* Inquieta Violencia en la Costa
* Nuevos Consejeros en DDHPO
Los integrantes del Consejo de la Judicatura se resisten a que desaparezca, a pesar de que es un organismo oneroso e ineficiente. Ayer se reunieron con diputados de la LXIII Legislatura para argumentar su permanencia y si bien unos salieron a decir que sería un retroceso, otros más aceptaron que ha dejado mucho que desear por lo que debe desaparecer.
El Juez Quinto de Distrito desechó el amparo promovido por magistrados contra la desaparición del Consejo de la Judicatura bajo el argumento de que no tienen interés jurídico. En su resolución del 9 de julio, establece: “Se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que conduce. Desechar de plano la demanda de amparo”.
Fue promovido por Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Rogelio Gabriel Morales Cervantes, Alfredo Lagunas Rivera, Ana Mireya Santos López, Camerino Patricio Dolores Sierra, Luis Enrique Cordero Aguilar, René Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez y Tito Ramírez González.
Lo anterior obligó a los integrante del foro oaxaqueño a demandar una profunda reforma y su desaparición por considerar que a la fecha ha sido un órgano jurisdiccional inoperante, un verdadero “elefante blanco”, oneroso para el presupuesto del Poder Judicial.
Debido a que ellos viven y sufren carencias y necesidades en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, han planteado que los presupuestos que consume la Judicatura bien podrían destinarse a crear organismos y salas unitarias que lleven la justicia a las regiones. Los órganos jurisdiccionales tienen enormes carencias y que requieren mayor presupuesto, por lo que no se justifica que tengan dependencias que no ofrezcan resultados.
El futuro de la Judicatura está en manos del Poder Legislativo, bajo la premisa de que los órganos de administración de justicia cumplan su responsabilidad con eficiencia y eficacia.
… A VUELO DE PÁJARO
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, mismos que no alcanzaron el umbral del 3 por ciento para mantener el registro. Los interventores tendrán como tarea principal supervisar el control adecuado de las cuentas de partidos y destacó que existen las condiciones para que este proceso se realice de forma ágil y ordenada.
Corrupción
El investigador Mauricio Merino demandó no renunciar a la transparencia como tampoco a los sistemas que se ha logrado construir con el apoyo de la sociedad civil.
Aceptó que la política mexicana no ha podido promover la pluralidad, pues la captura del poder, los puestos pública y los presupuestos han fragmentado las estrategias de transparencia y combate a la corrupción. “La corrupción es la consecuencia de lo que hemos dejado de hacer. No es un problema moral, es un sistema y debemos modificarlo”.
Consejeros
Rindieron protesta como integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Úrsula Hortensia Hernández Rodríguez, Yarib Hernández García, Flor del Carmen Cuevas Robles, Emilio De Gyves Montero, Felipe López Hernández y José Bernardo Rodríguez Alamilla.
Violencia
Aumenta la inquietud y la incertidumbre en la región de la Costa debido a que los actores políticos han pasado de la contienda electoral a la verbal y hasta física, a la cual se han agregado otros factores. Hoy los candidatos triunfadores de Morena arropan a la presidenta municipal electa de San Pedro Pochutla, Saymi Pineda Velasco, pues aseguran que ha recibido amenazas de todo tipo. El PRD en Oaxaca señaló que los presuntos responsables del atentado contra el entonces candidato a edil de San Pedro Pochutla, Raymundo Carmona, son de Puerto Rico y mantienen una supuesta relación con Pineda Velasco.
Violación
A cinco años de haber sido despedido por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Pablo Ceja Martínez dio a conocer que a pesar de que el laudo laboral le resultó favorable, la instancia se ha negado a cubrir el pago de indemnización constitucional que por derecho le corresponde. A pesar de que ganó a través del juicio laboral bajo el número de expediente 06/2013/BIS ante la Junta Especial número 2BIS de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, la defensoría se ha negado a pagar. Una impresionante violación a los derechos humanos y laborales del órgano encargado de velar por su vigencia.
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