Sin duda alguna, el propósito del gobernador Alejandro Murat es convertir a Oaxaca en un sitio privilegiado para las inversiones del país y el extranjero. Son constantes sus declaraciones en ese sentido, pues el dinero fresco es, asimismo, sinónimo de empleo y generación de riqueza. Uno de los puntos clave es la industria eólica, a sabiendas de que la región del Istmo de Tehuantepec es, hoy mismo, la fuente de energía producida por aire, que atrae a fuertes inversionistas.
No obstante, hay un sinfín de factores que inciden en que dicha industria no pueda despegar del todo. Por ejemplo, tal como lo han informado nuestros corresponsales en la región, desde hace más de dos años, el patio de maniobras del muelle pesquero de Salina Cruz, se ha convertido en un cementerio de aerogeneradores ante la falta de condiciones para ser instaladas por los conflictos políticos y sociales. Los aerogeneradores, propiedad de empresarios de diversos países, arribaron vía marítima hace años al puerto con la intención de ser utilizados en el parque eólico, en los límites de Juchitán.
Muchos de este costoso equipo perteneció a la empresa “Mareña Renovables” la cual fracasó en su intento de instalarse en la Barra de Santa Teresa, en la zona lagunar istmeña, perteneciente a San Dionisio del Mar. Se le pusieron una y mil trabas, además de presión política y hasta extorsión de algunas organizaciones sociales. Hace poco más de un año cambió de denominación: “Eólica del Sur” y pretendió instalarse en la zona de Juchitán y El Espinal, sólo para encontrarse con un panorama más negativo. En el Istmo de Tehuantepec, se encuentran instalados 16 parques eólicos en comunidades como La Ventosa, La Venta, Santa Rita, La Mata, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, convirtiéndose en la zona del país con mayor potencial eólico por los constantes vientos que azotan en la región.
Sin embargo, este proyecto y otros más, se han venido abajo por la resistencia de los campesinos, manejados por falsos redentores sociales, quienes en la supuesta defensa del territorio decidieron tomar las piezas de los aerogeneradores para venderlos. Oaxaca, y hay que reconocerlo, está dejando de ser un atractivo fuerte para estas empresas, justamente porque no existen las condiciones requeridas para la inversión ante la compleja problemática social. Ya hemos comentado aquí, que no son sólo las organizaciones sociales, sino además, sindicatos y grupos criminales los que están acosando a los inversionistas.
Urge regular el transporte
Sin duda alguna, el transporte público concesionado, con una y mil irregularidades, se disparó materialmente en el gobierno de Gabino Cué. Hay que recordar que aún en los últimos meses de su gestión, se publicaban en las páginas de los principales diarios, las convocatorias para el otorgamiento de concesiones de moto-taxis en decenas de municipios de la entidad. Es una aberración que existan actualmente cerca de 50 mil concesiones, las cuales fueron otorgadas en su mayoría en el gobierno pasado, a organizaciones sociales, sindicatos y grupos de presión, situación que hace cada vez más difícil su regulación.
Simplemente el primer día del gobierno de Alejandro Murat se pusieron en marcha, en las mismas oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), centenas de nuevas unidades, presuntamente de una organización vinculada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El transporte público concesionado es hoy en día un serio asunto de seguridad, porque a la par de aquellas unidades que son respaldadas por permiso o concesión, hay un número similar que dan el servicio sin la documentación respectiva y son usadas para delinquir.
Hace unos días el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez hizo una declaración severa al afirmar que las moto-taxis sirven para cometer una serie de actos ilícitos, como distribución de droga, cobro de derecho de piso, extorsiones y crímenes. Esto lo hemos venido repitiendo en estos espacios editoriales durante los últimos años. He ahí el por qué nuestra insistencia en que no se permitan más presiones de parte de aquellos que ha encontrado en el usufructo del transporte concesionado, formas sui generis para cometer actos fuera de la ley.
El transporte público, no nos cansaremos de insistir, opera con concesiones que deben ser controladas por el Estado; que los concesionarios no son propietarios de las mismas, a pesar de haber pagado los derechos, pero además, que el gobierno, como representante del Estado, puede retirarlas cuando hayan dejado de operar bajo las condiciones que les impone la ley en la materia. Es necesario sentar un precedente de autoridad, de aplicar la ley. Ni los sindicatos ni las organizaciones sociales, menos los grupos de presión están más allá de la norma, para que operan con absoluta impunidad. Urge ya ponerles un coto y, como dijimos hace unos días, ni una concesión más.
