Durante el mes de agosto, hemos tenido noticias de diversos accidentes en el tramo carretero Oaxaca-Tlacolula de Matamoros, en los que se han visto involucradas unidades, de los llamados taxis foráneos. Hacer un recuento del número de muertos y lesionados resulta preocupante. Decenas y decenas de personas han perdido la vida en distintos accidentes viales, en los que se han detectado situaciones como sobrecupo, impericia o abusos de los operadores de dichas unidades. No obstante lo anterior, no se sabe de capacitación, sanciones o suspensiones de licencias y concesiones, por dichos siniestros. La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semovi), parece no acusar recibo de estos accidentes fatales, por lo que siguen llenando los hogares de luto sin que haya una actitud enérgica de la autoridad para evitarlos. Pequeñas unidades llevan seis o siete pasajeros, haciendo imposible que el operador conduzca con libertad el automóvil. En este espacio editorial hemos llamado la atención sobre el sistema tan deprimente de transporte público que el gobierno nos da a los oaxaqueños, pues es quien otorga las concesiones y permisos.
Amén de los accidentes constantes de los foráneos, hay que ver asimismo, la cantidad de unidades que circulan a diario; que entran y salen de la capital. Se calculan miles. Son evidentes las afectaciones que traen consigo para la vialidad citadina, sobre todo en la zona del Periférico y el Mercado de Abasto. Todo los alrededores de éste y de la Central Camionera de Segunda Clase, están completamente saturados de unidades y chatarra rodante. Una y otra vez hemos escuchado que las autoridades obligarán a los concesionarios a construir paraderos ex professo. Nada ha ocurrido. Siguen invadiendo calles y avenidas sin control alguno y sin que el municipio de Oaxaca de Juárez –más atareado en incrementar los impuestos- ponga una solución a esta problemática. Los foráneos constituyen en el entorno urbano, una verdadera plaga inmunda que opera sin control ni regulación alguna. Pero ya saliendo a las carreteras federales o estatales, se convierten en un serio peligro. Uno de los factores es la lucha entre los operadores por conseguir más pasaje, lo que hace que las unidades rebasen su capacidad física y se conviertan en reales ataúdes rodantes. Lo más doloroso es que siguen dejando muertos por doquier, sin que nadie llame a cuentas a los responsables.
Paridad, una utopía
El tema de la paridad de género se ha vuelto un discurso constante. De no ser porque la legislación vigente en materia electoral obliga a los partidos políticos a designar el 50% de hombres y 50% de mujeres para cargos de elección popular, ésta estaría a juicio de los mismos institutos políticos, quien podría o no hacerlo. Ello ha motivado que en los Congresos federal y local exista un equilibrio entre legisladores varones y legisladoras mujeres. Ello no ha llegado por supuesto a los municipios, orden de gobierno en que –se dice- la paridad será un proceso paulatino, tal cual lo definió hace unos días, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien fuera presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos internos, el asunto no será nada fácil. Hay comunidades en que los usos y costumbres prohíben que mujeres ocupen cargos de elección popular o, en el peor de los casos, sirvan en las agencias municipales o municipios. Es decir, en pocas palabras, están vetadas para servir. En los últimos tiempos hemos visto casos de mujeres que logran el cargo de presidentas municipales, pero ceden ante las presiones de sus ciudadanos a entregar el cargo a un hombre.
En Oaxaca pues, en materia de paridad, estamos aún en pañales. De momento es una utopía. No es fácil demoler los usos -¿o abusos?- y costumbres para imponerles a quienes han asumido una postura radical al respecto, que tiene que cumplirse la norma para dar vigencia al tema de la paridad de género. Es importante reconocer que se han superado tabúes y mitos al respecto, pero aún falta mucho por hacer. Lo más importante es crear consciencia de lo mucho que la mujer puede aportar al desarrollo de sus propias comunidades. Pero ello no se logra con mecanismos legales ortodoxos, sino a través de la capacitación y orientación en las mismas comunidades. El mejor ejemplo de la visión tal pueril que existe de la mujer en la cultura comunitaria lo pusieron de manifiesto las autoridades de Santa María Alotepec, Mixe, hace un par de semanas, al privar de la libertad en la prisión del pueblo a siete mujeres y aún así defender sus usos y costumbres. Es decir, no lo reconocieron como un exceso, abuso o atropello, sino como un derecho legítimo. Y arremetieron en contra de las dependencias y organismos autónomos que criticaron el hecho.
