Farsa, engaño, revancha, venganza, cobro de cuentas pendientes, amedrentamiento, son algunos de los conceptos usados cada ocasión en que un servidor público es denunciado ante las autoridades judiciales, creando visos de sospecha entre la ciudadanía que espera se ejerza justicia a fondo, sin importar el rango del funcionario.
El tema se actualiza ante la liberación de una orden de detención en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a quien algunos catalogan como el “chivo expiatorio” del sexenio pasado.
La razón, para calificarlo así es que en ocasiones anteriores se procedió de esa manera para ejercer justicia, sin importar el tamaño de los abusos cometidos por los personajes.
Sucedió en el pasado con el arribo de cada nuevo Presidente que ante el cochinero que le dejaban (regularmente, desvío de recursos, abusos y devaluaciones) actuaba para dejar conforme a un pueblo que demandaba acciones penales contra el que resultara responsable.
Muchos procedieron en contra de algunos ex servidores o servidores que resultaban endebles o que impactaran ya en las fibras sensibles de su antecesor o en el propio pueblo.
De esa forma, Félix Barra y Eugenio Méndez Docurro, fueron los primeros secretarios de un gabinete en ir a prisión, aunque el primero pasó cerca de un año recluido y el segundo menos tiempo.
Las denuncias contra los funcionarios o gobernantes siempre han sido sumamente endebles, por lo que recuperan pronto su libertad, sin afectarles los recursos económicos con que cuentan.
Cada sexenio sucede igual, empresarios, políticos o dirigentes sindicales, son apresados y, cuando mucho, al sexenio siguiente recuperan su libertad, al comprobar su inocencia.
Pocos en realidad son sentenciados, en lo que parece una ruleta rusa de la mala suerte, aplicado sin miramientos al inicio de un sexenio.
La cacería se inicia como una muestra de que las cosas cambian y en la administración naciente no se permitirán ese tipo de abusos, saqueos, enriquecimiento rápidos o compartir el botín del erario.
Desde que José López Portillo actuó de esa forma, llevando a la cárcel a Félix Barra, Eugenio Méndez Docurro, Alfredo Ríos Camarena y Fausto Cantú Peña, entre otros, los Presidentes subsecuentes hicieron lo propio, Jorge Díaz Serrano, Arturo Durazo; Eduardo Legorreta, Joaquín Hernández Galicia; Jorge Lankenau, Carlos Cabal, Ángel Isidoro Rodríguez; Óscar Espinosa Villarreal, Elba Esther Gordillo y una decena de ex gobernadores han caído en prisión, desatando el escándalo y abonando a favor del mandatario en turno que actuó, aunque las acusaciones fuesen sin sustento o careciendo de pruebas contundentes.
