Comunidades indígenas sin el beneficio de los programas sociales: Padecen violencia y hambre

La población indígena que habita en las diferentes regiones de Oaxaca, continúan padeciendo grandes obstáculos para alcanzar una vida digna, garantías individuales y el respeto a sus derechos humanos.

Desde las montañas donde padecen violencia, hambre y sin recursos necesarios para acceder a una educación de calidad, los indígenas se encuentran totalmente abandonados por las autoridades encargadas de atender a los pueblos originarios.

Los que logran llegar a las grandes ciudades enfrentan un panorama desolador de discriminación, racismo y pobreza urbana, estancándose la mayoría de ellos en los círculos denominados “cinturones de la pobreza.

Un mínimo porcentaje de esta población que ha logrado concluir sus estudios, ha emprendido luchas incansables para tratar de encabezar el respeto hacia los pueblos originarios, ya sea desde un ámbito personal o constituyendo asociaciones civiles en defensa de sus territorios.

Pese a ello, los resultados, informes, estudios e investigaciones que se han desarrollado en los últimos años, no han cambiado y siguen arrojando datos alarmantes sobre la difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas en todo el país, principalmente en el estado de Oaxaca.

Panorama nacional

México es uno de los 12 países megadiversos del mundo que alberga entre 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta. Entre los estados que concentran la mayor diversidad se encuentran Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, que al mismo tiempo son los de mayor presencia de pueblos indígenas.

Investigadores de organismos locales, nacionales e internacionales, destacan que esto obedece al papel central que juegan los pueblos y comunidades para la conservación y manejo de los ecosistemas, quienes aportan una energía social importante para frenar el deterioro social, cultural y ambiental en los procesos de globalización.

Pese a ello, actualmente los pueblos originarios enfrentan un sinfín de obstáculos y desafíos en la garantía de sus derechos constitucionales, tales como violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos humanos y políticos.

Un informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México, elaborado por la relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, señala que uno de los grandes obstáculos de estas comunidades, es la falta de acceso a la justicia para proteger sus derechos humanos, y sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos.
La falta de garantías ha provocado inseguridad y violencia que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas; este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos.

Población indígena

De acuerdo con cifras oficiales del 2017, en México, la población indígena se estima en 12 millones 25 mil 947 de personas, que constituye el 10.1% del total del país. El número de mujeres indígenas asciende a 6 millones 146 mil 479, mientras que los hombres indígenas suman 5 millones 879 mil 479. El Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales estima 68 agrupaciones lingüísticas, que tienen a su vez distintas variantes.

En este contexto, Oaxaca cuenta con la mayor diversidad étnica en el país, datos oficiales señalan que en la entidad habitan 15 pueblos indígenas, un pueblo negro Afroamericano, 434 municipios indígenas, 5 familias lingüísticas, 15 lenguas y 176 variantes, lo que corresponde un 70 por ciento de población indígena.

Los pueblos originarios son Amuzgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Triqui, Zapoteco y Zoque. Asimismo, existen diversos reagrupamientos étnicos, culturales y lingüísticos que los conforman, como es el caso de los Tacuates.

En el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó alrededor de un millón 203 mil personas hablantes de alguna lengua indígena en la entidad, lo que constituye al 31.6 por ciento de la población de tres años y más, y 58 por ciento de la población se autoadscribe como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas de Oaxaca.

Desplazados y discriminados

Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y pueblos indígenas que promueven el respeto hacia este sector de la población, advierten que los pueblos indígenas en México siguen siendo objeto de discriminación estructural, sistemática, institucional y social; así como inseguridad y violencia.

Esta problemáticas históricas se complejiza en razón a la identificación de un marco de políticas y reformas estructurales que privilegian los intereses de los actores privados en detrimento de los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas.

Marcos Leyva, de EDUCA, señala que en Oaxaca, existen un sinnúmero de problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas, “por mencionar algunos no hay inversión para reactivar el campo devastado por la sequía, también la violación a sus derechos políticos para elegir a sus autoridades es recurrente”.

“Otro factor que han enfrentado en los últimos años es la realización de megaproyectos en territorios indígenas sin que se les tome en cuenta como la instalación de las eólicas, gasoductos, presas, minerías y la zona económica especial”.

“Se han realizado estas acciones sin que se les tome en cuenta, son de los principales reclamos que enfrentan. El sector privado tiene estrategias para tratar de alguna manera convencer a las autoridades de los municipios para que a través de un pago acepten la instalación de estos proyectos, lo hacen a escondidas del pueblo y cuando el pueblo se entera estallan las protestas por los graves daños que generan en el medio ambiente”.

Gabriel Silva, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C., expone que a pesar de que el gobierno mexicano firmó el Acuerdo 169 de la OIT, las instancias gubernamentales continúan sin aplicarlo como ocurre con el proceso de Consulta indígena sobre la modificación del Decreto de Veda 1967, que impide a 16 comunidades indígenas aprovechar sus recursos naturales.

Gerardo Martinez Ortega, coordinador de Área Estratégica del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. CEPIADET, destaca que en materia de justicia, el gobierno mexicano ha sido incapaz de cumplir con el debido proceso para el respeto de los indígenas, “esto a pesar de que es una obligación constitucional que el estado mexicano lo cumpla, pero en la práctica no es así”.

“Por mencionar uno de los obstáculos que enfrentan, es en referencia a los intérpretes para los hablantes de lenguas originarias, no hay intérpretes para atender la demanda de los indígenas, no destinan recursos para que los intérpretes acudan a defenderlos, esto ha provocado que haya muchas persona presas y que no se tomó en cuenta lo que la Constitución establece como Especificidades Culturales”, apunta.

Este panorama estatal, coincide con el informe “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México”, elaborado en 2017 por las Naciones Unidas, en el que advierte que la situación de los pueblos indígenas se agudiza teniendo en cuenta la, reducción, cada vez más intensa de participación pública de las comunidades indígenas y la continua intimidación a defensores y defensoras de la tierra, territorio y ambiente que se ha traducido en un número significativo de agresiones, ataques, asesinatos y desplazamiento a líderes indígenas, hechos que en la actualidad, no han sido debidamente investigados por el Estado mexicano.