Por lo que hemos visto en los últimos tiempos, Santiago Yaitepec, comunidad chatina de la Sierra Sur, no tiene el propósito de cumplir acuerdos, compromisos y pactos, sino que sus manipuladores actúan más para hundir a la comunidad que para sacarla del atraso. Durante meses estuvo latente el conflicto con Santa Catarina Juquila, hasta que finalmente autoridades civiles y agrarias de ambas poblaciones se sentaron a la mesa de diálogo para resolver la problemática que enfrentan desde hace al menos un siglo. La firma del pacto de paz fue testificada por el gobernador Alejandro Murat y el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud. Hasta ahí todo estuvo bien, pero no tardó ni una semana cuando de nueva cuenta los chatinos cerraron la carretera que conduce a Juquila, en una temporada cuando al menos cien mil peregrinos católicos acuden al santuario: la Semana Santa. Calles, iglesia, mercado, hoteles y restaurantes lucieron vacíos. Las afectaciones a la economía fueron brutales. Pero nada convenció a los beligerantes indígenas. Pasada la temporada acudieron a la capital para suscribir un posible acuerdo de paz, cuando el daño a su vecina ya estaba hecho.
El viernes pasado, el gobernador Murat Hinojosa, acompañado de varios funcionarios de primero y segundo nivel acudieron a Yaitepec a participar en el llamado “Tequio por la paz”. Pero cuando la mayoría se proponía retirar, al menos 60 funcionarios y trabajadores fueron retenidos por enardecidos pobladores. Se trata de una burda maniobra, seguramente orquestada por quienes manipulan a los chatinos, pues todo apunta a que los cabecillas son personas taimadas, perversas y ventajosas, que no ponderan las intenciones gubernamentales para que las cosas no tengan un desenlace violento. Ante esta situación, el gobierno estatal debe llamar a las autoridades municipales para emplazarlas a evitar este tipo de provocaciones, que pueden en algún momento, tener un resultado trágico para algunos. Es un intento torpe y rapaz de provocar, con el manido argumento de compromisos no cumplidos, cuando todo mundo sabe que esta gente no sabe cumplir acuerdos. El Estado tiene muchos mecanismos para hacerse respetar, pues lo que aquí se pone en tela de juicio es el desprecio y el poco respeto que han tenido por las intenciones gubernamentales para distender la problemática agraria.
A sanear afluente
Según lo publicamos la semana pasada, un grupo de oaxaqueños que participan en una organización denominada “Litigio Estratégico”, lograron ya un amparo, otorgado por un Tribunal Colegiado con sede en Guerrero, para exigir a las autoridades acciones enérgicas para sanear el Río Atoyac. Y es que como ya lo hemos comentado, dicho afluente no sólo está contaminado con descargas de aguas residuales sino además, sus márgenes se han convertido en la manzana de la discordia entre sindicatos y confederaciones que se disputan contratos de obra. Los playones del Atoyac son ahora cuasi propiedad de dirigentes violentos y líderes taimados que buscan por doquier adueñarse de terrenos federales. En un pasado editorial comentamos del grave riesgo que pende sobre nuestra ciudad en caso del desbordamiento de dicho afluente, habida cuenta de que hace cincuenta años la crecida trajo consigo daños considerables a la capital. Hoy en día, el río ha devenido igualmente, un refugio para alcohólicos crónicos, drogadictos e indigentes. Ahí también ciertos grupos delictivos hacen sus operaciones ilegales o sirve de basurero a quienes detentan la propiedad de algunas bodegas en la Central de Abasto.
De no tomar acciones inmediatas tanto el gobierno estatal como el municipal, luego de este ordenamiento judicial, estarían incurriendo en desacato, por lo que vale la pena más bien, ponerse a trabajar en algún proyecto que tenga como prioridad, sanear y salvar al citado río. Por lo pronto, no estaría por demás que las autoridades levanten un censo de la situación de invasión de que han sido objeto sus playones y riberas, en donde encontrarán que hasta mansiones hay edificadas ahí, en un terreno que es propiedad de la Federación y que deben ser desalojados sin más. Hasta donde sabemos, hay cientos y cientos de viviendas, bodegas y hasta negocios, que se han instalado ahí, sin que autoridad alguna haya conminado a los invasores a respetar las riberas del afluente. El resultado está a la vista. Una contaminación brutal que no se puede tratar hasta en tanto no sean desalojadas las personas que ahí construyeron sus casas o negocios. No hay que olvidar que en la disputa por dichas tierras, han generado hechos de sangre, como el enfrentamiento que tuvieron hace unos meses, militantes del Sindicato Libertad y CATEM, en el cual murió un joven adolescente.
