El memorándum

El martes de la semana pasada, el presidente López Obrador expidió un memorándum dirigido a los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tomar medidas que “dejen sin efecto a la Reforma Educativa”.
La medida es reflejo de las aspiraciones y limitaciones de la Presidencia que, ante una de las primeras crisis de su gestión, han demostrado cuál es la visión de su gobierno, una que ha dejado preocupado a más de uno.
Empecemos con el problema jurídico de la propuesta de Presidencia. Para dejar sin efecto una serie de reformas legales impulsadas por la administración de Peña Nieto -con apoyo de la mayor parte de la oposición debido al extinto Pacto por México-, que incluyen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Generales y normas reglamentarias, el presidente optó por el uso de una medida administrativa, misma que, por su naturaleza, no tiene el mínimo alcance para causar los efectos anunciados por el presidente López Obrador.
Es decir, con una determinación unilateral del titular del Poder Ejecutivo, se pretende ordenar la abrogación de determinaciones del Poder Legislativo, mismas que les rigen y que, además, contraviene ya muy repetido el slogan del presidente de México: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Aún imaginando el hipotético caso que el memorándum tuviera validez jurídica en sus efectos, tendrían graves consecuencias sobre el estatus de los docentes, pues se generaría falta de certeza jurídica en sus derechos y modalidades de contratación pues al eliminar el régimen vigente se tendría que desarrollar una estrategia retornar al status quo ante, sin clarificar cómo los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación se ajustarían a la determinación presidencial.
Más allá de lo jurídico, la emisión del memorándum revela que a pesar de que Morena arraso en la elección de 2018, no cuenta con el poder político para poder aprobar las reformas constitucionales sin tener que hacer compromisos con la oposición. Además, este tema en particular ha hecho notar la disidencia y el bloque duro dentro de las filas de Morena en el Poder Legislativo, lo que impide el avance de la versión de reforma educativa que pretende Presidencia -impedido especialmente por la negativa de la entrega del control de las plazas docentes para la restitución del tráfico y herencia de las mismas-.
Ahora, podría ser que Presidencia, sabiendo de las limitaciones del memorándum, lo expidió como una señal de buena voluntad hacia la CNTE para que la gremial otorgue un voto de confianza al presidente López Obrador al refrendar su compromiso de campaña de eliminar la Reforma Educativa. No obstante, si esa ha sido la intensión, es una que solo muestra el desconocimiento de los operadores del Poder Ejecutivo sobre las estrategias de negociación de la Coordinadora, lo que ha convertido a la medida administrativa de “abrogación” en un mero esfuerzo discursivo de negociación y en un verdadero punto de preocupación para la oposición, la academia y los juristas.
El memorándum de la Presidencia ha revelado el pragmatismo y desdén por los procesos del titular del Poder Ejecutivo, una fórmula que se ha probado con anterioridad y que ha demostrado llevar a resultados negativos. El atrevimiento del Presidente fue una apuesta arriesgada y que, en este caso, traerá más problemas que soluciones. Los días santos han difuminado el impacto de la medida y será hasta días después podremos sopesar el alcance del golpe. Veremos entonces si el memorándum supera la Constitución.
@GalateaSwanson