El pasado fin de semana se volvió a vivir en Oaxaca el terrorismo, robo, violaciones de los derechos humanos y violencia en general por parte de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que ninguna autoridad se atreviera a intervenir, dejando al pueblo a merced del vandalismo magisterial.
Las principales víctimas fueron nuevamente los turistas y las personas que tenían urgente necesidad de salir o entrar a la entidad, porque las carreteras las bloquearon en sus principales accesos, sobre todos los tramos comprendidos en Hacienda Blanca y caseta peatonal de Huitzo, teniendo que desviarse vehículos y camiones por veredas que se encuentran en muy malas condiciones, sufriendo por lo mismo más de cinco horas de retraso.
Como ya ha sido costumbre de este gremio delincuente, a los automovilistas que les permitían el paso era previa estafa de diversas cantidades de dinero. Se supone que la empresa de Autobuses de Oriente ha aportado fuertes sumas a esos hampones, porque se ha visto obligada a pintar en sus unidades la exigencia de solución urgente al problema de Nochixtlán, pero ni aun así se les permitió el libre tránsito. Es el colmo de la inseguridad, clima de violencia y desgobierno que se vive en este sufrido estado de la República, que con el cambio de gobierno parecía que todo iba a ser diferente, sobre todo en cuanto a la anarquía y predominio de la impunidad existente desde hace más de dos sexenios.
Mayo de por sí ha sido uno de los peores meses del año por la famosa revisión del pliego petitorio magisterial, cuya respuesta nunca ha satisfecho la voracidad de la dirigencia sindical a pesar de los grandes subsidios que recibe, pero ahora es todo el año el que se llena con peticiones caprichosas que en su mayoría son satisfechas.
Ahora se dedica mucho tiempo a conmemorar con más peticiones los aniversarios de algunos de sus movimientos, como el 14 de junio de 2006, en que se produjo el fallido desalojo del Zócalo capitalino, y ahora se están extendiendo los actos masivos antipopulares del 19 de junio de 2016, en que se intentó desalojar a ese gremio de su plantón de varios meses en la caseta peatonal de Nochixtlán, cuando las fuerzas armadas fueron agredidas por esa banda y los diferentes grupos guerrilleros que los han apoyado en sus manifestaciones demagógicas, ilegales y perjudiciales para el pueblo oaxaqueño. Hasta el clero conservador ha comprendido los graves daños ocasionados al pueblo.
En un mensaje dirigido a la feligresía el lunes pasado, el apoderado especial de la Arquidiócesis de Antequera dijo que hace un año “la vida de Nochixtlán cambió. Pero cambió más para aquellos que fueron heridos y las familias que ofrecieron a uno de sus hijos. A un año, y mientras las víctimas buscan la reparación del daño, muchos líderes presentes y ausentes, están traicionando al pueblo, usándolo como parapeto, buscando intereses personales aquellos a quienes no les interesan los demás”.
Fue muy clara la alusión a los líderes magisteriales, que de ese acto violento han querido beneficiarse hablado a nombre de los familiares de las víctimas, que desde luego han de haber sido parte de los atacantes a las fuerzas del orden. Sin embargo, el líder magisterial local, Eloy López Hernández, expresó que la justicia no se pide sino que se exige: “A Alejandro Murat, Aurelio Nuño y Osorio Chong les decimos que este pueblo tiene vida y va por justicia, porque lo sucedido en el 2016 no quede impune”.
Este nuevo dirigente magisterial, que también es otro rico en formación, debe reconocer que el pueblo exige justicia para él y no solamente la pide, porque ya son muchos años los que lleva el pueblo exigiendo justicia, y lo único que recibe son más golpes mientras se sigue beneficiando a los delincuentes que ahora encabeza. Mientras tanto, en Nochixtlán el enfermero Juan Nicolás López, quien estuvo en el auxilio a los heridos el 19 de junio, informó a la prensa que lo señalaron por resistencia a particulares sin tener la certeza.
“En nuestras manos cayeron cuatro compañeros. Llegaron gritando y diciendo que no querían morir, pero cayeron en paro respiratorio y perdieron la vida”. Declaró que también hay organizaciones sociales traicioneras que han dejado a sus compañeros en la cárcel. Esa es la mejor prueba de la existencia de muchos grupos de guerrilleros que en su apoyo al magisterio, han cometido delitos graves pero siguen en la impunidad. En el mencionado distrito hubo una manifestación en la que participaron miembros de la Coordinadora, pobladores e integrantes de otras organizaciones sociales, que reclamaron justicia para los ocho muertos habidos ese día, indicando que ni perdón ni olvido por parte de los afectados.
Para uno de los principales saqueadores del erario público, Gabino Cué Monteagudo, con este mismo motivo se ha pedido juicio político en el Congreso local, pero el principal promotor ignora que este ya no es aplicable al caso, porque no se trata de un funcionario público en funciones, sino de un ciudadano común y corriente, como lo pasó a ser Gabino al dejar el cargo y huir del estado. Esta es otra de las deficiencias legales que propician la corrupción e impunidad, como ocurre con los delitos magisteriales en los que no se aplica la ley dizque porque no hay denuncias de la parte agraviada, sobre todo en casos como incendio de automóviles y camiones y robo a tiendas y transportes con carga de productos de consumo. Estas deficiencias pueden suplirse por la autoridad, y máxime cuando se trata de delitos federales como el apoderamiento y robo en las casetas de peaje en las carreteras, que es el caso que principalmente se denuncia ahora, por los nuevos daños ocasionados el pasado fin de semana.
