En medio de una crisis en el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios de Oaxaca, la Secretaría de Asuntos Indígenas se mantiene no solamente descabezada víctima de vaivenes electorales, sino con el presupuesto más bajo de las dependencias que componen el gabinete del Gobierno del Estado e incapaz de hacer frente a la diversidad de problemas que afectan a comunidades zapotecas, mixes y mixtecas.
Algo no cuadra en la estructura del Poder Ejecutivo de Oaxaca: en un estado en el que más del 60 por ciento de la población perteneces a un grupo originario, el presupuesto con el que cuenta la SAI es de solo 23 millones 382 mil pesos, una décima parte de los recursos que maneja la Secretaría de las Infraestructuras y sus titulares han sido elegidos fuera de los propios pueblos.
Primero fue nombrada Sofía Castro, que duró un año con 13 días en el cargo, que dejó para competir por una candidatura más en su trayectoria política.
Su paso por la dependencia, asegura Vidal Antonio, defensor especializado en pueblos indígenas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, estuvo marcado por su incapacidad para dialogar.
“En la Secretaría de Asuntos Indígenas hemos tenido grandes aliados como también hemos tenido debilidades, la anterior titular, Sofía Castro, fue una persona que estaba equivocada de lugar, porque lejos de ayudar azuzaba a las comunidades, actuaba en la forma en la que ella está acostumbrada, a condicionar, a decir en qué forma se tienen que hacer las cosas y no a fortalecer a las comunidades”, asegura.
El siguiente personaje en el cargo, sin adscripción ni trayectoria en el trabajo con comunidades indígenas, Francisco Montero López, duró menos de siete meses en el cargo. Renunció el 4 de junio pasado tras el asesinato de María del Sol Jarquín, a quien comisionó en Juchitán de Zaragoza para apoyar en la campaña por la presidencia municipal a su hermano, Hageo Montero López, abanderado priista.
“Hasta la fecha no hay ni un titular ni tampoco un encargado, es una cuestión del Gobierno del Estado de ver un área que no tiene importancia cuando sí la tiene, volvemos a esta cuestión de la discriminación, no sé está priorizando un tema que tiene prioridad, una comunidad que viene a buscar a la secretaría, a quién se dirige si no hay nadie, es una cuestión grave en la que está cayendo el Gobierno del Estado al no nombrar un titular cuando es una obligación constitucional”, agrega Antonio.
Grave crisis
La desatención que otorga el Gobierno del Estado a las comunidades indígenas se da en un contexto en el que enfrentan graves obstáculos para disfrutar sus derechos, asegura el abogado Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
“Estamos viviendo una de las peores crisis en el ejercicio de nuestros derechos humanos, está documentado, el desplazamiento de territorios, la pérdida de lenguas indígenas, los proyectos a gran escala, como los proyectos mineros, eólicos, las hidroeléctricas que se están asentando en territorio oaxaqueño desde hace tiempo, pero que han cobrado relevancia en los últimos seis años, me parece que han llevado a las comunidades a un escenario de pocas vías para ejercer sus derechos humanos”, asegura.
La SAI, apunta, “debería ser el órgano rector en materia de políticas públicas en todos los aspectos, salud, educación, justicia, lenguas indígenas, todas los temas que albergan las comunidades indígenas tendrían que estar planteados desde una secretaría, tristemente lo que vemos es que eso no sucede y seguramente no sucederá porque no somos un tema de agenda pública real”.
Tanto para López Sarabia como para Antonio, la poca importancia que se da a esta secretaría solo revela la visión que se tiene de los pueblos indígenas desde el Estado.
“El problema es cómo estamos viendo a las comunidades indígenas en el país, cuál es su papel en la agenda pública, en la agenda de gobierno, los pueblos indígenas existen en el discurso, existen en los reconocimientos, en los convenios y tratados internacionales, pero no se nos está reconociendo como sujetos de derecho”, asegura el presidente del Cepiadet.
A pesar de que ha habido avances claros en la construcción del marco jurídico para reconocer los derechos de los pueblos originarios tanto en la constitución nacional como en la del estado, al momento de poner en práctica esos derechos, el Estado mantiene un actuar discriminatorio.
“A los pueblos indígenas se les se sigue viendo como un habitante más en Oaxaca, que no tiene derechos específicos, que no tiene trato preferencial hacia sus recursos y bienes naturales. No se ha entendido el sentido del artículo primero constitucional, muchos de los funcionarios que participan en la impartición de justicia siguen viéndolas como comunidades urbanas”, asegura el integrante de la DDHPO.
El artículo 1 de la Constitución política de México señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, no obstante, en Oaxaca, aún hay funcionarios públicos que aseguran que instrumentos como en convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no tienen carácter vinculante.
“Lo han sostenido, por ejemplo, en el tema de consulta, han dicho que no estamos obligados a consultar, es una pena que lo digan estando en la función pública”.
Obstáculos para acceder a la justicia
En materia de justicia para comunidades indígenas, el Estado mexicano ha generado un doble obstáculo, primero con un sistema de impartición y procuración de justicia entre los más ineficientes del continente, y luego minando las instituciones que sostienen las propias comunidades dentro de su organización comunitaria, las figuras tanto de los regidores como de los alcaldes.
Aunque en el Poder Judicial Federal como en el estatal han reconocido a estas figuras legales como capacitadas para impartir justicia y atender incluso delitos graves.
A contracorriente, asegura Antonio, “la comunidad tiene la facultad para impartir la justicia de acuerdo como lo marque sus sistema normativo interno, siempre y cuando no atente contra los derechos humanos, pero a estas alturas el ministerio público siempre está intimidando, le ha hecho ver que las comunidades no tienen capacidad para resolver un problema cuando se trata de un delito grave, que solamente pueden conocer delitos menores y quien tiene la capacidad de conocer es la Fiscalía, es un error fatal, no debe ser así, las autoridades municipales tienen la atribución para resolver sus propios problemas de manera interna. Debe garantizarse el principio pluralista, debe verse la manera de armonizar el derecho de los pueblos indígenas y el Código penal sin que violente un derecho o el otro”.
Del otro lado, cuando un habitante de una comunidad indígena requiere utilizar el aparato judicial del Estado se enfrenta con problemas maximizados por su condición de rezago, asegura López Sarabia.
“No solo es la falta de intérpretes, de defensores, el que deba trasladarme de mi comunidad a las cabeceras distritales para acompañar una carpeta de investigación, para venir a la ciudad de Oaxaca se vuelve un tema eterno y la gente de las comunidades se resigna a veces a no seguir sus procesos judiciales porque al final es imposible.
“En su mayoría, para estas personas que están ya en un conflicto con el Estado lo recurrente que te encuentras es que los juicios duran más de lo que la ley establece, recurrentemente encuentras que hay reposiciones de proceso porque se violó un derecho de las personas”.
Riqueza abandonada
De igual forma, ambos defensores de derechos humanos coinciden en que las decisiones económicas que ha tomado el Estado mexicano han afectado tanto la riqueza natural que preservan las comunidades indígenas como su principal fuente de ingresos, el campo. “En los Mixes, apunta Antonio, ha habido una constante migración, ha habido abandono del campo, porque el Estado se ha encargado de que el campo ya no tenga valor, de que el café ya no tenga valor, hace 30 0 40 años cuando levantaba una buena cosecha de café tenían dinero para todo el año, pero hoy trabajas para que el quintal te lo compren en un precio insignificante. Ha habido ese olvido hacia el campo”.
“En una entidad donde el 65.5 por ciento de la población se considera indígena, donde el 4.2 se considera afrodescendiente, el 80 por ciento del territorio es propiedad social, es el estado con mayor diversidad no solo social, lingüística, sino biológica, es decir, todo el ecosistema del estado se mantiene gracias a las reservas que esas comunidades siguen manteniendo, en ese sentido, no existe una política de atención a pueblos indígenas desde una perspectiva horizontal, suponemos que la pobreza la vamos a abatir a través de programas sociales, cuando está documentado que no está logrando abatir la pobreza.
“Si no se hace algo para revertir este escenario, esta diversidad biológica, cultural, probablemente esté corriendo también un riesgo de que su continuidad histórica desaparezca”, asegura López Sarabia.
