A sólo tres días de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, en las filas del magisterio afiliado al llamado Cártel 22, se ha difundido la especie de que la instrucción que tienen de sus dirigentes es que utilicen en el proceso enseñanza-aprendizaje, los libros de texto gratuitos, pero solamente como auxiliar, es decir, como soporte. Lo que habrá de regir seguramente todo el resto es el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), un documento que en su momento fue descalificado y criticado por expertos en educación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), justamente por estar plagado de errores, inconsistencias, pero sobre todo, porque soslaya la academia para volcarse sobre la ideología. Según los expertos que revisaron el primer boceto, es un instrumento más para ideologizar que para enseñar. En su momento, en este espacio editorial, hicimos una serie de críticas sobre su insistencia para aplicarlo cual si fuera modelo educativo a nivel nacional que, obviamente, no lo es, mucho menos será el instrumento para abatir el rezago educativo que arrastra la educación pública oaxaqueña. Una revisión del mismo mostrará la tendencia perniciosa y de fanatismo.
De igual forma se sabe que asociaciones de padres de familia estarían preparando amparos, al igual que otros organismos como “Mexicanos Primero”, para poder combatir este plan orquestado para formar a los educandos oaxaqueños, bajo una perspectiva ideológica e irracional, que nada tiene que ver con los principios básicos del civismo o la historia nacionales. Otra de las grandes hazañas del Cártel 22 y la complicidad de las autoridades es desconocer a aquellos maestros que sí aplicaron el examen para obtener plaza docente, a quienes hoy pretenden regatearles dicho derecho, para favorecer a aquellos egresados de las normales que están más familiarizados con sus aberraciones ideológicas. Nada nuevo es para los oaxaqueños saber que el premio para muchos es el activismo y no la capacidad académica y formativa. De nueva cuenta se habla en los períodos de inscripción de “los colectivos”, de la comunalidad y esas barrabasadas que nada tienen que ver con el proceso educativo y los valores que inculcan los programas vigentes. Se trata pues de una vuelta al fanatismo que ha llevado a la educación oaxaqueña al bache del que no ha salido desde hace más de tres décadas.
Protestas y abusos
Con el argumento de que hay una escalada generalizada de violencia en contra de las mujeres, grupos feministas y defensoras de la equidad de género han cometido una serie de abusos y atropellos. Lo que hemos visto en la Ciudad de México, en donde mujeres, convertidas en vándalos, han hecho destrozos y arrojado diamantina a funcionarios, tiene algún remedo en Oaxaca. El viernes anterior, un grupo de mujeres que se dicen familiares de víctimas o simples activistas, dio una dosis similar en el edificio de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO). Rompieron vidrios y causaron destrozos. Es decir, se denuncia la violencia con violencia. Sin embargo, las cosas empeoraron en días posteriores, pues el sábado 17 de agosto, apareció en el camino de terracería que conduce a Playa Colorada, Puerto Escondido, el cadáver de María Eugenia Guzmán, de 19 años de edad. Su desaparición ocurrió en Zicatela, del mismo destino turístico, una noche antes, situación que –trascendió- fue denunciada ante las autoridades. Las redes sociales se dieron vuelo para denunciar feminicidio y hasta violación a la víctima.
En pocas horas se volcaron en señalamientos a la inseguridad. No obstante, la Fiscalía General del Estado, poniendo en marcha los protocolos correspondientes, procedió a levantar el cadáver y hacer la necropsia de ley, encontrando que la causa del fallecimiento fue por bronco aspiración por contenido gástrico y sin lesiones visibles externas. Esta situación contradice lo que se difundió en redes sociales y en ciertos medios electrónicos, además pone de manifiesto que no hubo asesinato, mucho menos la violencia que antecede al feminicidio. Pese a ello, el pasado lunes luego de la marcha a la que convocaron grupos de mujeres y civiles en Puerto Escondido, en el mismo tenor que el vandalismo de que hablamos líneas arriba, el Vice-Fiscal, Alejandro Peña fue privado de la libertad y encerrado tras las rejas, con el argumento de que no ha dado resultados en las investigaciones sobre feminicidios y otros delitos de alto impacto. Insistimos: no se puede exigir un freno a la violencia actuando de la misma manera de los grupos criminales, es decir, con violencia. Las autoridades en efecto, están emplazadas a actuar conforme a derecho, pero ello dista mucho de que todo lo que se etiqueta de manera acelerada en las redes sociales, tenga el mismo tratamiento.
