• Necesario Conciliar Visiones
• Escándalo en Candidaturas
Las pretensiones de algunos diputados locales de modificar artículos de la Constitución de Oaxaca para adicionar un artículo 130 BIS a la Ley Estatal de Salud con el fin de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, en sincronía con la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, provocó que católicos y evangelistas se unieran en una marcha para expresar su rechazo a estas pretensiones.
Marcharon por calles de la capital para pregonar su rechazo a esas pretensiones, mientras que el jerarca de la Iglesia Católica exhortó a los diputados a no convertirse “en instrumentos para la legalización del delito que clamará todos los días en su conciencia desde el Cielo. Les invitamos a ser defensores y protectores de la vida; desde su concepción hasta su fin natural”.
Mientras que los dirigentes de la Confraternidad de Pastores Cristianos del Estado de Oaxaca (Copaceo) rechazaron tajantemente las reformas constitucionales que se pretenden hacer en torno a la vida al establecer que un primer derecho humano es la vida y si no podemos garantizar la vida, mucho menos podremos hacerlo con el resto de los derechos fundamentales. Preocupa que se pretenda eliminar los derechos de quien está por nacer, abriendo la posibilidad de terminar con el embarazo durante cualquier momento de la gestación”.
Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres supone garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero también, de dotarlas de información y de mecanismos de acceso a la justicia, así como de servicios de salud sexual y reproductiva, que elimine cualquier forma de discriminación en su contra.
Un debate que va a necesitar de escuchar todas las voces, conciliar las diferencias y tratar de encontrar coincidencias para evitar que se polaricen las posturas de unos y otros.
… A VUELO DE PÁJARO
El defensor de los Derechos Humanos, Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que los derechos de las mujeres deben garantizarse con base a los estándares nacionales e internacionales, mismos que priorizan la libertad de decisión y de consciencia. Si bien es un tema polémico en el que existen diversas posturas, mismas que deben ser escuchadas y atendidas en una sociedad democrática, en México y a nivel internacional existe ya un andamiaje jurídico que prioriza la libertad de conciencia y de decisión de las mujeres respecto a su proyecto de vida, apuntó.
Postura
Promotora de la iniciativa Laura Estrada Mauro, coordinadora de los legisladores de Morena, reiteró que la reforma no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, le otorga el derecho a ejercer libre e informadamente su decisión de ser o no madre, su salud reproductiva y qué hacer con su cuerpo. Los cambios propuestos en diversos artículos del Código Penal Local, buscan eliminar el castigo a las mujeres que, por salud o haber puesto en riesgo su vida, tuvieron que interrumpir su embarazo.
Compromisos
Vaya situación la que se vive en la elección para la integración de un Comisionado, Contralor e integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca (IAIPO). Hoy se sabe que la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez pretende imponer a colaboradores y familiares. Se menciona con insistencia a Guadalupe Díaz Altamirano, primo de la diputada federal Natividad Díaz Jiménez; Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, quien fue su asesor cuando era Contralora en la 63 Legislatura, y Aremy Velasco Morales, que fue su Secretaria.
Liquidada
Fue liquidado el adeudo por mil 300 millones de pesos que tenía el Gobierno de Oaxaca con el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de Ciudad Judicial “Porfirio Díaz Soldado de la Patria”, por lo que el conjunto de oficinas ya es patrimonio estatal. El secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón confirmó que el pago anual por el inmueble era de alrededor de 387 millones de pesos y una vez o pagado el inmueble ya es patrimonio de los oaxaqueños. El contrato para la edificación del complejo de Ciudad Judicial, que se ubica en Reyes Mantecón, se firmó el 3 de enero de 2008 durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, para la construcción de once edificios, con un costo total de mil 588 millones 914 mil 116 pesos, aunque el Gobierno del Estado, durante estos últimos once años ha pagado poco más de tres veces esa cantidad.
Enriquecimiento
Justo cuando se le acumulan los pendientes al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para que aclare su presunto enriquecimiento ilícito exhibido en la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, y bien valdría la pena que muchos de nuestros políticos pongan sus barbas a remojar, debido a que empiezan a ser exhibidos en redes sociales. Contrario a la vieja conseja popular de que los oaxaqueños no tienen memoria, nunca como ahora están más pendientes y vigilantes de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
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