La política económica de un país se compone por la política fiscal y la política monetaria. La primera conforma el presupuesto del Estado y sus componentes (ingresos y gastos) como variables de control para mantener la estabilidad económica, amortiguar las variaciones del ciclo económico y contribuir al crecimiento económico. La segunda se relaciona con los instrumentos de la autoridad monetaria que determinan la cantidad de dinero en circulación yel tipo de interés, y cuyo objetivo primordial es el control de la inflación.
En México, mientras la política monetaria ha logrado mantener controlada la inflación en los últimos años, la política fiscal presenta varias deficiencias, destacando la baja recaudación de impuestos. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la recaudación tributaria en México es la más baja dentro los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), incluso es inferior a la de sus principales competidores en América Latina, es decir, Argentina, Chile y Brasil; en 2017, nuestro país recaudó en impuestos totales una cifra equivalente al 14.1 por ciento del PIB, mientras que el promedio de la OCDE fue de 24.6 por ciento. Al desagregar la recaudación en federal y local, se observó que los ingresos tributarios en México dependen de la recaudación federal, ya que ésta representó 13.1 por ciento del PIB, mientras que la recaudación local apenas alcanzó 0.9 por ciento. En promedio, en los países de la OCDE los ingresos tributarios a nivel federal representaron 19.5 por ciento del PIB y la recaudación local 5.1 por ciento.
El bajo nivel de recaudación es un problema serio, toda vez que limita la realización de políticas públicas. En este contexto, es reprobable que desde el gobierno se privilegie fiscalmente a unos cuantos. Y es que el pasado 1 de octubre, Fundar, Centro de Análisis e Investigación dio a conocer que, después de 4 años litigio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo entrega de la información relativa a las condonaciones y cancelaciones fiscales otorgadas entre el 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, periodo que incluye el sexenio de Felipe Calderón y la primera mitad del gobierno de Peña Nieto.
Antes de presentar los principales resultados, es preciso señalar qué es una condonación, así como una cancelación fiscal. Fundar, en su página de Internet “Privilegios fiscales”, explica que la condonación se puede dar por dos razones: 1) apoyar económicamente a la persona, y 2) buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen; en el primer caso podrían estar aquellas personas que sufrieron un desastre natural, mientras que en el segundo caso el gobierno perdona multas a cambio de que las personas paguen sus adeudos más grandes. La cancelación es la suspensión de todo intento por cobrar los adeudos fiscales, sucede cuando las autoridades determinan que la deuda es menor que el costo por cobrarla, o cuando los deudores no pueden pagarla; sin embargo, la cancelación no es un perdón, si la persona vuelve a tener recursos para pagar, entonces, las autoridades deben cobrarle. Lo importante en ambos casos, y es la premisa bajo la que parte la solicitud de la información hecha por Fundar, es que los más beneficiados por estos instrumentos son las personas y empresas de más altos ingresos.
De acuerdo con la información proporcionada a la organización, entre 2007 y 2015 el SAT condonó a 7 mil 885 personas y empresas, quienes en total recibieron beneficios por 172 mil 355 millones de pesos.Fundar destaca que casi una cuarta parte (24 por ciento) de los ingresos que dejó de recibir el gobierno vía condonaciones corresponde a 10 beneficiarios. La CFE encabeza la lista con un monto de 14 mil 021 millones de pesos; después le sigue la Secretaría de Educación Pública (8 mil 230 millones de pesos); en tercer lugar se encuentra Luz y Fuerza del Centro (3 mil 344 millones de pesos); en la cuarta posición se ubica Productos Roche, S.A. de C.V. (2 mil 429 millones de pesos); el quinto lugar le pertenece a Grupo Lala S.A. de C.V. (2 mil 429 millones de pesos); la posición número seis es para el Gobierno de Michaocán (2 mil 193 millones de pesos); el séptimo lugar le corresponde a Servicios y Asesoría para Proyectos S.A de C.V. (2 mil 179 millones); en el número ocho se ubica Acerus S.A. de C.V. (1 mil 554 millones de pesos); en la novena posición está el Banco Nacional de Comercio Exterior ( 1 mil 534 millones de pesos); y en la última posición se encuentra Sabritas S. de R.L. de C.V., a quien le fue perdonado un monto de 1 mil 491 millones de pesos.
Lamentablemente, aún hay información sobre 201 contribuyentes que no pudo ser revelada, debido a que presentaron amparos, y los cuales siguen su debido proceso. Se calcula que estos contribuyentes representan al 2.4 por ciento de los beneficiarios, pero el monto total de lo que les fue condonado asciende a 101 mil 443 millones de pesos, y representa 37 por ciento de los ingresos que el gobierno dejó de percibir.
La información obtenida por Fundar representa un avance en el tema de transparencia, ya que permite conocer qué contribuyentes dejaron de aportar al gobierno, cuál fue el monto que les fue perdonado y los motivos de la condonación. Por otra parte, expone cómo los privilegios fiscales son el reflejo de un México desigual, además, pone de manifiestola necesidad de una reforma fiscal que incremente la recaudación del gobierno, a través de medidas progresivas, esto es, gravar más a los que más tienen.
Por último, se debe reconocer la iniciativa del presidente, y la reciente aprobación por parte de la cámara de diputados, para modificar el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución, eliminando las condonaciones, con esto se garantiza que todos los mexicanos contribuyan al gasto público, de manera proporcional y equitativa.
Estudiante de economía, Uabjo
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