Si bien los programas sociales han logrado reducir mínimamente carencias como el acceso a la salud, vivienda y rezago educativo, mientras el ingreso de los oaxaqueños no mejore seguirá aumentando la pobreza. La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo.
La eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que estos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente. Si la economía no crece y las personas no pueden incorporarse al mercado liberal, no hay condiciones para disminuir en términos sostenibles la pobreza.
Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género. Por ello, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia.
Algunos problemas que se registran en esas zonas como el robo a transeúntes o en el transporte público, reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social. Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable. Existen los servicios urbanos pero son precarios, como también los servicios educativos pero son de mala calidad.
Existen servicios de seguridad pública pero son deficientes, además hay hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia. Es indudable qué hay preocupación por el aumento de la pobreza en zonas urbanas, debido a que en éstas las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales. De ahí que combatir esta pobreza urbana no admite dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, de violencia social. La desigualdad que se genera en las ciudades genera encono, resentimiento.
Demanda de transparencia
La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos y en especial contra los oaxaqueños, daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública. Mucho se presume que existe una legislación avanzada para rendir cuentas y terminar con la opacidad, pero en los hechos han logrado evitar hacer de esta una práctica cotidiana.
Desafortunadamente delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México cerca de 1.5 billones de pesos, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por ello, es tiempo de unir ideas, pues más allá de la fuerza política o Grupo Parlamentario, el objetivo es claro y único; erradicar la corrupción de manera eficaz a partir de garantías y estrategias que logren identificar y sancionar estas conductas.
Ante un nuevo escenario político electoral, existe la oportunidad de acelerar este proceso para consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.
Es indudable que uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.
La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país. Hoy el gran reto es fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos, pero también aquellas que deliberadamente se resisten.
