Por cobros indebidos de trámites y servicios, violaciones a los derechos humanos, falta de comprobación de trámites realizados, omisión o extemporaneidad de declaraciones patrimoniales y servicios deficientes, la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca suma 94 denuncias en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) desde el 2017 a la fecha, por las que se han iniciado 91 expedientes de responsabilidad administrativa.
Del total de procedimientos tramitados, 27 se encuentran en trámite y 64 expedientes han sido resueltos, mientras que de los expedientes resueltos se han impuesto sanciones consistentes en 22 amonestaciones públicas, 39 amonestaciones privadas, una sanción económica, dos suspensiones y dos inhabilitaciones, detalla un documento de la Secretaría de la Contraloría.
A principio de noviembre la SCTG anunció sanciones para funcionarios del Registro Civil que cobraron indebidamente la expedición de un acta de nacimiento en el 2018, lo cual fue denunciado en un video difundido a través de redes sociales.
Además, se han presentado seis denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que se han turnado cuatro expedientes de responsabilidad al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por la posible comisión de faltas graves, derivadas de infracciones tipificadas como cohecho, abuso de funciones, entre otros, en términos de lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El objetivo de la SCTG con dichos procedimientos no solo radica en fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados, también es para generar mayor conciencia de la obligación de observar los principios de honradez, legalidad, integridad y eficiencia que rigen el servicio público”, explica la dependencia.
Se han ordenado también tres medidas cautelares provisionales consistentes en la suspensión del empleo, en las cuales se decretó el mínimo vital para cada servidor público imputado.
“En este tenor, con estas acciones preventivas y coercitivas se busca permear al interior del Registro Civil y en general de la administración pública estatal, que es un deber de todo servidor público conducirse con rectitud y preservar el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de intereses particulares o ajenos al interés general”, detalla la SCTG.
