En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en México la corrupción es un asunto cultural, es decir, que nuestra identidad está marcada por prácticas que no respetan las instituciones, o reglas del juego. La verdad es que en todos los países se cometen, en mayor o menor medida, actos de corrupción como sobornos, intimidación, palancas, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, entre otros; sin embargo, en nuestro país hemos tenido casos escandalosos como el de la Casa Blanca y ex gobernadores que se enriquecieron personalmente.
Debido al abuso de poder en beneficio propio, los partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD) han perdido toda credibilidad. En las elecciones de 2018, la población los castigó y optó por el proyecto de López Obrador y Morena, quienes han tenido como uno de sus principales compromisos acabar con la corrupción. Lamentablemente, la respuesta que ofrecen es poco realista, según AMLO, la honestidad del presidente es suficiente para que los demás funcionarios actúen de la misma manera. Esta administración todavía no cumple un año y ya hay dos nombres del sector público involucrados en actos de corrupción: Carlos Lomelí y Manuel Bartlett.
El primero era Delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco cuando fue acusado por conflicto de interés, ya que empresas farmacéuticas vinculadas al él obtuvieron contratos multimillonarios entre 2012 y 2019; recientemente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comunicó que dos de sus farmacéuticas fueron multadas por más de un millón de pesos e inhabilitadas tres años por falsear información al momento de participar en contrataciones públicas.
Por su parte, Bartlett es el director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ha sido denunciado por irregularidades en su declaración patrimonial. Se presume que mediante familiares, empresas y prestanombres ha creado un “imperio inmobiliario” de 25 propiedades con un valor de 800 millones de pesos, 16 veces más de lo que había declarado. El pasado 9 de septiembre, la SFP abrió un expediente para dar seguimiento a las denuncias presentadas contra el funcionario. A diferencia de Lomelí, el Director General de CFE no ha renunciado, señala que tales acusaciones son de origen político y que está de acuerdo en que sea investigado.
No extraña que en ambos casos los acusados hayan negado el haber cometido algún acto de corrupción, lo que sí resulta difícil de entender es cómo el presidente ha salido en su defensa. Afirma que los reportajes y las denuncias son de “los adversarios, los conservadores”, y que buscan perjudicar a la 4T. AMLO omite que en el caso de Lomelí las acusaciones resultaron ser verdaderas; por otro lado, no recuerda que Bartlett estuvo involucrado en el fraude electoral de 1988, tampoco, que en 1995 el mismo López Obrador lo señaló por haber utilizado recursos públicos en la construcción de un fraccionamiento en Villahermosa, Tabasco.
Definitivamente, no se puede barrer las escaleras de arriba hacia abajo cuando se olvida el pasado de los funcionarios públicos o cuando en vez de dejar que la investigación siga su curso, el presidente sale en defensa de los acusados y ataca a los medios de comunicación. López Obrador debe tener muy claro que la corrupción es un tema de suma relevancia, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2017, elaborada por el INEGI, la corrupción fue el segundo problema que más le preocupaba a los mexicanos, mientras que el primer lugar fue el tema de inseguridad y violencia. Las descalificaciones poco contribuyen a combatir la corrupción.
Por otra parte, no se debe hacer de menos los efectos que tiene la corrupción en la sociedad. De acuerdo con María Amparo Casar, en Anatomía de la Corrupción (2015), los actos de corrupción tienen costos a nivel económico, político y social; en los costos económicos, destaca que la corrupción llega a representar el 10% del Producto Interno de Bruto (PIB) del país y una pérdida de 480 mil empleos al año; en los costos políticos, la corrupción se traduce en una mayor desconfianza en los partidos políticos, así como en los legisladores y órganos encargadas de impartir justicia; por último, entre los costos sociales, la corrupción genera la pérdida de 14% de los ingresos del hogar y mantiene una relación positiva con los niveles de inseguridad.
Esta administración debe reconocer la complejidad del fenómeno de la corrupción, además, debe garantizar que se cumplan las reglas del juego, y en su debido caso, dar seguimiento a quienes hayan incurrido en faltas y castigarlos. No debe de haber espacio para la impunidad.
Estudiante de
economía, Uabjo
Facebook:
cristian.salazar.h
Twitter: CristianSH1
