Es indudable que uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.

La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo de Oaxaca y del país, de ahí que en los próximos meses que restan a la administración de Enrique Peña Nieto, la gran tarea sea fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.

Hoy el reto es consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Al margen de que l
a transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.

Desafortunadamente delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad siguen campeando, de ahí el reto de unir ideas, pues más allá de la fuerza política o Grupo Parlamentario, el objetivo es claro y único; erradicar la corrupción de manera eficaz a partir de garantías y estrategias que logren identificar y sancionar estas conductas.

Conflictos en comunidades

La irrupción de organizaciones sociales ha avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades donde existen conflictos agrarios, además de insistir en obtener beneficios económicos como parte de las demandas planteadas al Gobierno del Estado. Es indudable que la disputa por la tierra sigue siendo una de las causas que más muerte provoca entre los oaxaqueños, a pesar de que muchos problemas tienen décadas de estar vigentes.

A lo anterior se agregan las diferencias entre agencias y municipios por la entrega de participaciones, pues mientras las autoridades municipales en muchas de las ocasiones condicionan su entrega, en otras más simple y sencillamente no las entregan. Ante la problemática existente es necesario avanzar en su solución definitiva, con la participación y decidida intervención de las comunidades.

Un ejemplo del clima de inquietud se vive intensamente entre el municipio de San Sebastián Río Hondo y la agencia de San José Cieneguilla, lo cual provocó una airada reacción de los habitantes quienes retuvieron a un funcionario de la Secretaría General de Gobierno porque lejos de resolver y encaminar el conflicto lo atizó. Los in conformes sostienen que a pesar de que existen minuta de acuerdo firmada ante la Secretaría General de Gobierno del pasado 19 y 20 de abril, donde el presidente se comprometió a otorgar el recurso correspondiente del Ramo 28 y 33, minuta que hasta el momento no se ha cumplido.

A este clima adverso, no se pueden ignorar los conflictos más representativos que existen en el estado y entre los cuales se encuentran Cuilapam de Guerrero y San Pablo Cuatro Venados por dos mil 585 hectáreas en disputa. Las comunidades de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Cotzocón protagonizan disputas por la posesión y reconocimiento de una superficie de aproximadamente 4 mil 125 hectáreas. Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoo lo hacen por la posesión y usufructo de una superficie de 1 mil 090 hectáreas que le pertenecen legalmente a la primera pero que están en posesión de la segunda.

Si bien la cuestión agraria corresponde al Gobierno Federal para atender y resolver de fondo los conflictos agrarios, es necesario solucionarlos y no administrarlos, pues en estrecha coordinación con la administración estatal se deben ponderar los esfuerzos para alcanzar acuerdos definitivos en los conflictos agrarios que actualmente son atendidos.