Varios funcionarios públicos que se desenvolvieron dentro de la administración sexenal del Presidente Enrique Peña Nieto, se encuentran bajo observancia y podrían enfrentar reclamos legales después del primero de diciembre.
Dentro de ellos se encuentra uno que cuenta con fuero constitucional, aunque los restantes terminan sus compromisos en la administración pública federal el 30 de noviembre y desde ese momento se podría ejercitar alguna acción en su contra.
Es cierto que el todavía Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descartó una cacería de brujas y ha reiterado que no es hombre de venganzas ni revanchas, se considera que para arrancar su gobierno deberá poner un correctivo para aquellos que abusaron en el ejercicio del poder.
Uno de los principales motivos por los que la ciudadanía se volcó en las urnas por el proyecto AMLO fuero las múltiples ocasiones en que pronunció su discurso anticorrupción.
Y es que no se trataría de cacería de brujas, sino solamente de aclarar el porqué reinó la impunidad y no se actuó en contra de los que fueron acusados de desvío de recursos o mal manejo del erario.
El caso más notorio es el de Rosario Robles, titular de Sedesol y Sedatu, la que reitera en todo tipo de foros, su inocencia en la llamada Estafa Maestra.
Otro más, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, elude todo tipo de responsabilidades en sin fin de obras en las que se incrementó de manera escandalosa el presupuesto proyectado o fueron mal terminadas.
Luis Miranda es el diputado federal, cuenta con fuero, pero es señalado desde diversas instancias, por su abuso y prepotencia, primero en la subsecretaría de Gobernación y después como titular de Sedesol. Benito Neme, director de Capufe, ya que existen dudas sobre algunas licitaciones en esa área. Otros más como Luis Videgaray (SRE), Eviel Pérez (Sedesol), algunos funcionarios menores y gobernadores.
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