Hace al menos tres semanas, los medios de comunicación nacionales dieron cuenta de un evento desafortunado: dos tracto-camiones con frigorífico recorrían el estado de Jalisco. Lo que pocos sabían era de su carga inusual: cerca de trescientos cadáveres no reclamados ni identificados, que habían estado en el Instituto Forense, pero que literalmente fueron mandados de paseo, ante la incapacidad de dicha área oficial para poder mantenerlos en sus instalaciones. Primero fue descubierto uno y después el otro pesado vehículo, luego de la denuncia de los vecinos de algunos fraccionamientos habitaciones, quienes se quejaron de los olores fétidos. Luego de que este tema fuera abordado en medios, en medio de la crítica, el gobierno del Estado de Jalisco tomó importantes decisiones, como el cese del responsable y la inmediata construcción de un sitio en dónde depositar los cadáveres que no fueran reclamados por sus familiares y objeto de alguna indagatoria judicial. Se tomaron pues, cartas en el asunto, habida cuenta de que tampoco se les podía dar sepultura o enviarlos a la fosa común, sin agotar las instancias legales correspondientes.
Pero, por lo visto, no sólo en la referida entidad se dan este tipo de situaciones. Es evidente que en Oaxaca no nos quedamos atrás en el tratamiento que se le da a los cadáveres. El domingo 30 de septiembre se hizo viral una foto y nota, en la cual el edil de Santiago Jamiltepec se quejaba de la terquedad del médico legista, asignado a oficinas ministeriales de Pinotepa Nacional, para realizar las necropsias prácticamente a oscuras y en la vía pública. En las fotografías aparecen algunas personas alumbrando el dantesco escenario, con lámparas de celular, mientras el cadáver de una persona desconocida, era objeto de estudio en el suelo. Obviamente, los vecinos se quejaron de los olores propios para este tipo de maniobras, además del escurrimiento de líquido sanguíneo. No se trata de una denuncia simple. Es un serio asunto de salud pública. Si bien es cierto que en los municipios puede no haber instalaciones forenses, normalmente las necropsias, instrumento que no debe omitirse en casos de muerte que no es natural, las mismas se llevan a cabo en los panteones municipales. Las autoridades no deben omitir que si bien hay prioridades institucionales, a los muertos hay que darles un tratamientos digno y decoroso.
Salvajismo e indolencia
Cuando los oaxaqueños no nos acabábamos de reponer de la imágenes dantescas del linchamiento de dos personas que se dio en Acatlán de Osorio, Puebla, hace unas semanas, cuando dos personas fueron incineradas en vida, al ser acusados de intentar robarse niños, entre ellos un joven estudiante de la Universidad Veracruzana, cuando otro escenario criminal y multitudinario nos volvió a esta realidad de crueldad, indolencia y rumor, en Metepec, Estado de Hidalgo, en donde una multitud se volcó en contra de cuatro personas, al señalarlas también, de ser roba-chicos. Tres fueron rescatados. Uno perdió la vida al ser igualmente quemado con gasolina. Éste último, se supo después, era Agente del Ministerio Público asignado a la Fiscalía General de dicha entidad. No obstante la forma tan ruin, sin juicio ni proceso, en la que la multitud ha hecho justicia por propia mano, poco se sabe de detenciones u órdenes de aprehensión de los responsables, habida cuenta de que en México, existen leyes que castigan de oficio el homicidio. Y en estos casos el ilícito se acredita, no obstante sea una masa amorfa de vecinos los que cometen el crimen.
Y Oaxaca tiene también una larga historia de linchamientos. Ya hemos mencionado en segmentos anteriores algunos. Sólo para refrescar la memoria, el pasado domingo en la comunidad de La Boquilla, Chicometepec, perteneciente al municipio de Santa María Huazolotitlán, un sujeto de al menos 35 años de edad –se comenta que enfermo de sus facultades mentales- fue muerto por la turbamulta. Lo acusaron de haber violado a una mujer de 50 años de edad. La Policía Municipal lo detuvo, pero hasta la cárcel de la comunidad fue la turba para sacarlo a empellones, amarrarlo a un poste y quitarle la vida. La Policía Estatal llego demasiado tarde. El sujeto ya había muerto. Sin embargo, en este tipo de casos no es difícil dar con los responsables. Ya lo hemos dicho: el que incita a la turba al linchamiento, quien lleva la voz cantante y lidera a los indolentes, además de aquel que para incinerar lleva la gasolina o el arroja el cerillo. Los linchamientos no deben quedar en la impunidad pues sientan un mal precedente. Se trata de homicidios calificados con las tres agravantes que establece la ley penal: premeditación, alevosía y ventaja. Y así sea una multitud la que agrede y mata, debe sentarse un principio de autoridad, para acabar con esta forma de salvajismo e indolencia.
