Existe confianza que la creación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec, una iniciativa de alcances históricos, que prevé una inversión de 170 mil millones de pesos para detonar el Corredor Industrial Interoceánico, se consolide en el próximo sexenio, luego de que cercanos colaboradores a Andrés Manuel López Obrador sostienen que se ve con buenos ojos para ayudar a detonar la economía del sureste de México.
Es un proyecto social que está anclado en el justificante más importante que es abatir los niveles de pobreza y generar condiciones de vida más dignas a través del empleo y la inversión. A decir de las actuales autoridades, el marco legal, jurídico, constitucional, técnico y sobre todo, el gran respaldo social que tiene este proyecto garantiza el futuro de la ZEE.
Sin embargo, sólo podrá tener éxito si el gobierno federal y la administración estatal garantizan paz, seguridad y certeza en las inversiones que se promuevan para alcanzar esos objetivos.
Los conflictos sociales y en especial las movilizaciones del magisterio disidente se han convertido al paso del tiempo en el mayor reto por superar, ya que al amparo de esas acciones al margen de la ley, la delincuencia común y organizada han encontrado la mejor forma de operar sin que nadie los moleste.
En este último año de la administración, el gran reto sigue siendo crear un clima de orden y seguridad en todo el país, pero en especial en esta región que permita a Oaxaca multiplicar las inversiones.
Acciones que deben ser coordinadas para recuperar el Estado de Derecho, la aplicación puntual de la ley para desterrar y sancionar aquellos ilícitos de organizaciones y grupos que hoy han sentado sus reales. Si en verdad se desea cambiar el rostro de Oaxaca se debe empezar a actuar en forma contundente y decidida.
Cuando inició la administración, uno de cada cuatro habitantes del estado se encontraba en situación de pobreza extrema, mientras que poco más de una tercera parte de la población carecía de los servicios de agua potable, drenaje y electrificación. Lo anterior obligó a redoblar esfuerzos para atender y resolver de fondo temas de gobernabilidad ante la creciente irritación social.
Con la próxima administración federal se espera que los conflictos sociales y en especial las movilizaciones del magisterio disidente, que se han convertido al paso del tiempo en el mayor reto por superar, disminuyan o en el mejor de los casos desaparezcan por completo para ofrecer certidumbre jurídica.
Redoblar Seguridad
Todos los sectores sociales y productivos de Oaxaca sostienen que se debe aplicar la ley de manera contundente, pues ante lo que está sucediendo es alarmante, por eso, la obligación de cada uno de contribuir a que todo vuelva a la normalidad, pues sin dudar la inseguridad ha ido en aumento, situación que se convierte en un aspecto negativo para la atracción de inversiones.
Es indudable que la violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.
Por eso el emplazamiento a todas las corporaciones policiacas que están obligadas a actuar para dar resultados de inmediato en contra de los hechos delictivos que se han suscitado en los últimos días, ya que el compromiso es mayor si se desea dejar atrás marginación y pobreza.
De ahí los reproches por la falta de compromisos para abatir los flagelos de inseguridad, pues los hechos ligados al crimen demuestran que los delincuentes desafían a todos por igual, que no tienen límites ni escrúpulo moral, que están dispuestos a intimidar e infundir miedo a la sociedad y a las autoridades con el fin de hacerlas retroceder en el cumplimiento de su deber.
Oaxaca como otras entidades del país requiere de más y mejores resultados, de contundencia en cada una de ellos para empezar a devolverle la seguridad que tanto exige. En la medida en que se recupere el principio de autoridad y se restablezca el Estado de Derecho se podrá caminar en la ruta correcta, pues hasta ahora, tanto la impunidad y la corrupción de quienes procuran justicia parecen ganar la carrera.
El clamor es abatir la inseguridad que se vive en todas las regiones del estado, recuperar la convivencia armónica de las poblaciones que debido a la violencia y actos delictivos se ha perdido, con una alianza con la misma sociedad que permita enfrentar con éxito su combate. Disminuir los índices de inseguridad no solo pasa por frenar los delitos cotidianos como son los robos a transeúntes, a casas habitación, a empresas y comercios, también demanda firmeza y estrecha coordinación con la Federación en la lucha contra la delincuencia organizada que poco a poco se ha acentuado.
