La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sexta ocasión a la entidad, abre de nueva cuenta expectativas favorables para la entidad. En esta ocasión fue para presidir la integración de la Agenda Estratégica Sur-Sureste, surgida de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), la cual contó con la asistencia de nueve gobernadores de la región, funcionarios federales, estatales, dirigentes del sector empresarial y otros. Luego de dicho evento, que en sí mismo representa amplias expectativas para la entidad, pues tal parece que los ojos de los hombres del dinero voltean hacia Oaxaca y entidades vecinas, surgió la firma del llamado “Pacto Oaxaca”, el cual fue dado a conocer por el gobernador Alejandro Murat desde el lunes 12 de agosto, en su conferencia matutina. Se trata de un proyecto que se pretende trabajar con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), para impulsar diversos rubros para el desarrollo social, las obras de infraestructura, promoción de inversiones, turismo, seguridad y empleo, entre otros rubros. En pocas palabras, cambiar la suerte de esta zona tan rica y olvidada del país.
EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, siempre atento al desarrollo de políticas que se encaminen a mejor el nivel de vida de los oaxaqueños, pero sobre todo de los que menos tienen, estará atento al éxito o fracaso del citado proyecto. Para ello, consideramos, el gobierno estatal debe poner su mejor empeño, habida cuenta de que muchas veces son las propias condiciones y los mismos oaxaqueños los que hacemos abortar todos los buenos propósitos que provienen de la Federación. Sin duda alguna, los propósitos del Pacto Oaxaca y de la Agenda Sur-Sureste, conllevan el objetivo de promover inversiones y empleo, pero bajo las condiciones que hemos visto en los últimos años: una constante y permanente protesta y una exacerbada inseguridad, pueden acotar todas las bondades de dichos proyectos. La gobernabilidad y su mantenimiento a través del diálogo, pero también de mecanismos de autoridad, son los instrumentos idóneos para el buen desarrollo y éxito de los propósitos que mencionamos antes. La aplicación de la ley, cuando se han agotado las labores de diálogo y convencimiento, es el instrumento que nadie quiere poner en marcha en Oaxaca, pero es condición sine qua non para que los buenos propósitos presidenciales y las estrategias empresariales, puedan llegar a buen puerto.
Colonias Unidas: El atraco diario
Desde hace tiempo, unos cuantos miembros de un membrete denominado “Colonias Unidas”, se han dedicado a extorsionar a los automovilistas y transportistas en circulan por la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan. Se trata de los vándalos y malvivientes que provistos de gorras y pasamontañas agreden a los turistas que se niegan a pagar la cuota de peaje, pues los aludidos se apropian de la caseta de Huitzo. Ayer volvieron a las andadas. Al respecto ha habido una cantidad impresionante de denuncias, dadas las vejaciones y amenazas con las que tratan a quienes por ahí transitan. Sin embargo, cual si fuera complicidad, las autoridades han hecho caso omiso a las mismas, no obstante tener ya identificados a los dirigentes que se han embolsado millones de pesos, producto de los atracos diarios. Durante el mes de julio, dicha organización resultó ser un verdadero agravio a los visitantes. Una pésima imagen de Oaxaca, pues ya se convirtió en una estampa cotidiana de impunidad. Embozados y en el anonimato los miembros de “Colonias Unidas” ya han visto estas acciones como un negocio rentable, pero sobre todo, porque no obstante hacerlo al margen de la ley, no reciben castigo ni reprimenda.
Antes que ellos fueron los (as) estudiantes de las normales de Tamazulapan del Progreso y del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (Creno). Otras ocasiones han sido los farsantes del llamado Comité de Víctimas (Covic), que con el ardid de defender a los familiares de aquellos que murieron en el enfrentamiento entre civiles y fuerzas federales y estatales el 19 de junio de 2016, siguen lucrando con los muertos. En contadas ocasiones han sido comuneros o campesinos. La idea es cobrar una cuota y metérsela al bolsillo. Nada de causas ni luchas. Pero quienes se han volcado en dichos atracos son los de la organización citada. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué no se actúa desde el punto de vista penal, habida cuenta de que se trata de un delito tipificado en el Código Penal vigente, que sanciona con cárcel el asalto en vías de comunicación? Es más, se trata de un delito federal, tan grave como el secuestro o la delincuencia organizada. ¿Cómo pueden probar los dirigentes los millones que han sustraído del cobro obligado del peaje? Por supuesto que no tienen manera. Qué esperan pues las autoridades para proceder. Que no nos salgan con el ardid de que es atributo de la Federación.
