La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda),confió que para el 2020 se logre la firma del Nuevo Decreto de Veda de Zona Reglamentada, Comunitaria Indígena a favor de 16 comunidades de los Valles Centrales.
El 12 de octubre de este año, después de 14 años, 16 comunidades del distrito de Zimatlán y Ocotlán integradas en la Copuda, acordaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concesiones colectivas y el uso del agua conforme su normativa interna.
En el evento realizado en San Antonino Castillo Velasco, convinieron en la presentación de un proyecto de Decreto al Presidente de la República, mismo que levante la veda en el acuífero de Valles Centrales y la convierta en una zona reglamentada.
La representante del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, Carmen Santiago Alonso, dijo que será en los primeros meses del 2020 cuando se pueda avanzar en este documento.
Asimismo, los integrantes de este grupo urgieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al Congreso de la Unión, reformas para garantizar el derecho de las comunidades sobre los recursos naturales y territorio.
El decreto de veda para el acuífero de Valles Centrales data de los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien emitió en 1967 este documento que afecta a los campesinos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán, al limitar el uso y disfrute del líquido.
Mientras tanto, la nueva propuesta ya fue analizada por Conagua y turnada al área jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para después llegar a la Consejería Jurídica federal y ser el conocimiento de López Obrador.
La responsable del área jurídica del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, Maira Olivo, indicó que se encuentran en la espera del cumplimiento de uno de los cinco acuerdos, mismo que se refiere a la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales.
“La Copuda sigue en pie de lucha, vigilando el puntual cumplimiento de los acuerdos signados, mismos que se verán cristalizados con la firma del Ejecutivo y con la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que reivindique a las comunidades y su derecho legítimo sobre el vital líquido, así como del territorio”, comentó.
En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, señalaron que el modelo extractivo que impera vulnera las garantías de los pueblos.
Desde la experiencia del movimiento por la defensa del agua, es urgente que el marco constitucional se armonice con tratados internacionales, como es el caso del artículo 14.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con los datos de las y los activistas, más del 80 por ciento de los recursos naturales del país se encuentran en territorios de los pueblos originarios, sin embargo, no existe pleno respeto ni reconocimiento a estos bienes.
