No basta ser un experto para darse cuenta de que el sistema de partidos políticos no sólo ha sido un fracaso, sino además, una carga demasiado onerosa para el erario público. Cada proceso electoral federal o estatal, surgen nuevos membretes que a lo largo del día se transforman en partidos políticos. Es el caso del llamado Partido Socialdemócrata de Oaxaca (PSDO), recientemente liquidado por las autoridades electorales, en virtud de que no alcanzó el porcentaje de votos en el pasado proceso, tal como lo dispone la ley vigente. Dicho instituto político, propiedad o franquicia de un matrimonio, cuyos miembros son los que se han beneficiado, surgió de un organismo en apariencia indígena denominado Shuta Yoma. Con el argumento de que sus integrantes y origen provenían de grupos étnicos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validó su autorización como PSDO. Tarde se dieron cuenta de que era una farsa, que sólo beneficiaba a sus franquicitarios: Manuel Pérez Morales y su esposa, Guadalupe Murillo. El primero ya fue diputado local, candidato a la gubernatura y cada en cuando participa de nueva cuenta. Sólo él. Los demás no cuentan. Lo mismo ha pasado con el recientemente creado Partido de las Mujeres Revolucionarias (PMR), que también fue liquidado.
En estos días trascendió que quien fuera dirigente de otro membrete: el Partido Renovación Social (PRS), Joaquín Ruiz Salazar, estaba empeñado en registrar de nuevo a su organización, tomando como bandera que ciertos partidos políticos nacionales quedaron en calidad de entelequias en el pasado proceso electoral. Lo que tal vez desconozca el aludido es que al menos en Oaxaca estamos hasta la coronilla de partidos políticos morralla, que perviven de las prerrogativas y que ni tienen representatividad ni, mucho menos arraigo entre la ciudadanía. Es más, resultan demasiado onerosos para mantenerlos. Hay que recordar que quienes realizan el papeleo de autorización o abanderan la causa de los nuevos partidos, son en su mayoría quienes obtienen los mayores beneficios. Es decir, se convierten en propiedad privada de los dirigentes y quienes les dan cuerda. Definitivamente algo tiene que hacer la sociedad civil para que los citados membretes dejen de convertirse en otra carga más pesada, para nuestra incipiente democracia.
Una reacción tardía
Hace un par de días trascendió que según informó el Secretario de Economía del gobierno estatal, Juan Pablo Guzmán, esta semana se interpondrá un juicio de improcedencia en contra de la recién autorización de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a tres entidades del país, de la denominación de origen del mezcal. Hace poco más de una semana, el mismo gobernador Alejandro Murat encabezó una marcha de protesta en la Ciudad de México, junto con centenas de productores de mezcal, que se opusieron a tan aberrante disposición. Sin embargo, según expertos en el tema, el rejuego de la llamada denominación de origen viene desde hace al menos tres o cuatro años. Incluso –se sabe- que desde el inicio de su gestión se le puso al tanto el ejecutivo estatal. La defensa de nuestro mezcal debe estar por encima de todo, habida cuenta que es nuestra bebida más tradicional y nadie nos puede regatear su originalidad. Es evidente que la defensa de la misma es tardía, pues hubo avisos y alertas a tiempo, las cuales fueron desestimadas. Ahora, sobre hechos consumados –como fue la autorización a los estados de México, Aguascalientes y Morelos- que no son más que cuestiones amañadas por los grandes consorcios del vino y el alcohol, se pretende poner remedio.
El revire que se dio luego de que Murat Hinojosa encabezara la marcha para hacer presión ante el IMPI, y que difundió un diario capitalino respecto al pago de una indemnización a una empresa, cuando el ejecutivo se desempeñaba como titular del Infonavit, da cuenta que en el tema del mezcal hay demasiados intereses. En efecto, ante el boom de la bebida en el mercado internacional, los grandes consorcios no se quieren quedar atrás y tratan –así sea por la vía de la ilegalidad- de obtener beneficios millonarios, con un producto que en Oaxaca se elabora de manera artesanal. Industrializar el mezcal y masificar su consumo es lo que está en la mente de los especialistas de dichos consorcios. Y ello se da, justamente, cuando nuestra bebida más tradicional, prácticamente ha desplazado a otras bebidas alcohólicas en mercados como el europeo, asiático y de América del Norte. Los intereses en juego pues, no son menores. No obstante, hay que reconocer que cuando se encendieron las alertas sobre esta aberrante decisión del IMPI, nadie las tomó en cuenta. He ahí la tardía defensa del mezcal.
