Un balance de lo que se ha avanzado en el rubro de la reconstrucción de la zona devastada por los sismos de septiembre de 2017, puede dar muchas sorpresas. Notas periodísticas al respecto advierten que no se ha logrado ni siquiera un 50 por ciento. Otras más conservadoras revelan una realidad más cruda: los apoyos gubernamentales se perdieron en un sinfín de componendas que jamás se resarcieron. Las entrevistas con decenas de damnificados son más elocuentes: siguen en las mismas. No hay duda que iniciará el bombardeo mediático, incluso de los medios mal llamados nacionales que, se presume, están bien atendidos desde Oaxaca. Para no especular, sólo basta darse una vuelta por la zona siniestrada para percatarse de la magnitud del abandono. Y si se logró avanzar un poco es gracias al indiscutible apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y la mano generosa de fundaciones, cámaras empresariales, artistas y otros, que aún recientemente, aportaron su óbolo para tan noble causa: la reconstrucción. Entre la población istmeña circula la especie de que el gobierno estatal se vio totalmente rebasado en la contingencia, pero además, ello se combinó con la incompetencia de algunas áreas que no cumplieron con la instrucción del gobernador Alejandro Murat, de atender con prontitud y eficiencia a los afectados por los siniestros citados.
Uno de los factores que más influyó para este apoyo a cuenta gotas fue la politización de la situación de emergencia: todo mundo quiso meter la mano para beneficiarse políticamente. Y en el afán de decir “aquí sólo mis chicharrones truenan” sólo unos cuantos se quedaron con todo el paquete sin resolver nada. No faltaron quienes a nivel local quisieron llevar agua a su molino, como la ex presidenta municipal de Juchitán y hoy diputada local electa por Morena, Gloria Sánchez López. Con el pretexto de exigir un nuevo censo generó una ola de inconformidad social. Por eso decimos que no faltaron los vivales que, cual buitres, se empeñaron en sacar ventaja de la tragedia. Es importante subrayar que desde el mismo día del siniestro asomó la ambición de unos y la incompetencia de otros. Hubo demasiados generales y poca tropa. Ahora, a un año de distancia, los afectados exigen que los apoyos para la reconstrucción fluyan sin dilación ni pretextos. El gobierno de Alejandro Murat tiene la palabra y nadie más. No más ficciones ni simulación.
Violencia contra mujeres
Desde la administración pasada, las estadísticas muestran una tendencia ascendente en los crímenes cometidos en contra de mujeres. Oaxaca se ha ubicado a nivel nacional en uno de los primeros lugares en feminicidios, pero además, en donde los criminales de este tipo de actos no reciben castigo. Es decir, es la impunidad lo que ha actuado como complemento fatal para dicho ilícito. Resulta paradójico que mientras las luces amarillas se encienden para hacernos notar la lentitud con la que el gobierno estatal decreta la alerta de género, uno de los presuntos responsables de un triple homicidio, en donde dos de las víctimas fueron mujeres, sea liberado. Los homicidios en contra de mujeres y los feminicidios se han disparado simplemente. El pasado martes trascendió la noticia de que en San Simón Almolongas, Miahuatlán, una joven mujer fue acuchillada hasta provocarle la muerte. Otra mujer fue baleada en Ejutla. Y así como estos casos, es ya común que en Tuxtepec, mujeres sean ejecutadas por los grupos criminales que merodean ahí desde hace tiempo o en Juchitán de Zaragoza o la Costa. Es decir, no hay región en la entidad que se haya salvado de la violencia en la cual las mujeres llevan la peor parte.
Como lo dio a conocer hace unos días la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en 14 entidades federativas, incluida Oaxaca, se ha emitido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y están en ese proceso otras nueve entidades, además de otras siete en que el recurso fue denegado pese a los insistentes llamados de la sociedad, lo cual implica que el país completo vive este fenómeno. “Ante este fenómeno no podemos ser omisos, porque las omisiones en este sentido serían criminales”, expresó el ombudsman, Arturo Peimbert Calvo. En efecto, se requiere en el país un compromiso tácito del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres, certidumbre para la equidad e igualdad de oportunidades y terminar de una vez por todas con las prácticas discriminatorias. Más aún, que la alerta de género incida para reducir el índice de feminicidios, sobre todo la violencia en contra de las mujeres, que hace de nuestro país y del estado, un paraíso de machistas y de alarmante impunidad que ha acompañado a este fenómeno y ha permitido que siga en aumento. En diversos sectores de la sociedad hay plena consciencia de que estas prácticas deben ser acotadas con la fuerza de la ley y el Derecho.
