Lugareños que viven cerca de dos minas en explotación, una en tierras de Yautepec y otra en San José del Progreso, Ocotlán, han dado señales de alarma por fugas en sus represas de lixiviados (desechos tóxicos). Hoy que pueblos de la Sierra Juárez insisten en su pronunciamiento de no a la explotación minera por el alto riesgo ambiental que representan, y la emergencia que viven en Brasil, por la rotura de una de estas presas, vale poner en este espacio un ojo avizor.
Brasil vive la repetición de una catástrofe humana y ambiental ya conocida. De nuevo, una presa de residuos se rompió el viernes pasado en una mina en el sureste de aquel país creando un descomunal río de lodo y graba que arrasó todo lo que encontró a su pasó incluido el comedor de los trabajadores de la empresa “Vale” que explota la mina. Las autoridades dan cuenta de 40 muertos y unos 250 mineros desaparecidos. Se desconoce que originó la rotura de la presa que contenía residuos químicos que utilizan para el lavado del mineral, altamente tóxicos.
Aunque las fugas de las presas de Lixiviados han sido denunciadas por los lugareños, las autoridades de la Profepa, oficialmente, no han informado de la gravedad del asunto, pero el riesgo allí está.
HISTORIA NEGRA
Estas son algunas de las razones por las que los pueblos indígenas exigen al presidente López Obrador, suspender las que existen y no autorizar ninguna concesión más. Pero no son las únicas. Además del daño ambiental, este tipo de explotaciones trastocan la convivencia social. Vale recordar el conflicto y las muertes en San José del Progreso.
En enero del 2006, Alberto Mauro Sánchez, presidente municipal de esa comunidad, fue asesinado. Durante su gestión se autorizó la operación de la mina “Cuzcatlán”, la cual generó encono y conflictos muy fuertes entre las autoridades que respaldaron a la empresa minera y ciudadanos vinculados con el Frente Popular Revolucionario (FPR) que alientan grupos ligados a la Iglesia católica y el Magisterio. En aquel año la disputa generó tres asesinatos, entre ellos el del activista Bernardo Méndez Vásquez. El hoy occiso, Alberto Mauro Sánchez, había denunciado persecución política, pues tenía conocimiento que la hoy Fiscalía General de Justicia tenía orden de aprehensión en su contra por las muertes del presidente municipal de San José del Progreso, Venancio Óscar Martínez Rivera y el regidor de Salud, Misael Hernández.
El 19 de junio de 2010, fueron asesinados el presidente municipal y el regidor de Salud de San José del Progreso, fueron heridos de bala 4 personas y muchos más fueron golpeados; el párroco de San Pedro Apóstol, Martín Octavio García Ortiz, fue acusado de ser el autor intelectual del atentado. Inclusive, fue arraigado unos días por la Procuraduría de Justicia, pero las presiones de las organizaciones que encabezaba, lograron su libertad.
Desde enero del 2010, el sacerdote Martín Octavio García Ortiz ya era señalado como uno de los incitadores de los “antimineros”.
Fue arraigado desde el 22 de enero para investigar su participación como incitador de opositores a la mina para asesinar al presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera y al regidor de Salud, Félix Misael Hernández.
Con este cura fueron investigados otros nueve arraigados, Jorge Sánchez Hernández, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, Marcelino Padilla Vásquez, José Guadalupe Padilla, Silvino Vásquez López, Benedicto Vásquez Vásquez, Celso Vásquez Sánchez, Lorenzo Bertín Vásquez López, activistas de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, que se opone a la explotación de la mina “La Trinidad”.
Desde entonces, la paz social no ha vuelto a ese pueblo y el deterioro de los recursos naturales es más que notorio.
POLICÍAS LADRONES
Vaya, escándalo que motivó la denuncia del colega reportero Armando Chávez al descubrir que su familia fue asaltada por un retén montado por agentes de la Policía Ministerial al mando del comandante regional de la Mixteca, Tomás López Ríos. Identificado como la persona que ordenó la detención del vehículo en que viajaban las hijas y familiares del comunicador, éste pidió que el agente policiaco sea sancionado penalmente.
El incidente fue en la carretera, cerca de Yanhuitlán, donde los policías que portaban chalecos con logotipos AEI, despojaron a los viajeros, sin mayor explicación, de dos mochilas con pertenencias.
El hecho se registró el pasado sábado 26 por la tarde. No es la primera vez que el comandante Tomás López es acusado de abusos. En complicidad con el Ministerio Público de Teotitlán de Flores Magón montaba retenes similares y actuaba coludida con la comandante Teresa Raquel Cortés involucrada en robo de transporte de carga en la zona de Tlaxiaco. Lo curiosos es que, ambos policías, siguen en funciones.
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