La semana pasada circuló en las redes sociales un oficio, mediante el cual el presidente municipal de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, instruía a la Tesorera Municipal, a entregar en efectivo, 150 mil pesos al senador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por su participación en un evento de dicho partido. Pocas horas después, el aludido edil trató de desmentir la especie con el argumento de que se trataba de una falsificación del documento en cuestión. Hay que hacer notar que el caso citado se dio un día antes del arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Matías Romero, a fin de evaluar los servicios de salud que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El pasado sábado, EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca publicó la carta de referencia, haciendo alusión a los jugosos viáticos que cobra un senador de la República, llamado “político de gran envergadura” que, se presume, tiene un salario por arriba de lo que cualquier mexicano pueda imaginar. El mismo legislador se apresuró asimismo a desmentir a quienes lo habían difundido en sus respectivas cuentas de Facebook y Twitter.
Sin ánimo de descalificar ni, mucho menos, poner en tela de juicio la gestión de ciertos legisladores, es importante subrayar que en Oaxaca dicho fenómeno no es nada nuevo. Ese vicio se ha presentado en los partidos de izquierda, antes fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora MORENA. Los principales impulsores y patrocinadores de quienes llegan al cargo les a éstos (as), cobran una cuota mensual. Del erario de las comunidades se van a pagar los excesos, las francachelas y demás de los patronos y dirigentes partidistas. Hoy mismo lo vemos en Salina Cruz, con el senador Jara o en Santa Lucía del Camino con el diputado federal, Benjamín Robles Montoya. Éstos, como otros más, asumen que dichos municipios son su feudo y por tanto, pueden exigir a quienes fueron electos por el voto popular, cuotas e igualas, incluso se apropian de la obra pública a través de sus constructoras. En pocas palabras, lo que ocurrió entre el edil de Salina Cruz –pese al desmentido- y Jara Cruz, no es la excepción sino la regla en este estado, en donde la política se sigue deteriorando ante la opinión pública, haciendo de ella un oficio deplorable, proclive a la corrupción y a los peores vicios.
Pasada La Guelaguetza
Ayer terminaron los festejos de la llamada Guelaguetza 2019. Es tiempo de ir haciendo el recuento y un balance de los fenómenos que se dieron durante el mes de julio y planear con tiempo acciones que eviten que los yerros y fracasos se vuelvan a repetir. Uno de los temas que pueden convertirse en latigazo para el turismo del país y el extranjero que nos visita durante esta temporada y otras de menos afluencia que hay en el año, es el asunto de la inseguridad. Julio fue para los delincuentes un verdadero festín. Todavía el pasado sábado se dio una masacre de siete personas en Santo Domingo Petapa, dos asaltos a tiendas de conveniencia, ello sin contar que a lo largo del mes el catálogo de ilícitos fue brutal. Robos, asaltos a cuenta habientes, extorsiones, etc., además de un mapa criminal sin comparación con otros años. Se argumenta que la inseguridad es en todo el país y hay razón en ello. Lo grave es que Oaxaca jamás había padecido escenarios como los que hemos visto en los últimos meses. Las corporaciones e instituciones que otorgan seguridad se han visto por completo rebasadas por los grupos criminales que con saña inaudita siguen degollando y asesinando en Tuxtepec, Juchitán y los Valles Centrales.
Otro de los temas que ocasionó severos dolores de cabeza fueron los bloqueos y las movilizaciones. Cual más cual menos montó su teatro durante los festejos de julio, desde sindicatos universitarios hasta los clásicos vividores que se pasan todo el año alargando la mano y pidiendo para obras. La lección que se aplicó al dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), Fernando David López Cruz, de imputarle los delitos de bloquear calles y secuestrar empleados en Ciudad Administrativa, debe ser una constante para los demás dirigentes que por motivos banales cierran oficinas y hasta golpean a trabajadores (as). Ya es tiempo de que el gobierno estatal aplique la ley y castigue a quienes se asumen intocables por el argumento de que hacer uso de su libertad de expresión. Aprovechar los festejos de julio para presionar o chantajear al gobierno, afectando al turismo, es un tema de que debe tratarse con dureza y conforme a la ley. De ninguna manera acciones como las que vimos en esta temporada deben quedar impunes y sin castigo. Contra chantajistas –ya lo dijimos- todo el peso de la ley y sin distinción alguna.
