Hace un año, justamente cuando el equipo gubernamental estatal no terminaba de festinar la atropellada visita del presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca, luego del acoso del Cártel 22 y de otras organizaciones afines, quienes –jamás se investigó a fondo- vulneraron la coraza que cubre las giras presidenciales, al perforar uno de los costados de un helicóptero oficial, habría de venirse encima una de las peores tragedias que se han abatido sobre la entidad: un sismo de 8.2 grados en la Escala de Richter, uno de los más fuertes en la historia sísmica de Oaxaca, habría de convertir a la región del Istmo de Tehuantepec, casi en un campo de devastación, destrucción y muerte. Decenas de personas murieron y miles y miles de viviendas quedaron total o parcialmente destruidas. Cuando aún no amanecía, las caravanas de ayuda humanitaria circulaban ya por nuestro territorio, al igual que el apoyo de grupos de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina/Armada de México. El gobierno federal desplazó a todo el gabinete, al igual que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa hacía lo propio. Centenas de funcionarios federales, estatales, militares y demás, prácticamente cambiaron de residencia para permanecer brindando apoyo a los daminificados, particularmente de Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, San Francisco Ixhuatán y otras decenas de comunidades.
No obstante la aprensiva presencia de los tres órdenes de gobierno y la coordinación del gobierno de la República, en manos de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, las huellas del abandono oficial están presentes. Miles de damnificados no han recibido apoyo. Las labores de reconstrucción han resultado demasiado lentas, asomando la negligencia de los responsables oficiales. Hay cientos de escuelas que no han iniciado formalmente el ciclo escolar, no obstante la labor desplegada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en su compromiso de rehabilitar los edificios dañados, conscientes de que los recursos disponibles jamás serán suficientes para tal propósito. En otros ámbitos, hay que reconocerlo, el mito de la reconstrucción ha sido eso. Miles de istmeños siguen esperando las bondades del gobierno sin que se llegue a la normalidad. Para muchos fue una burla el apoyo que se dio a través de las tarjetas de Bansefi, muchas de ellas sin recurso alguno, gracias a las corruptelas de buitres que se precipitaron sobre la tragedia.
Caso María del Sol: Más dudas que certezas
El martes pasado en la madrugada fue liberado Jehú G. L., quien fue detenido hace unos días por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de que un juez lo señalara como presunto responsable del asesinato de tres personas: Pamela Itzamaray Terán Pineda, María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra, a principios de junio, en plena campaña política para la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Desde que fue detenido se dieron una serie de medidas de presión para liberarlo. Una de ellas fue el bloqueo permanente en la Carretera Internacional 190, a la altura de La Ventosa, de donde es originario tanto el citado Jehú como el frustrado candidato a la presidencia municipal, Hageo Montero López. Todos ellos participantes del rito cristiano. El lunes, durante la audiencia ante el juez de control, decenas de personas, entre ellas familiares y otros del detenido, realizaron una manifestación en las afueras de Ciudad Judicial, con el propósito de presionar tanto al agente del Ministerio Público como al Juez de Control, que finalmente lo liberó.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado fueron, según conocedores del caso, contundentes para vincular a proceso a Jehú. Sin embargo el citado juzgador las desestimó y sin más decretó auto de libertad, dejando entre la ciudadanía la certeza de que en Oaxaca la justicia tiene que hacerse a un lado para que pase la política. La serie de contradicciones, la duplicidad de declaraciones, la aportación de un supuesto perito en geolocalización, que no convencieron a nadie, fueron entre otras pruebas las que el Juez estimó fehacientes para dar su resolución. Lo cierto es que este caso como otros, han dejado entre los oaxaqueños una huella profunda de desconfianza, habida cuenta que tal parece que se sigue aplicando la sentencia juarista de: “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. No hay que olvidar que en la región istmeña, los intereses económicos no son menores y la secta cristiana tiene las manos metidas en las empresas que generan energía eólica. No haber vinculado a proceso al indiciado, no obstante los elementos aportados por la Fiscalía sienta un pésimo precedente: o que la justicia se doblega ante la presión y el interés político, o que hubo línea para liberar a un inculpado de un triple homicidio.
