmente válidas, así como la prevención y como consecuencia, la reducción del delito, la definición de estrategias que permitan la construcción de teorías del caso y líneas de acción en la investigación policial, a fin de auxiliar a los fiscales en la investigación y persecución de los delitos.
También es preciso distinguir la inteligencia criminal de la inteligencia de Estado, nacional o gubernamental, así como de la inteligencia militar. La inteligencia de Estado, gubernamental o nacional es protagonizada por agentes de inteligencia, que frecuentemente tienen identidad secreta. Por otra parte, suele caracterizar a este tipo de inteligencia, así como a la inteligencia militar, un particular rigor en cuanto al secreto sobre identidades, fuentes, métodos y operaciones, así como prácticas de compartimentación, mientras que tales prácticas tienen un rigor mucho menor o frecuentemente no existen, en inteligencia criminal.Mientras que la inteligencia criminal es parte de la función de seguridad pública, la inteligencia de Estado, gubernativa o nacional constituye parte de la función de seguridad del Estado y la inteligencia militar, de la función de defensa. [1]
En razón de lo anterior, los productos de inteligencia criminal deben servir para el accionar policial y la creación de políticas públicas que ataquen de manera frontal al delito, sin embargo toda América Latina se encuentra en este momento en una etapa de evolución en temas de seguridad pública, la cual solo podrá superarse con la consolidación interna en cada país y la cooperación internacional entre las naciones.
[1] (Ugarte, 2019)
