Los programas sociales en las últimas décadas solo han contenido la pobreza y no la han abatido, por lo que se requiere rediseñarlos para hacerlos efectivos, y que un crecimiento sostenido y vigoroso es el camino más eficaz para combatir este problema. Un país crece porque tiene proyectos e inversión y más que las reformas, falta tener claro cuál es el proyecto de país que se quiere a mediano y largo plazos para que se pueda estar invirtiendo.
La pobreza aumentó porque el crecimiento económico mediocre no alcanza para dar más ingresos a los pobres, y mientras el gobierno no sea capaz de generar un crecimiento mayor y más estable, esta cantidad seguirá en aumento. Reducir la pobreza de manera estadística es muy sencillo para los gobiernos a través de dar subsidios transitorios a los ingresos, pero esto no resuelve el problema estructural de los pobres y la única manera de hacerlo es generando empleos permanentes y bien remunerados, lo cual solo se logra con crecimiento mayor y estable.
Es indudable que un modelo económico de combate a la pobreza sería uno que permitiera generar mucho empleo, de todo tipo, pero en México se tiene un modelo muy paternalista, ligado con uno muy liberal, en donde el Banco de México es independiente, Hacienda quiere déficit cero y reducir el tamaño del gasto del sector público.
A pocos meses del cambio de gobierno federal, los ojos de los oaxaqueños están puestos en qué acciones se van a plantear para tratar de remediar las fallas en las políticas públicas y en la estrategia económica, que son las principales causas de que el número de pobres en México haya aumentado.
No hay un proyecto macroeconómico de mediano y largo plazos que dé confianza a las empresas para invertir; además, los mercados son poco flexibles y la estrategia en materia laboral no contempla la incorporación de ese sector.
Hoy se pide al Estado en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza, a fin de mitigar la desigualdad, pues a pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional para consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad, de tal manera que estas prestaciones sociales fundamentales, y derechos ciudadanos, cumplan con su potencial en el combate a la marginación.
Diputados millonarios
El pasado 1 de julio los mexicanos y en especial los oaxaqueños acudieron a las urnas a expresar su hartazgo por la corrupción y el mal manejo del presupuesto público, el dispendio que en todos los sectores de la vida pública y política se ha documentado y qué tal parece no ha significado nada para muchos de ellos. Si en verdad se pretende empezar a reconstruir la confianza social y en las instituciones que han sido socavadas hasta un punto inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase política, urge empezar a actuar ya.
Ya se conoce que cada uno de los diputados de Baja California, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco percibe, al mes, más de los 108 mil pesos mensuales que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ganará durante su mandato, y que será el tope para cualquier funcionario. Los 42 legisladores locales de Oaxaca cobran 257 mil pesos entre salario, bonos y diversas compensaciones. Aunque su salario es de 42 mil pesos, tienen diversos bonos y compensaciones: 100 mil pesos por gestión legislativa y 115 mil pesos para el pago de asesores.
Desde hace mucho, se ha solicitado al Congreso del estado cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas, pero de una forma u otra ha evadido esta exigencia ciudadana, pues se le asigna un presupuesto promedio de 600 millones de pesos, proveniente de los impuestos de todos los oaxaqueños. Sin embargo, a excepción de los salarios de los diputados y trabajadores, nadie sabe lo que pasa con el resto de este recurso.
Quienes integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que hoy preside María de las Nieves García Fernández, evaden esa responsabilidad, pues debido al manejo discrecional de los recursos todos guardan silencio, pero en privado aceptan esta ilícita práctica que se debe castigar porque al final, los recursos son de los ciudadanos oaxaqueños.
Muchos pregonan la transparencia pero no en los hechos, y por eso se suceden casos como la adquisición de equipos para instalar un gimnasio en el Congreso local con una inversión de un millón 200 mil pesos. Tiempo ha pasado y nadie sabe qué pasó con estos aparatos. En un claro ejemplo de abuso de poder que no puede ni debe tolerarse más.
