Durante los festejos de julio, no solamente fueron los maestros o normalistas los que pusieron la nota, también participaron grupos y mafias de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), principalmente. La nota del sitio que impusieron a conocida empresa fabricante de cemento, dio la vuelta al país.
Se trata de una acción que sólo corresponde a los grupos criminales: pretender la exclusividad de la distribución o acarreo del material que fabrica la misma, a través de mecanismos de terror o miedo. No es la primera vez que nos referimos a la citada confederación sindical, la cual opera con un perfil criminal, no de defensa del empleo, mucho menos de los trabajadores afiliados a la misma.
La nota de los bloqueos, de las amenazas y paralización de obras, es cotidiana, justamente porque desde la anterior administración sólo unos cuantos sindicatos y organizaciones asumieron la potestad del transporte de materiales, de agua para consuma humano, de materiales pétreos, taxis y moto-taxis. Se les otorgó tanto poder que ahora es difícil desenmarañar esa intrincada red, en la cual se tejen los negocios ilícitos como distribución de droga, cobro de derecho de piso, narcomenudeo, extorsión y secuestros.
Encabeza la lista el sector transporte de la CTM y le siguen de cerca los afiliados al Sindicato “Libertad”, que como se vio recientemente, sus cabecillas andan armados y violentan la ley a cada momento. Figura asimismo, la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), que dirige Francisco Javier Martínez Rodríguez, hijo de Francisco Martínez Sánchez, alias “Pancho Mugre”, ambos prófugos de la justicia y con recompensa a quien dé informes de su paradero, luego de los acontecimientos dramáticos en la Colonia “Vicente Guerrero”, de principios del mes de julio.
Llama la atención que los pistoleros de los dirigentes anden armados y amenazantes a plena luz del día sin que autoridad alguna los llame a cuentas. Es decir, es la impunidad lo que ha permitido que estas acciones fuera de la ley, como es el acoso a la empresa CEMEX se sigan dando. No hay que olvidar que el gobierno de Alejandro Murat ha ofrecido a los oaxaqueños el aliento a las inversiones para generar empleos y salir del marasmo. Ello no será posible en tanto no se les llame a cuentas a estos sindicatos, émulos de grupos criminales.
¿Y el resto de corruptos?
En una declaración reciente, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, reconoció que hay al menos 300 expedientes de investigación de ex funcionarios del gobierno de Gabino Cué, que habrían incurrido en prácticas de corrupción que, en conjunto, se estima en una cifra estratosférica: 15 mil millones de pesos es el quebranto al erario estatal. Se trata de una cantidad inimaginable para cualquier mortal, si se parte de la premisa de que el presupuesto histórico que Oaxaca tuvo en el último año del llamado gobierno de la alternancia, otorgado por el Congreso de la Unión fue de 83 mil millones.
Ello implica que poco más de la sexta parte se fue en engrosar las cuentas de ex funcionarios corruptos, verdaderos pillos que imaginaron en sus adentros, que el saqueo quedaría impune. Por ello, la ciudadanía está exigiendo al gobierno de Alejandro Murat ir por ellos, pero no sólo someterlos a juicio y consignarlos para recibir el debido proceso y penas corporales, sino para que también se les instruyan procesos resarcitorios y devuelvan algo de lo mucho que se llevaron del erario. Es impresionante la impunidad con la que estos sujetos desempeñaron sus funciones; es aberrante la forma tan pueril y estúpida en la que saquearon nuestras miserias y se birlaron el presupuesto destinado a los más pobres.
Las prácticas corruptas permearon por todos lados. Igual en las dependencias del gabinete legal que en las entidades del gabinete ampliado. No hubo resquicio alguno en donde Jorge Castillo Díaz, apodado “El Virrey”, no tuviera metidas las manos. Solamente a él se le ha estimado una fortuna -ilícita, desde luego- de cerca de 14 mil millones de pesos. Fue el operador de Cué Monteagudo; el que tenía la facultad de calificar licitaciones públicas; de exigir el pago del 15% o más por obra.
El responsable de corromper por todos lados, desde el sector Salud hasta el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); de la Secretaría de Seguridad Publica a la de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) hasta Turismo y Desarrollo Económico (STyDE). Nada se movía sin su autorización. Lo que Germán Tenorio, ex titular de la Secretaría de Salud, hoy bajo proceso, pudo haberse llevado, no se compara con la cantidad que Jorge Castillo y cómplices le robaron al erario. La lista pues, es aún numerosa. Falta voluntad política para que el gobierno estatal mande por ellos y le restituyan a la entidad, algo de lo mucho que le robaron.
