En spots televisivos y radiofónicos, en medios impresos y digitales, las autoridades sanitarias han insistido en no caer en la trampa de los rumores, la información falsa y dolosa, que alienta el pánico y la comisión de torpezas y desaciertos. Y es que la ignorancia de algunas autoridades locales ha propiciado verdaderos atentados a los derechos humanos, tal es el caso de comunidades que han retenido a médicos y enfermeras; que las han estigmatizado, por acusarlos de portar el COVID-19 o que han prohibido el paso a determinada comunidad, porque les dijeron que ahí hay un enfermo que dio positivo. El terror, insistimos, es mal consejero. Desde el sábado se dio a conocer la tercera defunción por el mal. Se trata de una persona de 72 años de edad con problema de diabetes mellitus e hipertensión. Son los SSO, la vía oficial para dar a conocer los casos positivos, sospechosos y, lamentablemente, los decesos que ha ocasionado este mal.
Nada más desafortunado pues, que ciudadanía o autoridades municipales se enteren de enfermos o decesos, por vías ajenas y adopten conductas que vulneran las garantías individuales. Estamos convencidos de que algunos (as) ediles, tema del que ya hemos comentado, como responsables de sus propias comunidades, hayan adoptado medidas severas en torno a no permitir la entrada de personas ajenas. Incluso, en lugares como Huatulco, un lugar que vive del turismo todo el año, se ha prohibido la llegada de visitantes. Esto es, valoran la vida de sus ciudadanos, incluso soslayando el medio económico del que viven. Ello, por supuesto, dista mucho de manejar datos o información falsa, obtenida de redes sociales, para crear estigmas o descalificaciones para quienes arriban a sus jurisdicciones.
Ha trascendido que médicos y enfermeras han sido objeto de agresiones físicas, las mismas que, las autoridades de procuración de justicia y policiales deben investigar y sancionar. Y ello es motivado por la información falsa y tendenciosa que se genera en las redes, a las cuales hasta el más modesto ciudadano tiene acceso. Ahí mismo se magnifican las cosas. Se tergiversa la verdad y se crean estereotipos que dañan más que la misma pandemia que hoy nos ha recluido, por prevención, en nuestras casas. Hay que tener cuidado pues con la desinformación y lo que se ha llamado, fake news. Las autoridades han hecho constantes llamados para evitar que esa información falsa siga fustigando a la ciudadanía.
Casos insólitos e inéditos
Los escenarios que hemos visto en los últimos tiempos, como la cantidad de muertes en Italia, España y los Estados Unidos, por decir sólo tres países, dan cuenta de que estamos ante una pandemia en realidad mortal. El manejo de cadáveres en Nueva York, ante la cantidad de decesos, ha tenido un impacto doloroso. Más de dos mil muertes en un solo día ha ubicado a nuestro vecino del Norte, como el país más afectado hoy en día, por el coronavirus o COVID-19. Hospitales que han rebasado su capacidad; morgues habilitadas para depositar los cadáveres; construcción de fosas comunes; incapacidad de funerarias para el manejo de restos humanos, pero, sobre todo, los riesgos que implican el manejo de los mismos, depositados a veces en simples bolsas de plástico. Sin duda alguna, se trata de escenarios jamás vistos.
Y en Oaxaca, no nos quedamos atrás. Como lo publicamos en nuestras páginas el fin de semana pasado, los protocolos que han difundido los Servicios de Salud en el estado (SSO), se sugiere la conveniencia de no realizar velorios de los cadáveres, sino optar por la incineración. Se trata de no tener el cadáver expuesto que pudiera ser foco de contagio. Autoridades municipales de algunas comunidades como Santiago Suchilquitongo, Etla, hicieron un llamado a las autoridades sanitarias por un caso que se dio en la comunidad. Sin embargo, también es una realidad que en Oaxaca no existen hornos de cremación y los existentes son caros. Ello, por supuesto, contraviene con usos y costumbres ya arraigadas, como es el caso de la reunión de familiares y amigos en torno al ser querido que parte a su última morada.
Y en esta contingencia, se han dado también casos aberrantes de discriminación y abuso. Es el caso del hombre de 72 años que falleció el sábado 11 de abril, luego de que sus familiares materialmente “peregrinaran”, para que le dieran atención. Al paciente se le prohibió la entrada al Hospital Regional de San Pedro Pochutla, por lo que hubo de retornar al hospital de Santa María Huatulco, en donde finalmente falleció. Las redes sociales dieron cuenta de un hecho posterior. Cuando los familiares llevaron el cadáver a Salina Cruz, para ser incinerado, autoridades municipales lo impidieron, argumentando que ello podría ser un foco de contagio para la población porteña. Es decir, negar el descanso eterno a un cuerpo inerte, también es una aberración que las autoridades deben investigar, más allá del legítimo derecho de las autoridades locales a proteger a sus gobernados.
