A más de un año de la agresión armada de pobladores y autoridades del municipio de San Juan Juquila Mixes, el asesinato de José Antonio Pérez, topil de la agencia Guadalupe Victoria, continúa impune y la relación entre comunidades es aún de riesgo, señaló la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De acuerdo con la Defensoría, tras el enfrentamiento armado registrado el 6 de enero de 2017, la mayoría de los alrededor de 800 pobladores de la agencia que se refugiaron en el municipio de San Pedro Ocotepec ya regresaron a su comunidad, mientras que de 200 que se reubicaron en la cabecera, San Juan Juquila, hay algunos que mantienen el carácter de desplazados.
Hasta ahora persiste el conflicto territorial por el cual pobladores y autoridades de Guadalupe Victoria pretedían anexarse al municipio de San Pedro Ocotepec.
“Siempre queda latente una situación de riesgo, no hay que descartarlo, sino que hay que atenuarlo, esto con la actuación del estado, que la Fiscalía investigue y judicialice los delitos cometidos”, señaló el visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos.
En el caso del joven de 15 años asesinado, señaló que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha concluido el caso, por lo que aún se espera la aplicación de justicia.
“Nosotros pedimos a la Fiscalía su intervención a efecto de que se hicieran las investigaciones y en su caso dar con los responsables y llevarlos a los tribunales en caso de comprobarse el delito”, señaló. De igual forma, dijo desconocer si la Secretaría General de Gobierno ha emitido un informe sobre si aún persisten pobladores armados en el municipio de San Juan Juquila.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una de las versiones sobre estos hechos señala que autoridades municipales de San Juan Juquila Mixes dispararon e incendiaron casas, negocios y vehículos de Guadalupe Victoria, supuestamente, debido a una inconformidad postelectoral. Según esta versión, una minoría simpatizante con las autoridades municipales habría impuesto a los integrantes del cabildo en Guadalupe Victoria.
Por su parte, autoridades de San Juan sostienen que al llegar a Guadalupe Victoria fueron atacados por la población local y por algunas personas de San Pedro Ocotepec. Al menos ocho personas resultaron heridas de bala y un menor de 15 años falleció.
Rodríguez Ramos señala que el desplazamiento forzado en el estado es una situación que conlleva a diversos casos que requieren mayor intervención de prevención por parte de las autoridades.
“Hay una situación de personas que se han visto obligadas a salir de su comunidad por razones ajenas a su voluntad, está la situación de San Juan Mazatlán, está el caso de Paso Ancho, el caso de San Juan Cotzocón, los pobladores del Frente 14 de Junio, hay varios casos que deben atenderse por conflictos internos en su comunidad”, señaló.
En 2017 en Oaxaca se registraron tres casos de desplazamiento forzado que involucraron a 2 mil 700 pobladores de tres municipios distintos; el caso que afectó a mayor número de pobladores fue el de San Juan Juquila.
