A pesar de que el sistema de impartición de justicia adoptó en todo el estado el sistema acusatorio adversarial (juicios orales) como el método para castigar la delincuencia, su efectividad es muy baja después de diez años desde su implantación.
El registro estadístico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revela la gravedad de los malos resultados que se agudizaron en 2019 cuando tuvieron su nivel más bajo de efectividad en los últimos tres años, pues solo consiguieron condena judicial en 2.4 por ciento de los juicios que iniciaron. La efectividad es aun más vergonzosa cuando observamos que, de los 45 mil delitos por los cuales iniciaron carpeta de investigación en Oaxaca en ese mismo periodo, solo se obtuvo condena en 0.41 por ciento de los casos.
Aunque tienen un mejor porcentaje en los dos años previos, las estadísticas muestran un bajo nivel de efectividad pues en 2017, las autoridades encontraban al culpable del 3.1 por ciento de los delitos que llegaban a juicio. Pero esta efectividad se va a pique cuando sabemos que de 31 mil 938 carpetas de investigación abiertas, solo castigaron a los responsables en 0.55 por ciento de los casos.
Mientras que en 2018, sentenciaron a los responsables de 2.9 por ciento de los casos que llegaron ante un juez, pero solo castigaron al 0.48 por ciento de los responsables en 41 mil 989 delitos que investigaron las autoridades.
Además, las cárceles de Oaxaca se mueren lento. Quienes pagan las desatenciones de la Secretaría de Seguridad Pública son los internos quienes viven bajo el control de otros reos por el autogobierno que padecen las penitenciarías más importantes de la entidad, además de una serie de abusos permitidos por las autoridades como cobros ilegales, tráfico de mercancías y drogas, hasta hacinamiento.
PENAL, APROBADOS DE PANZAZO
Aunque la calificación del sistema penitenciario de Oaxaca mejoró en los últimos cuatro años, según los resultados del Diagnóstico que realiza cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aún persiste el autogobierno y la falta de condiciones de gobernabilidad.
De una calificación reprobatoria que obtuvo en 2015 de 5.63 en el sistema penitenciario, Oaxaca pasó a 6.66 en 2019 de acuerdo a la CNDH. En 2016 obtuvo 5.25, en 2017 6.03 y en 2018 6.09.
Como cada año, el organismo nacional evaluó cuatro centros penitenciarios: el de Santa María Ixcotel, Tehuantepec, el Femenil del Tanivet y el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán.
En el caso de la Penitenciaría General del Estado, de Santa María Ixcotel, registró una sobrepoblación con 1,014 personas privadas de su libertad en 2017, cuando la capacidad en el inmueble debe ser de al menos 850. Esta situación cambió en 2019, según el último diagnóstico, cuando el número bajó a 802.
En los diagnósticos 2017, 2018 y 2019, se percibieron deficiencias en servicios de salud, así como insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los Derechos Humanos y de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
El penal de Santa María Ixcotel, mantuvo en el último diagnóstico el autogobierno, que se genera por la falta de normatividad que rige al centro penitenciario, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como presencia de actividades ilícitas y cobros.
En el caso del penal de Tehuantepec, mostró autogobierno en 2017 y en 2019, así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en la higiene en cocina, área médica y comedores.
En el femenil de Tanivet, también se mantuvo insuficiencia de personal de seguridad y custodia, lo mismo que en el de Miahuatlán, donde se percibió presencia de actividades ilícitas y cobros, entre otras irregularidades.
VIOLENCIA FAMILIAR CON MÁS IMPUTADOS
Los delitos con el mayor número de imputados en nuestro estado son violencia familiar, lesiones, homicidio calificado y lesiones calificadas, confirmó la Dirección de Planeación del Consejo de la Judicatura.
En tanto, a efecto de revisar la situación jurídica de las personas privadas de su libertad por estar sujetas a un proceso penal o sentenciadas, en colaboración con la Defensoría Pública del Estado, la judicatura asistió a las audiencias celebradas en 11 centros penitenciarios.
Siendo Oaxaca un estado pluriétnico, poseedor de un 65.7 por ciento de población indígena; se creó en el año 2015 la Sala Indígena, única en todo el País y que ha venido conociendo asuntos que muestran las formas y comportamientos que rigen la convivencia entre los pueblos indígenas y afromexicano.
Con cifras hasta el 20 de junio de 2019, se habían contabilizado mil 308 casos de violencia familiar con 368 imputados en la región de Valles Centrales; 281 en la Mixteca; 235 en la Costa; 209 en el Istmo; 105 en la Cuenca; 71 en Sierra Sur; 30 en la Cañada y 9 en la Sierra Norte.
En el rubro de lesiones haya un total de 883, donde el mayor número de imputados es en el Istmo con 199; en Valles Centrales 175 y en la Mixteca 171. En la Costa 151; en la Cuenca 111; en la Sierra Sur 41; en la Cañada 21 y en la Sierra Norte 14.
En homicidio calificado se tiene un registro total de 470. El mayor número lo concentra la Costa con 113; el Istmo con 89; Valles Centrales con 78; Sierra Sur con 62; la Cuenca con 54; la Mixteca con 48; la Cañada con 26.
En lesiones calificadas se contabilizaron 433, la mayoría en Valles Centrales con 110; 78 en la Cuenca y 70 en la Mixteca. 68 en la Costa y 46 en el Istmo. 38 en la Cañada; 24 en la Sierra Sur y 9 en la Sierra Norte.
Imputados por despojo 399, mientras que por daños fueron 351, en tanto que por abuso sexual 276. En robo fueron 252 y en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 209. Por daños culposos 178; por violación 155 y por robo calificado 154.
Con menos casos están los delitos de: fraude, robo con violencia, lesiones culposas, privación ilegal de la libertad. Tentativa de homicidio, violación equiparada, robo equiparado y amenazas.
VIOLENCIA PONE A PRUEBA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
El sistema procesal acusatorio que entró en vigor en Oaxaca en 2007 y aplicó a plenitud a partir del 2016 en todo el país, enfrenta una de las pruebas más importantes desde su implementación debido a la violencia generalizada que se vive en todo el país.
El abogado Carlos Morales Sánchez, expone que uno de los beneficios que ha aportado este sistema acusatorio adversarial, es que representa para la ciudadanía una garantía que acudirán a un tribunal en una audiencia pública, de manera transparente, con la posibilidad de conocer a sus testigos y a las personas que lo acusan.
“El anterior sistema escrito tradicional era un sistema muy duro y muy poco garantista, permitía que una persona con una sola denuncia y con la declaración de dos testigos se podía mandar a una persona a la cárcel con base a esas declaraciones, los acusados podían recibir una pena extensa de prisión y el sentenciado nunca conocería a sus testigos, si no aparecían no pasaba absolutamente nada”.
Explicó que las ventajas con el nuevo sistema, es que el testigo o los testigos deben acudir ante la sala de audiencia de juicio oral a señalar a esa persona, a manifestarse. “Entonces existe la posibilidad de que el abogado de la parte imputada pueda interrogar a la persona que hace el señalamiento, desde esa perspectiva esos son los beneficios del sistema”.
Por otra parte, dijo que algunas de las observaciones que se han realizado “es que la ciudadanía que ha sido afectada por la comisión de un delito, ven a este sistema acusatorio adversarial como un sistema muy garantista para las personas que se les atribuye la comisión de un delito y esta es la dificultad, porque por una parte las víctimas consideran que este sistema es flexible y permite la construcción de una puerta giratoria. Por un lado entran al reclusorio y por otro lado salen”.
“Una crítica al sistema es que permite a los ojos de la ciudadanía que personas que han cometido delito pues obtengan su libertad, pero como abogado litigante y defensor de derechos humanos veo que esa es la fortaleza del sistema”.
Expuso que a poco más de tres años de su implementación a plenitud en la entidad, “un primer análisis deberá hacerse en el año 2026, cuando cumplamos 10 años de implementación, pero esperemos que nuestro nuevo sistema sobreviva en este tiempo, porque también hay tendencias regresivas que pretenden que volvamos al sistema viejo”.
“Entendemos la ola de violencia en el país y las víctimas quieren una respuesta fuerte y autoritaria del estado contra las personas que afectan su vida, libertad, patrimonio y la vida de sus familiares, entendemos que las víctimas exijan eso, un sistema fuerte y duro contra los que cometen delitos, pero al mismo tiempo todo este sistema debe tener un equilibrio con la visión del respeto a los derechos humanos, y es un derecho humano de los imputados sobre la presunción de inocencia, es un derecho humano enfrentar el procedimiento en libertad, es un derecho humano ofrecer pruebas y testigos”, destacó.
