Un Centro de Justicia Federal con al menos dos salas de juicios orales pretende construirse entre los Juzgados de Distritos y la Secretaría de Turismo, frente al Paseo Juárez “El Llano”, pese a la inconformidad de vecinos de la zona.
La construcción que está suspendida por falta de recursos –según confirman fuentes extraoficiales- representa para muchos un peligro por la presencia que se tendría de delincuentes de alta peligrosidad y los operativos que se desencadenarían en una zona de gran afluencia vehicular.
Algunos abogados que prefirieron omitir su nombre por no estar autorizados a dar información, aseguraron que la promesa de las autoridades era concluir la obra en diciembre de este año, cuando se contemplaba el inicio de funciones.
Sin embargo, la falta de recursos y la inconformidad de los vecinos (que ya han enviado documentos de protesta ante las autoridades competentes), ha frenado la obra que es vigilada las 24 horas por un elemento de seguridad.
De manera oficial, ninguna autoridad se ha atrevido a corroborar o explicar la pretensión de ubicar dos salas de juicios orales en el Centro de la ciudad, sobre todo en una zona congestionada de vehículos y cuya vialidad es utilizada de manera frecuente para realizar marchas y bloqueos.
Sandra Velasco y Eugenio Salvador Hernández, vecinos de la zona, exhortaron a las autoridades a valorar otra zona para la instalación de salas de juicios orales, porque la presencia de delincuentes del fuero federal vulneran la seguridad de quienes habitan en el Centro Histórico.
“Nadie nos ha dicho claramente qué pretenden con esa obra que a la vista es obvio que están haciéndola con cuidado y con medidas de seguridad en el exterior. Por esta zona hay una escuela y no es recomendable que expongamos de esa forma a los niños”, dijeron.
Insistieron en el llamado a las autoridades para informar a los vecinos sobre la construcción de un supuesto Centro de Justicia Federal, al señalar que “todo nos ha llegado por rumores”.
Con la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial Acusatorio, Oaxaca debe contar con espacios e infraestructura necesarios para su implementación, tal y como se pretende en el resto del país.
A la fecha, Oaxaca opera con dos salas de juicios orales que fueron instaladas de manera provisional en Ciudad Judicial, en espera de la conclusión de la obra que se lleva a cabo en el Penal de Tanivet, donde se tendrá un mayor número de salas. Al mismo tiempo, se cuenta con dos salas en cada distrito de Oaxaca.
Critican despilfarro y poca capacitación
*Oaxaca ha sido objeto de críticas por los pocos avances que ha logrado en los últimos seis años
A un año de que concluyera el plazo constitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial, Oaxaca ha sido objeto de críticas por los pocos avances que ha logrado en los últimos seis años, en comparación con el resto del país.
Aunque fue uno de los estados que recibió mayor apoyo financiero en la búsqueda de la implementación del Sistema, a la fecha se mantiene entre los 10 estados del país que menos ha avanzado en la implementación del sistema.
El titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, señaló que “tristemente” todo el dinero que recibió el Estado para este nuevo Sistema, fue tirado a la basura.
No descartó que el recurso recibido haya sido utilizado de manera irregular y que se hayan generado actos de corrupción, los cuales podrían ser investigados si se reciben las denuncias correspondientes.
Por los señalamientos que diversos funcionarios y personajes públicos han hecho en contra de este nuevo sistema, al que acusan de generar mayor delincuencia en el país, Iruegas Álvarez reprobó tal señalamiento y afirmó todo lo contrario.
Pionero en la implementación del Sistema de Justicia Adversarial en la entidad, el ahora fiscal especializado reconoció que aún hace falta mucho por hacer en este sistema que ha encontrado muchos detractores.
“Quienes establecen que a través del Sistema acusatorio se privilegia al delincuente y se incrementa la delincuencia, parten de una falacia; el problema no está en el Sistema, sino de aquellos que están operando desde una procuraduría, comisión nacional de seguridad o de una Secretaría de Seguridad pública, y no están plenamente capacitados ni con los conocimientos adecuados para afrontar el sistema”, señaló.
Al insistir en que el problema no es de la ley, sino de aquellos que no han sido capacitados y son incapaces en su cargo, el fiscal aclaró que este nuevo Sistema no sólo busca mejorar la procuración de justicia, sino también “desnudar las carencias profesionales de quienes no saben operar o están ahí de forma fortuita, sin haber tenido un proceso de desarrollo profesional”.
Se incrementaron homicidios desde implementación del nuevo sistema penal
Mientras tanto, el secretario de seguridad Pública, José Raymundo Tuñón, señaló que a la par de la implementación del nuevo sistema penal se percibió el incremento de homicidios con uso de arma de fuego.
“Esto se observó desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia, sin que con ello se quiera condenarlo o satanizarlo, pero es una realidad”, dijo en su momento el funcionario.
De la actuación y preparación policiaca ante este nuevo Sistema, expuso que al asumir el cargo como secretario de seguridad pública, en diciembre de 2016, recibió una corporación capacitada al cien por ciento.
Sin precisar cifras, el titular de la SSPO expuso que la dependencia ahora pondrá en marcha cursos de adiestramiento, donde primero ingresarán los mandos para no incurrir en errores. “En el nuevo sistema se invirtió mucho, y ahora los cuerpos policiacos deben especializarse”, puntualizó.
En ese sentido, el reciente estudio sobre el nuevo sistema penal en el país, realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., expuso que los esfuerzos de capacitación con apoyo federal reportan un total de 250 mil personas capacitadas entre los años 2013-2016 en todo el país.
Sin embargo, las instituciones operadores cuentan, en pocos casos, con diagnósticos integrales sobre su personal, en términos de estado de fuerza y personal capacitado.
Asimismo, el servicio profesional de carrera continúa siendo un objetivo no alcanzado; “su operación a nivel nacional aún no es homogénea ni se ha consolidado. Las ausencias en términos de capacitación resultan evidentes cuando, más allá de los números de personal capacitado, se realizan evaluaciones cualitativas”.
En este sentido, señala el informe, las capacidades de investigación de las policías, así como las labores de coordinación entre policías y ministerios públicos presentan un área que pone en riesgo la sustentabilidad de la reforma.
