Nuevamente, Grupo México se ha visto involucrado en un percance ambiental. El pasado 9 de julio, desde las instalaciones de la empresa fueron derramados 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en Guaymas, Sonora. Unos días después, fueron difundidas imágenes de algunas especies marinas que según habían muerto a causa del derrame, sin embargo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó los estudios correspondientes y declaró que el derrame no provocó efectos dañinos en el ecosistema, debido a que el ácido se disolvió en el mar. Si bien este acontecimiento no tuvo consideraciones mayores, hay otros casos en los cuales no se corrió con la misma suerte.
El 6 de agosto de 2014, a causa de que las instalaciones no eran adecuadas y ante la falta de inspección de las autoridades, la minera Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, vertió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. En ese tiempo, el encargado de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, calificó lo acontecido como “el desastre ambiental más grave de la minería en México”. De acuerdo con los Comités de la Cuenca Río Sonora (CCRS) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el derrame afectó directamente a 22 mil personas. Según el “Informe Río Sonora: la omisión que quitó vida a miles”, las comunidades afectadas han tenido que enfrentarse a la escases de agua, falta de ingresos –resultado de que sus actividades productivas en el campo ya no eran posibles por el desastre– y problemas de salud.
Por el desastre ambiental, la empresa fue multada con 22 millones 959 mil pesos, tal cifra no fue revelada por las autoridades en su momento y resulta ser insignificante, considerando que Grupo México es la principal minera del país y una de las principales productoras de cobre del mundo. Según estimaciones, la multa representó el 0.03% de las ganancias de la compañía y 0.1% de sus utilidades. El 15 de septiembre de 2014 Grupo México destinó 2 mil millones de pesos, mediante el Fideicomiso Río Sonora, para la limpieza, instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica. El informe mencionado indica que no se instalaron las plantas potabilizadoras, el hospital que serviría para atender a los enfermos se encuentra abandonado y los apoyos económicos no se terminaron de entregar. En febrero de 2017 el Fideicomiso cerró, bajo el argumento de que los daños ya habían sido reparados.
Grupo México también se ha caracterizado por las malas condiciones que ofrece a sus trabajadores, haciendo caso omiso de sus reclamos. Solo hay que recordar lo que pasó el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión –originada por la acumulación de gases– en la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, dejó atrapados a cerca de 65 mineros a 150 metros. Según declaraciones de los familiares, los mineros habían manifestado a la empresa sobre la alta concentración de gas metano que había en la mina.
A pesar de que se hicieron labores para rescatar a los mineros, éstas resultaron insuficientes. El día 24 de febrero la empresa anunció que se detendrían las actividades de búsqueda, por la concentración de gases que afectaban la actividad de los rescatistas. El día 25 de febrero la empresa confirmó que la búsqueda se daría por terminada, ya que era imposible que los trabajadores continuaran con vida. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la muerte de los mineros fue responsabilidad de la empresa, el Ministerio del Trabajo y el Sindicato. Cabe señalar que la respuesta por parte de la empresa y las autoridades ante la emergencia generó críticas cuando en 2010 ocurrió un percance similar en Chile, pero ahí sí lograron rescatar a los mineros después de que estuvieran atrapados 70 días
Lo que pasó este 9 de julio no se compara con el desastre minero y el desastre ambiental que la empresa puedo evitar. Pero nos habla de que aún siguen pasándose por alto las medidas de seguridad indispensables. Ojalá que este último aviso sea suficiente para que las autoridades realicen sus tareas de inspección y en su caso sancionen las irregularidades. Como dice el presidente, el poder económico debe separase del poder político. Basta de omisiones y complicidades.
Estudiante de Economía, UABJO.
Facebook: cristian.salazar.h
Twitter: CristianSH1
