Oaxaca no es seguro para ejercer el periodismo. Así lo reflejan las estadísticas y la incertidumbre constante de quienes dan cobertura a bloqueos, marchas y ahora campañas políticas, pues carecen de leyes que protejan su profesión, seguridad social y salarios dignos.
Además de bajos salarios para la mayoría, algunos no cuentan con prestaciones ni seguro de vida y otros más compran y usan su propio equipo de trabajo ya que las empresas suelen negar dichas herramientas.
Entre las marchas y bloqueos de organizaciones sociales, mujeres y hombres no solo se enfrentan a las agresiones verbales, sino también a los golpes y empujones que buscan intimidar la labor de informar a la sociedad sobre lo que acontece.
Este 7 de junio, decenas de comunicadores conmemoran el Día de la Libertad de Expresión en medio del luto, ya que el pasado sábado en la madrugada, la fotógrafa y reportera María del Sol Cruz Jarquín, fue asesinada en Juchitán de Zaragoza, donde había sido comisionada para cubrir la campaña del candidato a la presidencia municipal, Hegeo Montero, hermano de Francisco Montero, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y jefe de la joven de 27 años.
“No se puede seguir en este terreno si no tenemos seguridad”, había señalado la periodista Soledad Jarquín Edgar, al recordar que su hija fue enviada “prácticamente contra su voluntad” al noveno municipio más violento del país.
De 2000 a la fecha en el Estado, organizaciones de periodistas tienen contabilizados 16 asesinatos, que muestran a Oaxaca como la segunda entidad con mayor número de crímenes contra comunicadores.
Valles Centrales y el Istmo, focos rojos
De acuerdo a los registros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), las regiones donde reciben más amenazas y agresiones los periodistas, son los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.
En los últimos años, las agresiones son constantes y van en aumento. Tan solo en 2015, la DDHPO inició 25 carpetas de investigación y registró 12 quejas por este delito.
Ese mismo año registró 144 agresiones, de las cuales, 18 fueron en mujeres, 122 en hombres, una a un medio de comunicación y tres a igual número de grupos de reporteros.
Los principales agresores fueron desconocidos e integrantes de sindicatos, que intimidaron de manera física y verbal a los comunicadores.
En 2016, la DDHPO registró 211 agresiones; de éstas, 43 fueron en mujeres, 153 en hombres y 15 a medios de comunicación.
Ese año, se sumaron a las organizaciones sociales, los policías y los agentes estatales de investigación como los principales agresores, que amenazaron y cometieron intento de homicidio hacia el gremio periodístico.
En 2017, la cifra de agresiones fue de 143, de las cuales, 37 fueron en mujeres, 102 en hombres y cuatro a medios de comunicación. En ese periodo se denunció hostigamiento, intimidación, seguimiento, vigilancia, amenazas y agresiones físicas.
Mientras, en lo que va del año, la Defensoría ha registrado al menos 15 agresiones, dos en mujeres, 11 a hombres y dos a grupos, mientras daban cobertura a protestas de organizaciones sociales y sindicatos.
En este año, Oaxaca registró el asesinato de la fotógrafa María del Sol, que se sumó a los siete homicidios que se han dado en el país, ante la ausencia de políticas públicas o acciones que garanticen el trabajo de los periodistas sin temor alguno.
No hay nada que festejar
En este sentido, el periodista Pedro Matías, afirmó que este 7 de junio no hay nada que festejar, porque la mayoría de los comunicadores no tiene el ánimo de hacerlo ante el reciente asesinato de María del Sol, hija de la periodista y Premio Nacional de Periodismo 2006, Soledad Jarquín.
Señaló que los tan anunciados operativos y la creación de programas o fiscalías en atención a los periodistas no sirven para nada, porque todavía se mantiene la agresión y la impunidad a las que “nos estamos acostumbrado”.
Confió en que las autoridades realmente pongan en marcha acciones que den el mensaje de que se castigarán los crímenes y agresiones a los periodistas que están en la “orfandad”.
Carecen periodistas de seguridad social
Aunado a esto, en Oaxaca, apenas el año pasado, registros del IMSS revelaron que solo cuatro medios impresos dan afiliación a sus trabajadores, incluida esta casa editorial.
En portales y revistas no hay derechohabiencia y en las televisoras todos están afiliados al IMSS, menos los corresponsales. En radiodifusoras, solo algunos cuentan con este beneficio.
En suma, al menos el 90 por ciento de los trabajadores de los medios de comunicación, entre periódicos, revistas, portales y radiodifusoras, no son afiliados a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.
Y aunque la entidad se mantiene entre los estados con mayor incidencia en delitos contra la libertad de expresión y agresión a periodistas, de acuerdo a los registros de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), son “pocas” las denuncias que se registran.
Así también, ni las autoridades locales ni federales tienen un protocolo de investigación eficiente para castigar los delitos contra la libertad de expresión y que den certidumbre a los trabajadores de que ningún caso quedará en la impunidad.
