Las revelaciones que hiciera recientemente el diario norteamericano “The New York Times”, en relación a la adquisición del gobierno mexicano de un equipo de manufactura israelí, denominado “Pegasus”, no sólo para espiar a los grupos criminales sino también a periodistas, vuelve a dejar al gobierno de Enrique Peña Nieto, como uno de los peores de los últimos tiempos. Si bien es cierto que tanto la Coordinación de Comunicación Social de la presidencia como el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se anticiparon a desmentir, la sospecha de este hecho, ha generado una honda indignación nacional y mundial.
El periodismo, ya lo hemos dicho, no sólo es el México uno de los oficios de mayor riesgo sino que ahora sabemos, es el más espiado por el gobierno, equiparando a los periodistas a los criminales. Diversos organismos nacionales e internacionales se han pronunciado enérgicamente. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el espionaje digital contra periodistas y medios en varios países de las Américas y calificó esta práctica como “un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Y refiere que una “reciente investigación del The New York Times, basada en un informe de varias organizaciones civiles, reveló que el gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción mediante el uso del programa informático israelí Pegasus que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, entre otras formas de invasión. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, expresó su condena por “el uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Entre los periodistas afectados se encuentran Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Desde hace varios años la SIP viene repudiando la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y organizaciones de noticias. La organización ha denunciado en casos de Argentina, Ecuador y Venezuela, entre otros países, la participación de organismos del Estado en la ejecución de estos delitos informáticos, que violan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aumento, ¿con chatarra?
Al igual que en el gobierno de Gabino Cué, cuando incluso paralizaron la ciudad durante cerca de 18 horas, el pulpo camionero está emplazando a la actual administración para que les autorice un incremento de cerca del 50 por ciento a la tarifa del pasaje, sin haber cumplido medianamente algunos de los acuerdos que se suscribieron en el pasado, como fue la renovación del parque vehicular, la capacitación a los operadores y la racionalización de las rutas. Los autobuses que actualmente prestar el servicio son viles chatarras, algunas de las cuales tienen por lo menos 30 años de estar operando.
No sólo están en mal estado mecánico y físico, sino que además, se han convertido en un vertedero de contaminación ambiental. Eso parece tener sin cuidado a los cinco o seis propietarios de las unidades que prestan el servicio, quienes recurren a menudo a posturas propias de chantaje, como es la amenaza de incrementar las tarifas a 10 pesos, sin la autorización de la dependencia reguladora y responsable: la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra). Es importante subrayar que ésta ha dicho una y otra vez, que no se ha autorizado ningún aumento en la tarifa, por tanto, toda medida tomada de manera unilateral en ese sentido es ilegal y en abierto desafío al Estado.
Ayer por la mañana circuló profusamente por las redes sociales, un comunicado del Frente Estudiantil Popular, seguramente ligado a algunas organizaciones como el Frente Popular “14 de junio” u otras, en donde convocan a los ciudadanos de colonias populares, estudiantes, obreros y demás, a participar en una marcha de protesta en contra de las exigencias del pulpo camionero. No hay que olvidar que la semana que viene empezarán los festejos del mes de julio y no hubo peor momento de parte de este grupo, que ha explotado a placer el transporte urbano, para presionar al gobierno con el aumento de tarifas, sin reparar que ello influye de manera determinante en el magro presupuesto familiar y habrá de generar protestas y acciones radicales. Lo grave es que una vez más, lo que el pulpo pretende es aumentar el pasaje y utilizar la misma chatarra de siempre, es decir, no existe un compromiso tácito de parte de este reducido grupo de empresarios para renovar por completo el parque vehicular, además de que el incremento que proponen está fuera de la realidad y es excesivo para las condiciones de las mayorías en la entidad.
