Veracruz es el primer estado de México en prohibir formalmente las peleas de gallos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una controversia interpuesta por los empresarios criadores de gallos de pelea en la entidad. La Ley de Protección a los Animales Para el Estado de Veracruz considera las peleas de gallos un acto de crueldad y maltrato por lo que el gremio de criadores acudieron al máximo tribunal para que se volvieran a permitir estos espectáculos.
En el documento de amparo presentado por la Comisión Mexicana de Promoción Gallística A.C., señalaban que los cambios hechos a la ley en noviembre de 2016 vulneraban sus derechos constitucionales a la cultura, propiedad, libertad de trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación.
Sin embargo, la Suprema Corte resolvió que estos cambios no violan la Constitución de México. “Ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución”, resolvieron los ministros de la Primera Sala.
Constitucionales, artículos de la Ley de Protección a los Animales para Veracruz que prohíben las peleas de gallos: Primera Sala: https://t.co/ipknCNN02C pic.twitter.com/WDjrf9PAII
— Suprema Corte (@SCJN) 31 de octubre de 2018
Efraín Rábago Echegoyen, presidente de la sección nacional de la Comisión de Promoción Gallística dice a Verne que esta resolución representa un duro golpe para los criadores veracruzanos. “(La resolución) estaba amañada”, dice. “Ahora las peleas están prohibidas, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque creemos que hay algo turbio en esa decisión”, señala vía telefónica.
Para las organizaciones a favor de los derechos de los animales se trata de una victoria que marca el inicio de una lucha más larga: la prohibición a nivel nacional. Antonio Franyuti, director general de la organización Animal Heroes, cuenta a Verne que aunque es un primer paso, los defensores de animales tienen planeados varios caminos para que las peleas de gallos se prohíban en todo México. “Primero podemos hacerlo como se hizo con los animales que se usaban en circos, haciendo que cada legislatura local modifique sus leyes y en segundo lugar a través de una ley federal”, detalla, vía telefónica.
En 2016, integrantes de Animal Heroes y senadores de varios partidos expidieron un proyecto de decreto para crear la Ley General de Bienestar Animal, misma que no fue aprobada y que se pretende retomar en esta legislatura, probablemente al iniciar el 2019. “Apoyamos la creación de una bancada animalista en donde varios senadores, diputados y gobernadores trabajarán por los derechos de los animales”, comenta Franyuti.
Si la Suprema Corte emite otras cuatro resoluciones como la que ha hecho en Veracruz constituirán jurisprudencia, es decir, podrá aplicarse a nivel nacional. “Podría suceder y sería un golpe tremendo para las tradiciones mexicanas y de cientos de miles de personas que trabajan en esto”, dice Rábago.
Franyuti comenta que se llevan a cabo alrededor de 2.500 palenques con peleas de gallos al año, pero el número real es incierto. “Se hacen en condiciones de clandestinidad”, detalla. “Esperamos que con este precedente podamos avanzar en la materia”, dice. En estos eventos, a las aves se les amarran navajas en los espolones, con el fin de provocar más daño al animal contrario y provocarle la muerte.
De acuerdo con datos proporcionados por la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, existen 50 millones de ejemplares de gallos de pelea en México en una industria que mueve 3,5 millones al año. “Estamos perdiendo nuestras tradiciones y prohibirlas para siempre sería catastrófico”, cuenta Rábago. Criadores de gallos y empresarios taurinos y de palenques están planeando una marcha en la Ciudad de México para protestar por el avance de estas iniciativas en el país.
En México, las peleas de gallos se remontan al siglo XVIII y las iniciativas para prohibirlos han avanzado en la última década. En Estados Unidos es una actividad prohibida a nivel local en los 50 estados desde 2017 y en otros lugares de Latinoamérica se prohíben solo a nivel local.
