Aunque compete a la Fiscalía Especial atender ese tipo de situaciones, hay preocupación en algunas comunidades de la Sierra Sur, luego de los hechos lamentables ocurridos el viernes 24 de agosto en la comunidad de San Marcial Ozolotepec, distrito de Miahuatlán, en donde un grupo armado penetró hasta las viviendas de ciertos ciudadanos para asesinarlos. El saldo fue de tres personas muertas –es la cifra oficial, aunque hubo quienes señalaron que fueron cinco decesos-, dos desaparecidas y dos menores de edad heridos de gravedad. El propio gobernador Alejandro Murat reconoció estos hechos de sangre. El problema es que sin adelantar vísperas, pues serán las investigaciones las que den luz sobre este hecho preocupante, la delincuencia y los grupos criminales han penetrado hasta en zonas antes consideradas tranquilas. No se sabe de momento que existan problemas agrarios con las poblaciones vecinas. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos y se espera se esclarezcan los móviles de un crimen de esa magnitud. Es un crimen colectivo más que se agrega a los cometidos en Santiago Petapa, en donde un grupo armado asesinó a siete personas hace al menos dos semanas o los hechos de Barrio de La Soledad, en donde se habló de al menos cinco personas muertas la semana anterior, por vendettas entre grupos criminales.
Otro de los hechos en sí mismos preocupantes es que la violencia ha llegado a tales extremos que un simple incidente de tránsito deriva en hechos criminales. El mismo viernes 24 de agosto por la tarde, en la populosa Colonia Reforma de la capital, el cerrón de un autobús urbano a un automóvil particular desató una balacera. Los tripulantes de éste último abrieron fuego contra el autobús hiriendo al chofer, pero también a dos pasajeros, uno de ellas una menor de tres años de edad. Los agresores huyeron con rumbo desconocido, sabedores de que su acción quedará impune, habida cuenta de que no existen los mecanismos tecnológicos como en otras ciudades del país para hacer frente a este tipo de acciones. Se sabe que desde hace mucho no hay en la Secretaría de Seguridad Pública labores de inteligencia ni de vigilancia. Los robos, asaltos, ejecuciones, etc., cometidos en la capital o el área conurbada sólo forman parte de una estadística, la mayoría de las veces sin resolverse. En materia de avance en la cuestiones de seguridad pública estamos en pañales.
¿Funciona el C4?
Si existe un programa en el que hay total opacidad en su manejo y discrecionalidad en la distribución de los recursos, ése es el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), a cargo del Teniente de Navío, José Manuel Vera Salinas. Desde hace tiempo venimos escuchando que el sistema de cámaras de video vigilancia para la capital será fortalecido con la adquisición de equipo y demás. Por lo visto nada ha ocurrido. Desde hace algunos años dicho sistema, también conocido como C4, dejó de funcionar en la capital, gracias al vandalismo prohijado por el Cártel 22 y adláteres, como el dirigente de la organización denominada Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (Uacol), Adán Mejía. Este sujeto fue detenido tiempo después y puesto en prisión, a raíz de que se le hizo responsable de desmontar decenas de cámaras de video vigilancia y destruirlas durante las marchas del magisterio. El equipo jamás fue repuesto. Es más, no se sabe siquiera si funciona o no. Porque es sintomático que en la capital se cometan una serie de ilícitos y nadie sabe si los delincuentes fueron fotografiados o video grabados para poder identificarlos y consignarlos.
En cualquier parte del país, sobre todo en las capitales, se cuenta con equipos eficaces para la persecución de delincuentes, a través de las cámaras de seguridad. Aquí no. Es penoso reconocer que las autoridades ministeriales tienen que recurrir a las cámaras que el ciudadano común instala afuera de sus casas para poder integrar carpetas de investigación o indagatorias. La pregunta es: ¿y en dónde carajo se invierten los recursos que el gobierno federal destina para ese fin? Es un misterio. Lo cierto es que la ciudadanía sigue en perpetua indefensión porque las autoridades competentes no han podido discernir la importancia de contar con dichos equipos. Un siguiente pregunta es: ¿y a dónde van a parar los citados recursos del Fortaseg? Lo cierto es que la seguridad pública tanto en la capital como en el interior del estado sigue como el Talón de Aquiles del gobierno de Alejandro Murat. Hace falta coordinación entre las diversas instancias de gobierno para poder encontrar la fórmula para combatir la delincuencia que sigue haciendo de las suyas en Oaxaca. El fenómeno de la inseguridad es a nivel nacional, es cierto. Pero no podemos regodearnos en el conformismo o la complacencia.
