Abogado y familiares de personas privadas de su libertad, rechazaron el traslado de internos de la penitenciaría de Ixcotel al centro de reclusión de Tanivet, Tlacolula porque carecen de información sobre las condiciones en las que estarán los internos.
Ante el inminente traslado de más de 800 internos que se llevaría este fin de semana o en la siguiente, familiares rechazaron este cambio aunque bajo el anonimato por las represalias que pueden sufrir.
“No tienen (los familiares) la información detallada o especifica de las autoridades que tienen la responsabilidad y en este caso de informarles como la Secretaría de Seguridad Pública y de la subdirección de reinserción social”, dijo el abogado postulante.
Asimismo, acusó que los procesados y sentenciados cuentan con talleres varios en la penitenciaría central, situación que desconocen si se mantendrá en Tanivet, ya que de esas actividades se mantienen económicamente.
En el centro penitenciario de Ixcotel cuentan con salón de cómputo y cursan estudios de secundaria o bachillerato, así como licenciaturas que quisieran saber que ocurrirá con eso.
Algunas mujeres reclamaron el hecho de que no exista información sobre este proceso y solicitaron que la autoridad en la materia analice los gastos que les representará a las familias el trasladarse a Tlacolula de Matamoros.
Asimismo, acusaron supuesta persecución de posibles elementos de la Secretaría Seguridad Pública contra las familias denunciantes.
“Cuando se enteraron que vendrían las personas, no las dejaban salir de la visita, así como persiguieron a las mujeres para intimidarlas y estamos analizando si se presentan las denuncias”, declaró la presidenta del Comité Pro-Defensa de Reclusa de Tanivet, Ana Laura Herrena.
La activista responsabilizó a los funcionarios de Seguridad Pública de cualquier represión contra las mujeres o contra los internos cuyos familiares salieron a denunciar las arbitrariedades.
Indicaron que el centro penitenciario de Tanivet no se encuentra en buenas condiciones situación que pone en riesgo a los reclusos.
El abogado se encuentra asesorando a 200 familias y argumentó que una persona privada de la libertad debe estar cerca de su domicilio como respeto a sus derechos humanos.
